A las 17:34 del lunes 9 de diciembre de 2019, Ramón Lanús firmó una de sus últimas adjudicaciones como presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Su rúbrica apurada, a horas de que Mauricio Macri entregara la presidencia, pretendió asegurar que el Paseo Marcela Brenda Iglesias (ex Paseo de la Infanta) quedara en manos de los actuales ocupantes del predio, algunos de los cuales son socios de exfuncionarios de Cambiemos. Sin embargo, el pliego licitatorio hecho a medida no fue suficiente. La operación quedó bajo investigación a través del decreto 145/2020 y en los próximos días sería la primera en ser dada de baja por el gobierno de Alberto Fernández, según confiaron fuentes de la AABE a Tiempo.
Lanús se transformó en uno de los hombres más cuestionados de la gestión macrista. Con su pluma veloz se firmaron en los últimos meses del anterior gobierno al menos 31 escrituras que cedían terrenos por un valor aproximado de 16 mil millones de pesos. En su mayoría favorecieron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, dos minutos después de firmar la adjudicación del Paseo Marcela Brenda Iglesias, el expresidente de la AABE rubricó la adjudicación del Bajo Viaducto del ferrocarril San Martín. La firma digital consigna la hora 17:36 de ese mismo 9 de diciembre.
Ambas cesiones están siendo hoy auditadas por las nuevas autoridades de la AABE y por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Esto último porque violan la «regla de fin de mandato», casualmente incorporada por el macrismo en enero de 2018, que establece que durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato no se pueden realizar acciones de «enajenación, transferencia, cesión, desafectación, asignación en uso o dación en pago» de inmuebles del Estado.
El ex Paseo de la Infanta sería la primera de las adjudicaciones en ser revertida, y cuyos «errores» exponen la intencionalidad en la licitación. Entre los fundamentos que maneja la auditoría de la AABE, uno de los más contundentes es el de «incumplimiento en los requisitos de publicidad» de la licitación. Todas las actuaciones deben ser publicadas en la web del organismo y también en medios de comunicación. Esas condiciones no se habrían cumplido y explican por qué sólo dos empresas se presentaron a la convocatoria de un espacio tan cotizado.
Otros vicios formales que encontraron son la «falta de cumplimiento en la confidencialidad de la Comisión Evaluadora» o la «falta de cumplimiento en los plazos de remisión de las declaraciones juradas de Interés a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN». Pero quizás lo más significativo que hallaron los auditores es un «direccionamiento del pliego» de licitación, que permitió que Estación Rosedal SA, que se adjudicó el predio, estuviera en una mejor posición para dar cumplimiento a las condiciones a evaluar.
Puntualmente se refieren a la cláusula que consideraba «esencial» que el concesionario garantizara la continuidad laboral de todos los empleados que se hallaban en relación de dependencia con las sublocatarias del predio. Como Estación Rosedal SA está conformada precisamente por los actuales sublocatarios, nadie mejor que ellos podía asegurar ese requisito. Para los auditores, esa condición no respetaba el criterio de beneficiar «el interés público» sino ciertos intereses particulares.
Las fechas en que ocurrieron algunos hitos clave del proceso de licitación abonan la sospecha. La convocatoria fue publicada el 4 de octubre de 2019. Diez días después se constituyó Estación Rosedal, sociedad integrada por los sublocatarios del predio que incluía a Alejandro «Petti» Peltenburg, dueño del boliche Crobar, ubicado allí desde hace años. Peltenburg es, además, integrante desde septiembre pasado de otra sociedad, «Ciudad de la Furia SA», junto a Ignacio Pérez Riba, exjefe de Gabinete de Francisco Cabrera y Dante Sica durante el paso de estos por el Ministerio de la Producción.
Una semana después de la constitución de Estación Rosedal, el 21 de octubre, la AABE publicó una circular aclaratoria de la licitación en la que detalla la cantidad de empleados, la antigüedad, el sueldo y los términos que deberá seguir el posible concesionario para quedarse con el predio. Esta información, lógicamente, ya la tenían los socios de Estación Rosedal. Entre ellos también está Alejo Pérez Zarlenga, dueño de la cadena de hamburguesería Williamsburg y, en los últimos tiempos, también adjudicatario del bar El Invernadero, en la entrada de la Biblioteca Nacional (ver aparte).
Curiosamente, un último argumento en contra de la gestión de Lanús lo aportó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) mientras estaba al frente el macrista Alberto Gowland. El 2 de diciembre informó que la adjudicación implicaba un conflicto de intereses, porque el expresidente de la AABE tenía una disputa judicial con uno de los socios de Enersite, la otra sociedad que competía por el predio. Esa advertencia fue convenientemente desoída pero podría reflotarse ahora.
Estación Rosedal ofreció 435 millones de pesos por los diez años de concesión, casi cuatro veces más que su competidora, pero esa diferencia no alcanza a justificar un otorgamiento viciado. El apuro le jugó una mala pasada a Cambiemos y ahora el ex Paseo de la Infanta podría ser el primer predio recuperado por la gestión de Alberto Fernández. Y traer nuevos problemas para exfuncionarios como Lanús, que ve cómo se acumulan denuncias penales en su contra. «
