El martes último se publicó en el Boletín Oficial el decreto 632/18 a través del cual el Poder Ejecutivo dispuso un fuerte recorte en los gastos de funcionamiento del Estado. La norma dispuso congelar las contrataciones de personal en el sector público hasta fines de 2019 y un fuerte recorte en las bonificaciones, horas extras y viáticos de los trabajadores estatales. También se estipuló la caída anticipada de todos los convenios con universidades y otras medidas tendientes a generar un ahorro de $ 20 mil millones en el gasto público, en consonancia con las promesas de reducir el déficit fiscal formuladas al Fondo Monetario Internacional. «El Estado lo financiamos todos los argentinos con nuestros impuestos, por más que algunos piensen que no es de nadie y se financia solo», había dicho un mes antes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuando anticipó la decisión de avanzar con los recortes.
La enjundia con la que el gobierno emprendió la batalla contra los empleados estatales es muy diferente a la pasividad con que está aceptando el cada vez más costoso pago de intereses de la deuda pública. Es el capítulo de gastos que más creció en el último año, de acuerdo al estudio elaborado por ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública), una entidad que sigue de cerca la formulación y ejecución de los presupuestos nacionales y provinciales.
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El estudio del organismo sobre los gastos y egresos de la administración pública nacional señala que en los primeros cinco meses de 2018 se devengaron intereses de la deuda por $ 145.371 millones (ver cuadro), bastante más que los $ 115.211 millones destinados a remuneraciones y los $ 25.020 millones que demandó la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de la maquinaria estatal. En la comparación con el mismo período del año pasado, los intereses fueron el rubro que más subió (58,3%), contra el 22,6% en que lo hicieron los salarios del personal. La velocidad con la que crecen es el doble de las jubilaciones, pensiones y demás asignaciones del sistema de seguridad social, el rubro que más preocupa al gobierno por su dimensión. En 2017 el Estado pagaba cuatro pesos en ese sistema por cada uno que destinaba a los intereses de la deuda. Este año la relación bajó y es de 3 a 1.
Para confeccionar su informe, ASAP tomó los datos de la Secretaría de Hacienda y los procesó con la técnica conocida como base devengado, que considera el gasto al momento en que la transacción produce una obligación de pago y el crédito presupuestario es afectado en forma definitiva. Por eso sus números difieren con los de la planilla que todos los meses difunde Hacienda y que son elaborados con base caja, tomando el momento en que el pago es realizado. Con ese criterio, el resultado del período enero-mayo es inverso, ya que los salarios abonados (algunos de ellos pendientes de fines del año anterior) totalizan $ 145.587 millones y los intereses de la deuda totalizan $ 113.160 millones. Pero en este último rubro se excluyen $ 39.446 millones abonados a acreedores dentro demismo sistema estatal; si se los contabiliza, la cifra total también supera la de los sueldos.
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La diferencia entre las dos técnicas contables arroja una perla. Mientras Hacienda admite en los primeros cinco meses del año un déficit primario (sin contar intereses de la deuda) de algo más de $ 49 mil millones, equivalentes al 0,4% del PBI, ASAP dice que hubo un pequeño superávit de $ 7050 millones. Esto demostraría la fuerza del torniquete que aplicó el gobierno a sus gastos y contrataciones en lo que va de 2018.
Por qué pasó
El mayor peso de los intereses en el Presupuesto nacional es la consecuencia lógica del incremento del financiamiento externo, la táctica que el gobierno eligió para evitar disminuir sus gastos y mantener las exenciones tributarias a sectores concentrados del capital y del campo. Según la Secretaría de Finanzas, la deuda pública bruta pasó de U$S 240 mil millones a fines de 2015, cuando llegó Cambiemos al poder, a U$S 321 mil millones en diciembre de 2017, sin incluir las emisiones de bonos realizadas a comienzos de este año ni la primera remesa del crédito otorgado por el Fondo Monetario. A ese incremento de casi 34% en el capital se suma que dos tercios de los títulos y préstamos están nominados en moneda extranjera, por lo cual sufrieron el impacto del 48% en la suba del precio del dólar, que el viernes cerró a $ 27,94 en su versión minorista.
