Si bien en un principio se calificó de “duro” al dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que investiga la posible comisión de delitos por parte de los directivos de Vicentin, si el juez Julián Ercolini acepta esa línea, permitiría evitar que se los investigue por lavado de dinero. Es el delito que sí están interesados en investigar los tres bancos estadounidenses que también le prestaron plata a los defaulteados directivos de la empresa.
En la causa penal en la que se investiga al directorio de la cerealera, el juez Ercolini tiene que resolver si hace lugar al pedido del fiscal quien acotó la investigación sólo a los créditos otorgados por el Banco Nación bajo la firma de Javier González Fraga. El fiscal pretende concentrarse en ese posible hecho delictivo y no en la ruta del dinero otorgado en noviembre y que se evaporó en diciembre, cuando la empresa se autodeclara en default. Ahora el juez deberá definir si quiere o no investigar el camino de esos 18.500 millones de pesos que desaparecieron.
Pollicita pidió la inhibición general de bienes de los ex directores del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, como había requerido la Unidad de Información Financiera (UIF), y también solicitó que la misma medida se aplique a los directores del Grupo Vicentin. Además solicitó que se disponga la inhibición general de bienes respecto de las personas jurídicas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A. y la prohibición de innovar sobre su composición accionaria. Pero no pidió la inhibición de bienes del entonces presidente Macri, tal como quería la UIF.
El pedido alcanzó a González Fraga, Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce entre otros ex funcionarios del Nación, y a los representantes de la empresa Roberto Vicentin, Osvaldo L. Boschi, Martín S. Colombo, Hernán R. Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli. Quedaron afuera, además de Macri, Guido Sandleris (ex titular del Banco Central), Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, otros dos directivos de la empresa.
Pollicita deja afuera a Nardelli y Padoan porque argumenta que no eran al momento de los hechos miembros del directorio de la empresa y pasa por alto que, aunque no fueran administradores de derecho, lo eran de hecho. Respecto de Macri rechaza de plano la inhibición solicitada por la querella. Y no produce ninguna de las medidas de prueba que se solicitaron para determinar la veracidad o no de lo expuesto por el ahora director del Banco Nación Claudio Lozano.
“El reducido objeto de la investigación respecto a las maniobras de Vicentin que propone el fiscal de la causa, sumado al pedido de unificar las querellas presentadas por el Banco Nación y la Unidad de Información Financiera, en un solo querellante, persigue los objetivos de: reducir las maniobras objeto de pesquisa y a la vez de excluir a la UIF de la investigación”, se quejaron fuentes involucradas en la causa.
La UIF también había pedido que se investigue el proceso de compra de la firma RENOVA y su posterior remisión a cuentas off shore, junto al presunto contrabando de soja al Paraguay, para poder trazar la ruta del dinero de los créditos otorgados en esta “connivencia” entre los directivos del Banco y de la cerealera. Es que el fiscal descarta de entrada que corresponda investigar a las firmas Renova y Glencore. Solicita que se remita la causa a la justicia federal de Resistencia, localidad donde Vicentin tiene aceitados contactos y relaciones.
El dictamen se circunscribe a investigar tan solo a la defraudación, el hecho de corrupción y la trazabilidad del dinero dentro del país, dejando las maniobras y el grueso del lavado (la parte internacional) fuera de la investigación judicial. “Del extenso dictamen no se desprende ni una vez la expresión´lavado de activos”’, aseguran fuentes que tuvieron acceso al dictamen de Pollicita.
El fiscal da por sentado que el lavado (al que no llama así) se produjo dentro del país. Lo hace sin que haya elementos, a un par de semanas del inicio de la investigación, para esa conclusión. Por el contrario, un análisis integral del grupo empresario indica que sí se extendía hacia jurisdicciones off shore. El propio Lozano en su declaración destacó que en esta causa detectaron un proceso de “offshorización” del grupo.
En tanto, en relación a la venta de Renova, se limita a señalar que la misma fue posterior al otorgamiento de créditos, sin tener en cuenta que esa maniobra se dio 48 horas antes de que Vicentin cayera en cesación de pagos. Es decir que fue contemporánea al proceso de vaciamiento y esos 122 millones que se rehúsa a buscar debieron haber sido aplicados al pago y no fugados.
Los que sí quieren seguir con la pista de la ruta del dinero son los bancos Rabobank, Credit Agricole, ING y la división de préstamos privados del Banco Mundial, International Finance Corp. Estas instituciones financieras pidieron acceder a documentos que incluyen copias de transferencias bancarias de Vicentin y de varias filiales. También solicitaron conocer las transacciones por parte de ejecutivos, entre ellos miembros de las familias fundadoras de la compañía.
La solicitud de documentos abarca datos desde principios de 2017 hasta la fecha actual y concierne a Vicentin y sus filiales, que tenían negocios en Paraguay y Europa, como Renova SA, una empresa conjunta que la compañía tiene con el negocio agrícola de Glencore Plc, el mayor comerciante de materias primas del mundo.
Según pudo saber Tiempo Argentino, la sospecha de los bancos extranjeros es que los directivos de Vicentin fugaron plata a través de sociedades offshore. Hasta el momento, hay una sola sociedad en cuevas fiscales vinculada a Vicentin, Nacadié S.A. situada en Panamá. Pero la sospecha es que no sería una sola firma sino varias.
También podés leer Vicentin: los bancos extranjeros quieren saber a dónde fue su plata
