El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé rechazó la excarcelación del ex agente de la AFI Alan Ruiz, detenido el sábado por presunto espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio particular de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en 2018, durante el anterior gobierno.

Auge fundamentó su rechazo a conceder la libertad de Ruiz en la “notoria gravedad institucional” que representan las “maniobras ilícitas complejas” bajo investigación, “sumado a la trascendencia e inquietud general que la conducta ilícita desplegada implica”.

Ruiz, ex director de Operaciones de la AFI, está imputado por “haber conformado y dirigido un grupo de agentes del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, durante el transcurso del año 2018, que realizaron tareas de vigilancia a efectos de producir inteligencia y almacenar datos, frente a la sede del Instituto Patria”.

Esa misma conducta también le es reprochada en relación con “el domicilio de la entonces Senadora Cristina Fernández de Kirchner, actual Vicepresidenta de la Nación, y ex Presidenta de la Nación; intentando darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas elaborando, rubricando y utilizando a tales efectos documentos ideológicamente falsos simulando que las mismas habían sido realizadas en cumplimiento de órdenes de investigación recibidas en causas judiciales”.

Esas figuras contemplan penas de hasta diez años de prisión.

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Auge desestimó el planteo de la defensa de Ruiz, a cargo del abogado Leandro Emsani, quien adelantó que apelará la medida y formulará una serie de objeciones sobre el proceso.

El defensor había explicado que Ruiz “pretende colaborar con la investigación”. Además, recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica y ya no reviste la condición de agente de AFI”. El juez recogió sólo parcialmente uno de esos argumentos, el médico, y resolvió “formar incidente de prisión domiciliaria” para eventualmente disponer que transite el encierro en su casa.

El juez consideró necesario mantener el encierro de Ruiz debido a “a la verosimilitud de la sospecha y al interés social en la realización de justicia y, fundamentalmente, al estadio procesal que transitan las actuaciones en las cuales restan medidas por realizar”.

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Según un fallo plenario de la Cámara de Casación de hace más de una década, el imputado tiene derecho a transitar el proceso en su contra en libertad, siempre que no existan “riesgos procesales”, esencialmente de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El juez de Lomas de Zamora consideró que ello ocurre en ese caso, y valoró que Ruiz está acusado de haber “llevado a cabo su actividad ilícita desde el propio Organismo del Poder Ejecutivo, en función de ocupar un rol como alto funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia, contando con recursos humanos, técnicos y gran cantidad de vínculos que podrían ser aprovechados para impedir la obtención de distintas pruebas para demostrar la maniobra en toda su magnitud y alcance, tal circunstancia amerita la adopción del temperamento a adoptarse”.