Con la ley vetada por el presidente Mauricio Macri, los hogares habrían pagado casi 17 mil pesos menos en un año, en tarifas promedio de luz, gas y agua. Con la ley vigente, deberán pagar casi el doble de lo que correspondería si hubiese prosperado la norma que había sancionado el Congreso.

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mostró la evolución de los aumentos tarifarios y estableció que entre noviembre de 2017 y abril de 2018 la tarifa de luz aumentó un 83% y la del gas un 108,5%. Además estimó que habrá una suba promedio del 25% para ambos servicios en octubre próximo. En el caso del agua, el único aumento que hubo en ese tramo fue del 26%. De no haber sido vetada la ley, el aumento para los tres servicios habría sido del 16,91 por ciento.

Así las cosas, una familia que en noviembre del año pasado pagó una boleta de luz mensual de $ 408, en diciembre pagará $ 933. En el caso del gas, si pagó $ 931, en diciembre pagará $ 2428. En agua, si pagó $ 305 por mes (se divide la boleta bimestral en dos cuotas), pagará $ 384. Con la ley vetada, las mismas boletas habrían alcanzado en diciembre los siguientes montos: $ 480, en el caso de la luz; $ 1095, en el gas; y $ 323, en el agua. En el mismo sentido, la sumatoria de los tres servicios se traduce en $ 3746 por mes con la ley vigente y en $ 1898 con el proyecto que el Ejecutivo decidió rechazar.

La ley vetada retrotraía las tarifas a noviembre de 2017 y establecía como tope de actualización la variación del índice de salarios. Si se tienen en cuenta la progresión de aumentos desde esa fecha y la tarifa promedio calculada por CEPA y tomada como referencia para este artículo, los tres servicios tendrán a fin de año un costo acumulado de $ 41.021. Con la ley vetada, ese monto habría sido de $ 24.343. Una diferencia de $ 16.678; un 40,5% menos.

Hernán Letcher, economista y director del CEPA, explicó a Tiempo: «Lo que ha hecho el gobierno es desregular los precios regulados y atarlos al dólar. El impacto inflacionario es relativo, pero tiene un efecto importante en ciertos sectores de la sociedad. La expresión más fidedigna de esto es que hay hogares que se endeudan para pagar tarifas». Al mismo tiempo, comparó: «El gobierno es tremendamente inflexible en la discusión. A la par, es terriblemente indulgente con sectores como el agro y la minería. De hecho, la intención de restablecer retenciones duró un suspiro».

Letcher advirtió que «la tarifa residencial aumentó de manera fenomenal. Hoy, hay boletas de electricidad que superan los mil pesos. Si se trata de un trabajador informal o de alguien que cobra la jubilación mínima, la luz puede llegar a ser el 20% del ingreso».

Sin embargo, no todos opinan de la misma forma. En línea con el pensamiento del gobierno, el director de Econométrica, Ramiro Castiñeiras, dio a Tiempo su punto de vista: «No es novedad que el peronismo proponga atrasar tarifas porque lo ha hecho siempre. Lo hizo Perón en sus primeras dos presidencias como respuesta a la inflación. Obviamente, no funcionó. En la tercera también lo hizo. Lo primero que hizo fue pisar el dólar, las tarifas y cerrar la economía. El kirchnerismo reflotó el peronismo de la vieja escuela. En todos los casos lo único que lograron fue generar distorsiones macroeconómicas. Ahora, como oposición, plantea atrasar tarifas. No tiene otra respuesta. Es demagogia y populismo».

El artículo 2 de la ley vetada establecía que el aumento a partir de  noviembre de 2017 «respecto de los usuarios y consumidores residenciales, no exceda el Coeficiente de Variación Salarial (CVS)». Desde esa fecha hasta marzo de este año (último dato disponible), el Indec colocó al CVS en el 5,82% para empleados registrados. Para hacer una proyección a diciembre, a los efectos de este artículo, se tomó la intención del gobierno de colocar en 15% los aumentos salariales para 2018. De esta forma, se calculó un CVS del 16,91% para el período noviembre 2017-diciembre 2018. Ese porcentaje definió, entonces, el tope de aumento que hubieran tenido las tarifas residenciales.

En el mismo sentido, se tomaron como fechas para los aumentos las consignadas originalmente por el gobierno: abril y octubre, para la luz y el gas; mayo, para el agua. Sin embargo, las elecciones del año pasado hicieron que los aumentos de octubre se postergaran para diciembre y febrero, en el caso de la luz, y para diciembre y abril, en el caso del gas. Cabe aclarar que los aumentos varían según el tipo de usuario, el consumo y, en el caso del agua, hasta los metros cuadrados de la propiedad y la zona en la que está ubicada. Los precios pueden variar tanto que en febrero del año pasado las subas en electricidad oscilaron entre el 61 y el 148%. Para su informe, CEPA tomó una factura testigo de un usuario medio.

Para graficar su postura, Letcher tomó como ejemplo a los clubes de barrio. «Es un segmento social que no tiene financiamiento fijo y básicamente lo que hacen es tapar agujeros. Ese segmento no puede resolver una boleta de 10 o 15 mil pesos de luz. No lo puede resolver con una cuota. Hay clubes que se plantean incluso cerrar», aseguró. El concejal de San Martín por Unidad Ciudadana advirtió también que en ese distrito «la vida de las pymes y los comercios es muy compleja. Hasta hace un mes, la estaban pasando mal. Ahora ha cambiado de manera sensible y se están cerrando comercios».

Por su parte, Castiñeiras marcó que los servicios «todavía se pagan por debajo de lo que se abona en países vecinos. Lo que sí tienen estas tarifas es una presión impositiva ridícula que se debe eliminar. No es normal que los impuestos sean un tercio de la tarifa». El economista aseguró: «El gobierno está intentando actualizar las tarifas y es un camino difícil. De hecho, en su momento le explotó al peronismo en la mano. El Rodrigazo fue eso: es tratar de actualizar las tarifas. En esta oportunidad, el peronismo zafó y dejó el plan bomba al siguiente gobierno».

De cumplirse la estimación del CEPA de un 25% de aumento para octubre en luz y gas, entre noviembre de 2017 y  noviembre de 2018 los servicios subirían el 129% en el caso de la luz y el 161% en el caso del gas. Con la ley vetada, ambos aumentos hubieran sido del 16,91%. De la misma forma, el informe de CEPA destacó que desde la asunción de Cambiemos hasta hoy, la luz aumentó un 1394%; el gas, un 1195%, promedio. A diciembre, estima que ese acumulado alcance el 1768% para la electricidad y el 1519% para el gas, en promedio.

Estos aumentos incrementan también el peso de la tarifa en el salario. «Para el caso de la electricidad, partiendo de una factura de $ 50, el peso del servicio sobre los ingresos se incrementa desde el 0,3% en 2015 a un 3% a fines de 2018 (estimado)», afirmó el citado informe. «Para el caso del gas, partiendo de una factura de $ 150, el peso del servicio sobre los ingresos se incrementa desde el 1% en 2015 a casi un 8% a fines de 2018 (estimado)», completó.

Si bien la ley vetada por el presidente Mauricio Macri se limitaba a los servicios básicos, estos están lejos de ser los únicos que sufrieron fuertes subas. «Otros aumentos que sobresalen son los de prepagas, los peajes (340% en dos años), colectivo (232% con el aumento hasta junio de 2018) o las naftas, que acompañaron las variaciones del tipo de cambio», concluyó el informe.