El gobierno derogó el 24 de diciembre el mecanismo que le permitía a las aerolíneas low cost aplicar el dumping (vender pasajes a precios por debajo del costo en las tarifas) y restableció las bandas tarifarias. Difundida la medida, en otra edición de “hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, aparecieron los operadores a atacar a Aerolíneas Argentinas.

Entre el 24 y el 27 de diciembre el repudio se extendió entre los operadores “pro low cost”. José Luis Espert dijo que la compañía “es un nido de ratas de La Cámpora” y pidió que la cierren. Patricia Bullrich salió a defender el dumping omitiendo que fue esa la causa del cierre de seis líneas aéreas entre 2015 y 2019. Macri dijo que los dirigentes de la empresa tienen un “comportamiento corporativo mafioso”. El periodista Diego Cabot, de La Nación, inventó un supuesto monopolio diciendo que “todos seremos Aerolíneas”. Sofía Diamante, también de La Nación, desinformó diciendo que “las empresas del sector nunca criticaron la quita de las bandas tarifarias”, ocultando los reclamos en ese sentido de Andes y Lasa, víctimas de esa política del macrismo que las llevó al cierre, un final padecido por otras cuatro líneas aéreas (Sol, Avianca, Norwegian y Latam). Clarín volvió a contabilizar los subsidios a Aerolíneas tapando los subsidios que reciben las low cost u otras corporaciones.

Ninguna de estas reacciones es nueva y hay que entenderlas como un intento de presentar a la línea de bandera como un lastre para la economía nacional. Se trata de esfuerzos lobistas que presionan con mentiras y manipulaciones en favor de la expansión del capital privado y extranjero en el mercado aerocomercial, que en los últimos cinco años están representados por las aerolíneas low cost. Se trata de un frente anti Aerolíneas Argentinas que busca desprestigiarla, desplazarla y eliminarla para lograr la expansión de empresas que operan priorizando la rentabilidad sin preocupación por atender los destinos que, justamente, forman parte del itinerario de una aerolínea de bandera.

La agresión de estos días tuvo que ver con el reciente restablecimiento por parte del gobierno de las bandas tarifarias que ordenaban la actividad aerocomercial desde hace tres décadas. Esta había sido eliminada por el gobierno de Macri en 2018 para imponer el dumping que las low cost usan durante un tiempo para introducirse en el mercado y para eliminar a la competencia.

Un caso modelo fue julio de 2019: en ocasión de las protestas aeronáuticas contra la “revolución de los aviones” de Macri y Dietrich, se terminaron cerrando seis líneas aéreas y dejando a miles de aeronáuticos sin trabajo. Las empresas víctimas de esa aventura habían pedido, justamente, una regulación de las tarifas como la anterior a julio de 2018. En esos días en que los aeronáuticos denunciaban la crisis del sector, el frente anti Aerolíneas funcionó en forma coordinada. Entre operadores de las empresas periodísticas más concentradas, funcionarios locuaces, algunos miembros de la farándula y trolls gubernamentales en las redes (“caricias significativas para Mauricio”), fueron creando un clima de demonización de la línea de bandera y de los trabajadores aeronáuticos. Presentaban a éstos como “ñoquis”, “planeros” de subsidios estatales, aunque nada decían de los subsidios que recibían las low cost.

Algunos diarios venían intentando convencer a sus lectores de que los privilegios en la sociedad argentina son detentados por los asalariados: “Los 5 privilegios que tienen los empleados de Aerolíneas Argentinas y que el Gobierno quiere eliminar. La puja de fondo en el conflicto que se desató este jueves en Aerolíneas no sólo es salarial, sino que apunta a un esquema de muchos años de prerrogativas de los trabajadores” (Infobae, 8/11/18). “El presidente de Aerolíneas Argentinas enumeró los privilegios que tienen los empleados y podrían eliminar” (Infobae 9/11/18). “Dietrich a pilotos de Aerolíneas: No son más los dueños del sector aéreo» (El Cronista, 11/2/18). “Cuáles son los beneficios y los salarios de los gremios aeronáuticos que pararon” (La Nación, 11/11/18); “Radiografía de una dirigencia que controla los cielos: quién es quién entre los 14 sindicatos aeronáuticos” (Infobae, 20/6/20). “Privilegios”, “prerrogativas”, “dueños del sector aéreo”: un esfuerzo concertado por instalar en la opinión pública esos lugares comunes antiderechos, para demonizar a un sector de trabajadores.

