El detenido ex titular de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el comisario José Pedro Potocar, ampliará su declaración indagatoria entre el martes y el miércoles próximos ante el juez de instrucción Ricardo Farías. Y una semana más tarde podría quedar en libertad.

El abogado del exjefe policial, Cristian Poletti, pidió el jueves pasado la «ampliación de declaración indagatoria», es decir volver a comparecer ante el juez para refutar las acusaciones por corrupción. El contexto es bastante diferente al que existía cuando Tiempo reveló la investigación judicial que finalmente lo llevó a la cárcel. Una de cal y una de arena: Potocar sabe que es virtualmente imposible su regreso a la jefatura de la Policía de la Ciudad, aun cuando un fallo judicial diga –finalmente- que es inocente. Pero como consuelo cercano le queda la posibilidad de recuperar la libertad el 11 de mayo, para cuando la Cámara del Crimen convocó a una audiencia para revisar buena parte de lo que hicieron hasta ahora el tándem que integran el juez Farías y el fiscal de instrucción José María Campagnoli.

Precisamente la Cámara resolvió el viernes la excarcelación del subcomisario Marcelo Stefanetti, el «arrepentido» que identificó en su indagatoria a los uniformados señalados en un cuaderno que llevaba una contabilidad de almacenero sobre la recaudación ilegal.

Potocar se pregunta por estas horas por qué atraviesa esta situación. Y, sobre todo, si el objetivo final es él o alguien por encima de él.

El fiscal Campagnoli se ha convertido para el gobierno de Cambiemos en una suerte de nuevo Lilita Carrió: un aliado crítico ingobernable capaz de causar un tembladeral interno con su accionar.

¿La investigación termina en Potocar? Ciertamente no lo parece. ¿Cuál es la próxima estación? Todo apunta al exjefe de la Policía Federal, el comisario mayor Guillermo Calviño. También él es completamente parte del actual gobierno, pues asumió el cargo en febrero de 2016, en remplazo del comisario Román Di Santo, quien había sido designado por Cristina Kirchner en 2012.

La resolución del juez Farías que preludió la detención de Potocar aludía a la existencia de una estructura de recaudación espuria cuyos «beneficios llegarían hasta quienes hoy son las máximas autoridades policiales con el propósito de enriquecerse en forma ilegal».

Por ahora hay indicios que llegan hasta Calviño, pero insuficientes pruebas contundentes. No obstante, en otro juzgado, el extitular de la Federal Calviño tiene pendiente de resolución un pedido de procesamiento por el delito de «exacciones ilegales», un delito primo hermano de los hechos que se les reprochan a Potocar y al resto de los policías de la Ciudad procesados por la supuesta corrupción en la Comisaría 35a.

El 24 de febrero pasado, el fiscal federal Federico Delgado le pidió al juez Sebastián Casanello el procesamiento de Calviño y de otros dos jefes policiales por un caso de pedido de coimas de oficiales de calle a un motociclista al que le encontraron marihuana entre sus ropas. La acusación indica que le sacaron $ 1000 a cambio de no llevarlo preso. Pero el motociclista, en lugar de quedarse callado, hizo la denuncia. Y de la investigación (y de escuchas telefónicas) surge una línea que lleva directamente a Calviño como conocedor de la situación y, cuanto menos, mentor de una «estrategia premeditada para calmar las aguas y dejar que todo fluya». «