El gobierno nacional destruye a mazazos una de las pocas políticas de Estado interjurisdiccionales que funcionaba en la Argentina: la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada en 2006 para sanear uno de los cursos de agua más contaminados del mundo. Tras meses de desidia en el organismo, la gestión de Javier Milei echó en los últimos días a unos 300 trabajadores y trabajadoras que se suman a decenas de empleados que ya habían sido desvinculados. Representan la mitad de la planta. Ahora, las mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca quedaron en suspenso; al igual que los avances de la limpieza y el mantenimiento del río, que llegaron a ser notorios.

La primera estocada fue la que aplicó la Corte Suprema de Justicia en octubre pasado, cuando decidió apartarse de la Causa Mendoza, tras considerar que ya habían cumplido con su propósito de “alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, tras la creación de la ACUMAR y la presentación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Los jueces sostuvieron que ya no debían supervisar el cumplimiento de la sentencia.

“Al dar por finalizada su intervención y rechazar así el daño ambiental colectivo, la Corte habilitó este contexto que tenemos hoy”, advirtió a Tiempo Tamara Basteiro, quien junto a Sergio Zurano, son los dos consejeros directivos de ACUMAR en representación de la Provincia de Buenos Aires (a la Autoridad la componen los gobiernos nacionales, provincial y el de CABA). Ambos funcionarios resisten en minoría los planteos del Consejo Directivo del organismo que insisten con la necesidad de ajustar la gestión por una supuesta falta de recursos.

“La Corte generó las condiciones para que sea posible este desmantelamiento, dándole vía libre al gobierno de Milei para que haga lo que dijo que iba a hacer, destruir el Estado, porque lo odia. Nosotros creemos que cada trabajador del Estado cumple un rol clave para construir una sociedad más justa”, añadió la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense.

Las preguntas sin respuestas sobre el Riachuelo

¿Cómo va a hacer el organismo para seguir cumpliendo con sus funciones? ¿Cómo va a controlar a las industrias si despiden a los fiscalizadores y técnicos que se ocupaban de esta tarea?

Basteiro remarcó que desde que llegó Lucas Figueras –presidente de ACUMAR– a la gestión, hubo más de 350 despidos: «está terminando con Milei lo que arrancó con Macri. ¿Cómo van a garantizar el acceso a la salud, que es una de las demandas concretas en relación a lo que ACUMAR tiene que hacer y que está en el PISA, aún vigente, si no tienen el personal?”.

A esas preguntas, Basteiro sumó otras: “¿Cómo van a seguir trabajando en la relocalización, en el abordaje y fortalecimiento comunitario de la cuenca si no tienen los agentes territoriales que realizaban esa tarea, o la gestión integral de los residuos, o la limpieza de los márgenes y el arroyo?”.

El vínculo con la comunidad

A Lorena Suárez le gustaba tanto el trabajo que tuvo hasta la semana pasada un Instagram que se llamaba Riachuelina. La despidieron en los últimos minutos de febrero por mail: “en medio de una especie de intervención de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), con la excusa de que se venía una reingeniería del organismo, los rumores de despidos masivos siempre estuvieron, estábamos expectantes”.

Sostuvo que ya había ocurrido una primera tanda de 70 despedidos, «supuestamente con causa, cuando en realidad les armaron sumarios todos inventados, donde los compañeros en teoría no cumplían con la asistencia. Lo llamativo es que hay coordinadores que supervisan ese trabajo y los echados habían cobrado el plus por asistencia”.

En 12 años, Riachuelina pasó por diferentes áreas como Cultura, Salud Ambiental y llegó a estar a cargo de Comunicación de ACUMAR: “me sorprendió y apenó bastante esta decisión, porque a los directivos actuales los conocemos. Estuvieron en la gestión macrista. Saben quiénes somos y lo que hacemos todos los días acá. Pero claramente ahora asumieron con una impronta diferente: achicar el organismo”.

Y recordó: “no vendemos dulce de leche, trabajamos en la causa de contaminación más grande del país que está entre las diez más importantes del mundo. Tenemos un compromiso, no se trata sólo de perder el trabajo. Se pierde el vínculo con la comunidad y lo que se viene haciendo hace años. En general, es población que está en situación de vulnerabilidad social y ambiental. Los equipos técnicos fueron formados y tienen mucha experiencia. Se avanzó un montón con el saneamiento, pero no estaba terminado”.

“no vendemos dulce de leche, trabajamos en la causa de contaminación más grande del país que está entre las diez más importantes del mundo.“

Tiro de gracia

El exdirector de la Comisión de Participación Social en ACUMAR, Fabio Márquez, renunció el 10 de diciembre de 2023, aunque recién lo echaron en abril del 2024 porque postergaron su salida: “esta última tanda masiva de despidos le dio un tiro de gracia a la capacidad operativa. Algunas áreas están totalmente desintegradas y otras quedaron muy reducidas”.

El licenciado en Diseño del Paisaje precisó que el desguace pone en peligro el “control a las empresas, a los vuelcos, al desarrollo de la calidad del agua, la limpieza y el reverdecer de los márgenes, de todo lo que tiene que ver con las ciencias duras y políticas sociales”. Se desarticularon proyectos que incluían a las organizaciones locales, mesas de trabajo participativas en los barrios, programas culturales y la promoción de capacitaciones, por ejemplo en agroecología, una mala palabra para el gobierno de Milei.

En agosto del año pasado, volvió la navegabilidad turística al Riachuelo, tras años de trabajo. Ese fue uno de los últimos logros de ACUMAR, que hace las veces de gran articulador entre CABA, PBA, Nación y 14 municipios.

“Siempre se tomó al Riachuelo como el ejemplo de la corrupción y la incapacidad de los argentinos para resolver estas cuestiones. En la medida que fue saneándose y mejorando, no sólo favoreció la calidad de vida de las casi 5 millones de personas que habitan la cuenca, sino que es una muestra que con un Estado activo, con mucha participación social y de manera transparente, se pueden generar cosas que se planteaban como imposibles –puntualizó Márquez–. Lo que más nos duele es que todo esto se rompe por una decisión política nefasta, como que a los ríos los va a regular el mercado. Una falsedad total. Se está tirando por la borda años y años de montón de gente y recursos que se pusieron para que ese lugar alcanzara un punto de inflexión que ahora está yendo para atrás”. «

Un presupuesto que se redujo 77,5%

Durante 2024 el organismo mantuvo el presupuesto de 19 mil millones de pesos de 2023, elaborado en 2022. En un comunicado de Cuerpo Colegiado, en donde confluyen varias organizaciones civiles, puntualizaron que se trata de “un retroceso institucional en la estructura organizativa y funcional de la ACUMAR” que redujo en “un 77,5% en términos reales del presupuesto del 2024 para el saneamiento y la mejora de la infraestructura en la cuenca”. Al igual que el resto de la obra pública en Argentina, ACUMAR paralizó todos los trabajos que tenía en marcha excepto las que contaban con financiamiento externo. Según se desprende de la web oficial, la Planta de Pretratamiento Dock Sud – Sistema Riachuelo sigue en obra con un 94% ejecutado; y la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del PIC, con un 83% completado.