En julio de 2019, los pilotos lanzaron una campaña, leyendo un mensaje a los pasajeros después de aterrizar, en la que alertaban sobre la destrucción de empresas que había empezado a ocasionar la “revolución de los aviones” de Macri y Dietrich. El actor Luis Brandoni, conocido activista y candidato electoral de Cambiemos, saltó a los gritos en el avión para impedir la lectura del texto. Según los diarios, Brandoni comenzó a decir “acá no, acá no”, mientras otro pasajero calificó al actor de “democrático” en tono sarcástico. “A mí no me van a contrabandear estos chorros, ¡fuera, cállese la boca!”, estalló el actor y agregó: “Tienen diez pilotos por avión, son un desastre. Defienden los privilegios y a todos los chorros que se robaron el país”. Otra vez el latiguillo de los “privilegios”. Y llamar “chorro” a todo aquel que no estuviera de acuerdo con los planes gubernamentales era otro recurso. El actor y candidato partidario intentó impedir la protesta atribuyéndole propósitos partidarios.

La entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que era “ilegal” la lectura del mensaje y vinculó la decisión gremial con un apoyo a la campaña kirchnerista. También exhortó a los ciudadanos a reaccionar contra este tipo de proclamas, sin importarle que se pudieran producir situaciones de tensión en las aeronaves. “Es algo absolutamente ilegal. Es propaganda fuera de lugar, sostuvo Bullrich en una entrevista con A24, y añadió: “Si me pasa eso en un avión, me paro y les digo: ‘Me saca ese mensaje ya’”. El oficialismo no tenía problemas de difusión: todos los medios estaban a su disposición, sin repreguntas periodísticas incómodas.

Pablo Biro, titular del sindicato de pilotos (APLA), describió el acoso organizado que el gobierno iba montando contra la libre expresión: «Hacíamos asambleas y nos salían a matar. Hacíamos manifestaciones en Aeroparque y se nos infiltraban hombres de los servicios a pudrir las marchas. En las redes sociales nos mandaban ejércitos de trolls pagos para agredirnos. Llegó un momento en que ni siquiera nos daban la posibilidad de contar la situación». Un cerco represivo con recursos estatales.

El frente también reclutó empresarios conocidos que lanzaron tuits repudiando otras medidas de protesta, todos en forma disciplinada con el mismo texto: “Rechazo total a medidas abusivas del Sindicato Pilotos y Cabina que toman a la sociedad como rehén, conspiran contra el desarrollo del país y la creación de empleo. #EmpleoArgentino #CrecerEsLaSalida #NoMasMedidasAbusivas”, decía en lenguaje telegráfico. Entre quienes lo enviaron figuraban Javier Goñi, CEO de Ledesma; Darío Werthein, del grupo Werthein; Juan Collado y José Urtubey, de Celulosa Argentina; Marcos Galperín, de Mercado Libre; Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi, Martín Migoya y Guibert Englebienne, de Globant; Alberto Arizu, de Luigi Bosca, Susana Balbo, de Susana Balbo Wines, Martín Cabrales, de Café Cabrales, y la cuenta del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

El diputado Espert aportó sus amenazas: «voy a cerrar ese nido de vagos donde se procrean estos gremios aeronáuticos. También vamos a decretar una ley que sancione a la aeronavegación como servicio público esencial, con lo cual va a quedar limitado el derecho de huelga». Un ‘libertario’ lanzado a eliminar la libertad de huelga, consagrada en la Constitución Nacional. Tiempo después, Espert fue denunciado por vínculos con un empresario detenido por narcotráfico. Era Federico Machado, que le había facilitado avión, camioneta y soporte financiero. Fue encarcelado por la Policía de Seguridad Aeronáutica en Neuquén por narcotráfico. La Justicia de EEUU lo acusaba de tráfico de cocaína y lavado de dinero y se le había abierto una causa en Comodoro Py. La gravedad de los hechos dejó paso a otros episodios que parecían extraídos del sainete criollo, cuando una de sus candidatas electorales fue detenida en agosto de 2019 por robar mercadería en un supermercado de Recoleta con un changuito de doble fondo. Llevaba escondidos “paquetes de chicles, una barra grande de chocolate, un kit portátil de higiene bucal, una crema para manos, jamón y queso en fetas envasados al vacío, dos paquetes de bombones, un gel hidratante facial y otros chocolates”. Y en una voltereta que puede anticipar otras, en enero de 2021, Espert abandonó su crítica a las ayudas estatales para pedirlas en beneficio de empresarios hoteleros: exhortó al Gobierno nacional a otorgar más subsidios y ATP para este sector patronal.

