Con un «todo bien, pero no se olviden de hacer lo que les dijimos», el Fondo Monetario Internacional aprobó la marcha de la economía argentina y giró otros U$S 7600 millones del préstamo stand by. Ese dinero, sumado al reciente intercambio de monedas con el Banco de la República Popular de China, engrosó las reservas del Banco Central hasta un récord histórico de U$S 66.343 millones, aunque en la práctica los recursos de libre disponibilidad son mucho menores.

«Hay signos tempranos de que el rediseñado programa de reformas económicas, incluyendo el nuevo esquema de política monetaria, está dando resultados. El peso se ha estabilizado y la inflación, aunque todavía es alta, ha comenzado a declinar», dijo David Lipton, director general adjunto del FMI, al informar que el directorio había aprobado la revisión, la segunda en el marco del acuerdo firmado en junio y reescrito en septiembre.

Después de los elogios, con edulcorado lenguaje, Lipton también pidió por «reformas estructurales» que ayuden a la recuperación de la actividad y el empleo. Bajo ese rubro recitó el discurso habitual del Fondo: «Sería importante continuar removiendo las distorsiones en el sistema impositivo, mejorar las regulaciones en el mercado laboral y poner el sistema previsional en un camino de sustentabilidad financiera», dijo el número dos de la entidad que dirige Christine Lagarde.

Para la aprobación, el directorio del organismo se basó en el informe de los técnicos que visitaron el país en noviembre. Allí se cita que «el staff técnico continuará buscando con las autoridades modos de mejorar la calidad y sustentabilidad del esfuerzo fiscal». Para eso, señala, «sería importante comenzar prontamente el trabajo técnico preparatorio para algunos cambios en las políticas; en el caso de la reforma previsional, esto abarcaría poner en marcha la comisión mandada por la legislación de 2016».

Un Consejo en veremos

La comisión a la que se refiere el FMI es el Consejo de Sustentabilidad Previsional, creado por la Ley de Reparación Histórica. Su misión es elaborar «un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto». Ese grupo de trabajo, integrado por representantes de organismos oficiales, cajas previsionales, colegios profesionales, instituciones académicas y organismos representantes de jubilados y trabajadores, se conformó recién en mayo último y tuvo muy pocos avances. De hecho, el funcionario que lo convocó, Jorge Triaca, ya no es ministro y la cartera de Trabajo que por entonces ocupaba fue rebajada a Secretaría.

Al Fondo le interesaría que el nuevo sistema traiga cambios en aspectos clave como edad y años de aportes requeridos para jubilarse, y quizás una menor proporción de haberes con relación al del personal en actividad. El organismo está convencido de que el esquema vigente es insostenible y presiona por cambios desde que reanudó su relación con Argentina, tras la llegada de Cambiemos al poder. El primero ya lo logró: fue el cambio en la fórmula de movilidad de los haberes, que el Congreso sancionó el año pasado y que derivó en una reducción real de las jubilaciones cercana al 20% para 2018. El segundo, que es el objetivo de máxima, es la reimplantación de la jubilación privada que rigió entre 1994 y 2008. En ese mecanismo, el grueso de los haberes saldría de una cuenta de capitalización individual a la que cada trabajador debería aportar durante su etapa activa. El Estado sólo tendría a su cargo una prestación básica universal, que produciría un importante ahorro para el fisco y permitiría cumplir la cuota de «reparto» que la ley le exige al futuro esquema.

Tiempos políticos

La factibilidad de llevar adelante esos cambios choca con las dificultades para imponer agenda por parte del gobierno, enfrascado en tormentas económicas y desafíos electorales. En Washington lo saben. El diario Ámbito Financiero reprodujo detalles de una conferencia entre el italiano Roberto Cardarelli, economista del Fondo, y un grupo de analistas privados. Allí el hombre a cargo del «caso argentino» reconoció que «es necesario que el gobierno tenga el consenso político» para lograr que el Congreso apruebe una eventual reforma y que eso «es difícil de conseguir» en vísperas de comicios.

Claro que si Mauricio Macri logra ser presidente por otros cuatro años, le será difícil desoír el consejo de un organismo que habrá aportado más de U$S 56 mil millones para apuntalar su reelección. Esto último Cardarelli no lo dijo, pero sus interlocutores lo entendieron a la perfección. «