Mientras el escándalo de la criptoestafa y sus consecuencias escala, los reclamos contra la quita de derechos del gobierno de Javier Milei continúan. Con el impulso de trabajadores del Hospital Garrahan, ya tiene fecha la marcha federal en defensa de la salud pública. Será el próximo jueves 27 y podría convertirse en la tercera gran movilización desde la llegada al poder del actual gobierno, tras las masivas marchas universitaria y antifascista.

La decisión se tomó el jueves último, un día antes que estallaran las denuncias contra Milei por promocionar una estafa. La fecha se resolvió en el marco de una asamblea en el Garrahan. Allí donde el año pasado el personal realizó una decena de paros, abrazos y medidas de protesta por reclamos salariales y contra el desfinanciamiento del principal hospital pediátrico de alta complejidad del país.

En defensa de la salud

Sindicatos, organizaciones de pacientes, otros hospitales e investigadores participaron de la asamblea multitudinaria que definió convocar a una marcha federal para el 27 de febrero. En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización será del Ministerio de Salud a Plaza de Mayo. Donde confluyeron la gran marcha universitaria del 23 de abril del año pasado y la protesta antifascista del primero de febrero de este año. Igual que en esos casos, la convocatoria apunta a la defensa de derechos.

“Fue importante y ya es un hecho político por el nivel de representatividad: organizaciones de pacientes, científicos, sindicatos independientes y hospitales estuvieron presentes”, dijo Norma Lezama, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

Según se desprendió de ese encuentro, participarán de la marcha los despedidos del Ministerio de Salud de la Nación, trabajadores de los hospitales Posadas, Laura Bonaparte y Sommer y alrededor de 100 organizaciones de la salud de todo el país.

La protesta apunta contra “la gravedad de los recortes y la rapidez con la que el gobierno nacional de Javier Milei ha desmantelado programas de prevención de VIH, hepatitis y tuberculosis (TBC), además del abandono de pacientes, la destrucción de puestos de trabajo y el vaciamiento de los hospitales públicos”.

Contra despidos, recortes y cierres

La Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA), que también fue parte de la convocatoria, remarcó que “a los cientos de despidos en los hospitales Posadas, Bonaparte y Sommer, se sumaron 180 en el Ministerio de Salud de la Nación provocando el vaciamiento de las direcciones de VIH, tuberculosis, lepra y vacunas. Desde 2024, centenares de pacientes sufrieron la suspensión de la entrega de medicamentos oncológicos por la falta de respuestas de la ahora disuelta DADSE. En los últimos días -agregaron- el anuncio de salida de la OMS agravó el desmantelamiento de las políticas públicas de salud”.

“Como decíamos el año pasado, si esto están haciendo con el principal hospital pediátrico del país, qué queda para el resto”, señaló Alejandro Lipcovich, Secretario General de la Junta Interna ATE Garrahan, en relación a la situación que atraviesan los hospitales públicos nacionales. Cabe recordar que el propio Gobierno admitió el año pasado su intención de deshacerse de ellos, a través del traspaso a provincias, privatización o cierre. El caso del Bonaparte es emblemático en ese sentido.

Tras un primer intento de cierre en octubre del año pasado, resistido a fuerza de movilización, los centenares de despidos de comienzos de este año implican un nuevo intento de cierre encubierto, según denuncian las y los profesionales del principal hospital de salud mental del país.

En el caso del Garrahan, la precaria situación salarial llevó a una oleada de renuncias que, advirtieron desde el personal, pone en riesgo la atención. “Durante el 2024 tuvimos un conflicto muy importante que estuvo motorizado principalmente por el derrumbe de los salarios y por otros temas como las condiciones de trabajo y las renuncias de muchos compañeros con años de experiencia. Con los paros y movilizaciones conseguimos cosas parciales, como un incremento de 15% por arriba de paritaria de estatales nacionales, que es absolutamente miserable, pero igual seguimos con salarios que no cubren la canasta de pobreza y con renuncias”, dijo Lipcovich.

En declaraciones a Radio 770, planteó que “se ha confirmado que la política hacia la salud pública es una política de ataque. Y lo hemos visto en los despidos en el Ministerio de Salud, que no solo afectan a trabajadores sino que desmantelan direcciones fundamentales para la salud de población, como es la dirección de Vacunas o de Enfermedades Inmunoprevenibles”. Todo esto, en un contexto de preocupante caída en las coberturas del calendario obligatorio.

Sobre la marcha, resaltó: “La idea es que interpele a toda la población, así como salimos cientos de miles por la educación pública y contra los ataques a la diversidad, ahora es el turno de salir por la salud”.