A fines de julio la campaña de estigmatización fue recargada violentamente por el “conductor” Baby Etchecopar, que insultó a las tripulantes mujeres. Al opinar sobre los conflictos entre aeronáuticos y el gobierno nacional en Radio 10, se sumó a los ataques: «No hagas la carrera de azafata. Anda a una casa de masajes. Por ahí te conviene, con final feliz. Ganas más plata en menos tiempo y siempre tenés algo caliente que llevarte a la boca y no la de un piloto. Vayan a que les apoyen el termo en el culo; viajen apretadas en el tren para que las manoseen; se llevan a su casa la comida que sobra del avión”. Hubo repudio generalizado del sector, y el sindicato de aeronavegantes lo declaró “persona no grata en los aviones” y lo denunció ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). El periodista macrista insistió y dijo que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se había comunicado con él para solidarizarse con su situación: «Me llamaron desde el ministro Dietrich hasta la gente que barre en los aeropuertos para solidarizarse conmigo», deliró. El ministro dijo que no había apoyado al conductor: «No lo llamé, me llamó él. Nunca escuché el audio. Le dije que ningún sindicato puede decidir quién se sube o no a un avión de Aerolíneas» (Perfil, 31/7/19).

Diego Cabot venía desplegando su rechazo militante a la línea de bandera: “El gobierno gasta 10 veces más en Aerolíneas que en las obras hídricas necesarias” (La Nación 13/8/15). La producción de títulos es abundante, pero este resume el tono general de seguimiento y comparaciones caprichosas sobre los gastos de la línea de bandera. Pese a su antipatía por Aerolíneas Argentinas, se las ingenió para viajar sin pagar su boleto, sin que en ese caso le preocuparan los fondos públicos. En abril de 2017 se quejó amargamente en las redes sociales por que un tripulante, según su versión, lo había chocado arriba del avión. Los empleados de la compañía verificaron su reserva y observaron que su boleto era una “cortesía” de la Jefatura de Gabinete. Tiempo después, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, en una polémica con el periodista, se lo reafirmó: “Marcos Peña te pagaba pasajes”.

En mayo de 2020 la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia penal en la justicia federal por producción de inteligencia ilegal durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes encabezaron el organismo de inteligencia durante el gobierno de Macri. Había entre los espiados 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos y 23 sindicatos. Entre los gremios aeronáuticos habían sido “observados” APA, APLA, APTA, UPSA y UALA. APA reclamó que la Justicia decida una «rápida intervención» para esclarecer el espionaje, y dijo que “estos métodos constituyen una afrenta y una amenaza a la democracia y a las instituciones de la República y es necesario que se castigue a sus responsables”, y continuaron sus voceros, “con el fin de desterrar para siempre este accionar propio de las dictaduras, adoptaremos las medidas adecuadas para que se haga Justicia y todos los responsables de este delito sean juzgados y sancionados».

“Aerolíneas es desde hace años uno de los escenarios en donde se desarrolla la disputa por el discurso político”. La frase pertenece al periodista Pablo Fernández Blanco y fue publicada, una vez más, en el diario La Nación (27/6/20). Paradójicamente, este diario es el mejor ejemplo de cómo usar a la línea de bandera para construir un discurso político, al convertirla en blanco de acusaciones por parte de quienes atacan a los gobiernos que no entregan la actividad aerocomercial al capital privado y reservan al Estado Nacional el diseño de la actividad a través de una línea de bandera. Ejemplo de esta manipulación verbal es la trayectoria de Macri frente a la cuestión, a veces alterada por necesidades electorales.

