Luego del celebrar la baja de 2,9 puntos porcentuales en el índice de pobreza, tras comparar el primer y el segundo semestre del año pasado, en Cambiemos saben que los datos de 2018 no dejarán espacio para el autobombo. La muestra de ese empeoramiento arrancará este lunes con la aplicación de una nueva batería de aumentos en los servicios públicos y en el transporte, dos zonas extremadamente sensibles del bolsillo popular que volverán a resentirse, en forma sostenida, hasta septiembre y octubre próximos. Para entonces, el Indec habrá publicado la evolución de la pobreza del primer semestre de este año y los augurios distan del espíritu que el presidente Mauricio Macri transmitió el miércoles desde la residencia de Olivos. El discurso oficial eludió la variable de mayor preocupación para la Casa Rosada: la inflación, un elemento que podría devolver a la pobreza al millón doscientas mil personas que Cambiemos anunció haber salvado.

El aprovechamiento oficial de las mediciones del Indec fue el punto de largada para transitar los próximos seis meses de otoño e invierno, donde el gobierno redoblará sus gestos simbólicos y políticos para sortear el derrotero económico de la gestión, en un año no electoral, donde la única certeza que mantiene Cambiemos es la búsqueda de la reelección para Macri, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Si los coletazos del ajuste provocan más daños que los previstos, el oficialismo podría poner a prueba otras fórmulas para defender su continuidad en el poder. Esa variable forma parte de un rompecabezas que incluye el comportamiento del peronismo en el interior del país, su posible unidad en 2019, la relación con los gobernadores de ese signo y la renovada polarización con el kirchnerismo.

Cerca del presidente admiten que la disputa con el FpV registra menos dividendos que hace un año. También reconocen que el mismo fenómeno sucede con la apelación del pasado, pero asumen que les puede aportar el combustible suficiente para atravesar el frente frío que se avecina para los próximos nueve meses. El plan incluye una activa agenda presidencial en el interior del país, que el próximo jueves y viernes incluirá visitas oficiales a Misiones y a Chaco, dos provincias gobernadas por los peronistas Hugo Passalaqua y Domingo Peppo. En la Casa Rosada admiten que las giras provinciales del jefe del Estado se multiplicarán e incluirán el desembarco de Macri en Santa Cruz: la única de las 24 provincias argentinas que todavía no visitó oficialmente desde que asumió la Presidencia. El adelantado en esa misión será el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que podría llegar a Río Gallegos el 10 de mayo para encabezar un acto oficial, que incluiría la presencia de la mandataria, y dueña de casa, Alicia Kirchner.

La tierra originaria de Néstor Kirchner encierra un alto valor simbólico, especialmente después de las últimas legislativas de octubre, donde Cambiemos se impuso por el 47,3 % de los sufragios ante el Frente para la Victoria santacruceño que reunió el 30,26% de los votos. En la Casa Rosada aseguran que cuando Macri pise esa provincia patagónica se mostrará como «presidente de todos los argentinos», pero por fuera del cartón institucional, Cambiemos mantendrá su explotación de la grieta y volverá a polarizar con sus antagonistas preferidos. Luego de la liberación del exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini, las lecturas no son homogéneas dentro del oficialismo respecto a la explotación de la grieta: un sector, cercano al jefe de Gabinete Marcos Peña, asegura que el mayor perjudicado es el poder judicial, por su creciente pérdida de credibilidad, pero la lectura niega la compleja relación que mantienen los operadores del presidente con los jueces federales y elude la relación inestable con la Corte Suprema. Otros funcionarios sostienen que refuerza la polarización elegida y que los cuestionamientos sobre el rol de la Justicia sólo afectan al círculo rojo. Para el segundo pelotón de consultados la materia judicial que «realmente quema» es la sensación de inseguridad, que aparece por debajo del desgaste que pueda generar la marcha de la economía, con un esquema de aumentos mayor al conocido. Por esa razón el gobierno mide desde diciembre pasado la imagen presidencial en todo el país, junto a la valoración de gobernadores e intendentes. En ese mapa, la Rosada analiza la performance de sus funcionarios más conocidos, con encuestadores que ya comenzaron a sondear la percepción de la economía, mientras le preguntan al público por quién votarían si las elecciones fueran hoy. 

Fondo del Conurbano

Dentro del panorama político que baraja la Casa Rosada para 2019, la Provincia de Buenos Aires tiene una importancia económica directamente proporcional a la capacidad del gobierno nacional para acompañar la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Ese apoyo es mensurable en números, desde que el gobierno logró restituir parte del Fondo del Conurbano a a la administración bonaerense. Para el año que viene Vidal recibirá 65 mil millones adicionales y en este ejercicio recibió 40 mil millones. En la Casa Rosada reconocen que este año ese monto no será destinado a obras de infraestructura. «Dos tercios fueron para asumir los costos de la reforma fiscal, por la merma de impuestos provinciales, y para pagar deuda y financiar el déficit. De eso quedó una parte, pero para concluir obras que estaban en marcha», admitió una fuente oficial para confirmar que el crudo invierno de la economía también azotará las cuentas de la candidata más cuidada por Macri, cuya administración transita un tercer año de duro desgaste, especialmente en el Conurbano. «