ARSA (Aerolíneas Argentinas SA) había sido re estatizada por el Congreso Nacional en septiembre de 2008. Al año siguiente, Macri, que ya era Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, salió a polemizar con la medida y dijo que debía ser “reprivatizada”. La entonces presidenta Cristina Kirchner le contestó diciendo que “hay algunos que quieren volver al pasado, que volverían a privatizar Aerolíneas Argentinas o volverían a dar las jubilaciones a las AFJP”. La opinión sobre el rol de la línea de bandera comenzó a instalarse como un recurso para determinar de qué lado se observaba el orden político y económico.

Ya en plena disputa por la presidencia, hacia julio de 2015, Macri desconcertó a sus seguidores cambiando su posición. En un acto en el que festejaban el ajustado triunfo de Rodríguez Larreta en las elecciones a Jefe de Gobierno, anunció públicamente que si ganaba las presidenciales no privatizaría Aerolíneas Argentinas, YPF ni las jubilaciones. Al asumir la presidencia, en el contexto de su “revolución de los aviones” los comentarios sobre Aerolíneas recobraron la hostilidad que el empresario destilaba en la década del noventa. Hacia octubre de 2016, en el marco de negociaciones salariales con los aeronáuticos, presentó a la compañía como causante de gastos que podrían tener mejores fines. “Hoy, Aerolíneas nos cuesta dos jardines de infantes por semana”, dijo demagógicamente mezclando prioridades de distinto orden, ambas válidas. Agregó también que en dos años la empresa no debía generar nada de gastos al erario público. Lo cruzó el economista Jorge Hernández, del CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica): “En la misma línea podemos preguntarnos ¿cuántas salitas equipadas para la educación infantil se podrían haber construido con el costo de la intermediación financiera por el creciente endeudamiento?, ¿cuántas con los recursos presupuestarios desafectados por la reducción de retenciones agropecuarias y mineras, de los impuestos al patrimonio y los bienes suntuarios?”

Unas fuertes inundaciones en el conurbano bonaerense en noviembre de 2018 fueron la oportunidad para que Macri descalificara otra vez a la aerolínea en su cuenta de Twitter: “Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto”. En esos días se entusiasmó con las comparaciones y dijo también que con lo que se gastaba en salarios de Aerolíneas se podían construir más de dos metrobuses. Su exacerbada retórica alcanzó el insulto cuando en abril de 2019 durante una entrevista televisiva trató a los trabajadores de Aerolíneas de “borrachos”. Como acostumbraba en su lenguaje empresarial, presentó los derechos laborales como privilegios: “Seguimos batallando con un gremio que te dice ‘yo te exijo que me subsidies porque tengo estos privilegios que no quiero ceder’. Empezando por el día feriado, por el cumpleaños y el día siguiente por si tienen resaca. ¡Esto no pasa en ninguna empresa del mundo!”.

En esos días complementó con un elogio a las low cost: “las nuevas aerolíneas no le piden un peso a nadie: venden sus pasajes y si les va bien, ganan, si les va mal, pierden”. En realidad, omitió que esas líneas aéreas también volaban con subsidios aportados por varios gobiernos provinciales y que las reformas con las que acondicionaron el aeropuerto El Palomar no fueron financiadas por “las nuevas aerolíneas”. En este caso los ceos y empresarios devenidos en gobernantes no se alarmaron con que se gastara “dinero de los contribuyentes”. Tiempo después volvió a la carga: «No es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione», y agregó: «Este último mes, por ejemplo, el ministro (Nicolás) Dujovne tuvo que girar más de mil millones de pesos para pagar los salarios, eso son más de dos metrobuses, un medio de transporte que usa la mayoría de los argentinos». Pagar salarios parece otro gasto molesto en su lógica patronal. En sus referencias a la línea de bandera siempre negó o desconoció el papel que ésta cumple integrando las economías regionales, transportando personas, mercancías, órganos a implantar, uniendo destinos no rentables para la lógica empresarial, etc. Estas comparaciones sobre gastos solía hacerlas también a modo de presión, cuando había alguna medida de fuerza de los sindicatos del sector aerocomercial. Algo parecido al “ramal que para, ramal que cierra” del ex presidente riojano.

* Trabajadores de Aerolíneas Argentinas, ambos fueron dirigentes de la Asociación Personal Aeronáutico y de la CTA A. Roberto Reinoso es licenciado en Historia, Fabio Basteiro fue Legislador porteño (2009-2013).