Ese cóctel de bonos y devaluación se verá potenciado por la nueva táctica del gobierno: la emisión de Letras del Tesoro para absorber las Lebac. Estos títulos, que pretendían reducir la liquidez para evitar presiones inflacionarias, ofrecían una renta a cargo del Banco Central. Ahora podrán ser canjeados por Letes que garantizan un rendimiento atado a la suba del dólar y cuyo interés al vencimiento, a partir de 2019, también será pagado por el Estado.
Con ese panorama y teniendo en cuenta la reducción en gastos corrientes y de infraestructura que ya se puso en marcha, es esperable que los 14 pesos que se pagan de intereses por cada 100 de gasto total crezcan en el futuro inmediato. Lo que es difícil saber es si esa bola de nieve podrá detenerse. Ni siquiera el FMI lo asegura. El reporte que ese organismo dio a conocer este viernes señala como probable que «la deuda llegue a su máximo a fines de 2018 y disminuya de manera constante a partir de entonces». Pero luego reconoce que los condicionamientos son muchos y unos párrafos más adelante termina alertando sobre los riesgos de una futura crisis: «En general, el staff evalúa que la deuda federal es sostenible; pero no con una alta probabilidad».
La mira en otro lado
Condicionado por sus compromisos con el sector externo y con el Fondo, el gobierno decidió aplicar el tijeretazo en otros sectores para tratar de cumplir la meta de reducir el déficit primario a 1,3% del PBI el año que viene y lograr el equilibrio fiscal en 2020. La estrategia oficial tiene como pilares la reducción de los salarios estatales, profundizar la quita de subsidios, frenar la obra pública y cortar las transferencias a las provincias.
Ya se vieron unos cuantos avances en esa dirección. Al mencionado decreto que impide el ingreso de empleados a reparticiones públicas se suma la reducción de la actual masa salarial: los representantes argentinos en la negociación con el FMI prometieron que los sueldos estatales sólo subirán 8% en los próximos 12 meses, bastante menos que la inflación prevista. La obra pública muestra una caída de 9,7% en términos nominales en los cinco primeros meses del año y las transferencias a provincias y municipios bajaron 15,7% con relación a 2017, mientras que los subsidios en energía, transporte y empresas públicas cayeron 13,2%, según los datos relevados por ASAP. En conjunto, el ahorro del Estado por esos conceptos fue de unos $ 20 mil millones entre enero y mayo.
Aunque esa suma parece baja con relación a la reducción del gasto público de $ 200 mil millones prevista para 2019, el gobierno volvió a hacer gala de una visión muy selectiva a la hora de frenar la reducción en las retenciones a la exportación de soja, que caen medio punto por mes. La idea estuvo en la mesa de negociaciones con el Fondo, pero el presidente Macri prefirió ratificar su alianza con el campo hace dos semanas, cuando estuvo de visita por Tandil y dialogó con productores locales. «Las retenciones se fueron y no van a volver», prometió. «Una ayuda para las empresas
En plena cruzada por achicar el déficit fiscal, el gobierno declinó cualquier rectificación de la reforma tributaria aprobada por el Congreso a fines del año pasado. Los resultados ya se hacen sentir en las arcas oficiales. Un caso es la reducción de contribuciones patronales, que significaron una merma de $ 4700 millones en la recaudación de la AFIP en los últimos tres meses.
La reforma promovida por el Ejecutivo instauró un mínimo no imponible, figura a partir de la cual los empleadores sólo tendrán que realizar aportes sobre la fracción de los salarios de sus trabajadores que supere ese piso. El mínimo fue establecido en $ 2400 y crecerá cada año hasta llegar a los $ 12 mil en 2022. También se implementó un cronograma para reducir la alícuota de las empresas que más pagaban y que busca unificarla en 19,5% de la masa salarial para todas. El sistema está vigente desde abril.
Esas medidas causaron que los aportes personales (la fracción del sueldo que se les descuenta a los trabajadores registrados para sostener el sistema de jubilaciones y pensiones) estén creciendo muy por encima del ritmo al que lo hacen las contribuciones patronales. Según calculó Tiempo en base a los informes mensuales de la AFIP, en abril se recaudó por aportes personales 26,2% más que el mismo mes del año anterior y sólo 21% más de contribuciones, con una diferencia de 5,2 puntos entre ambos. Ese mes, las empresas deberían haber abonado $ 43.269 millones con el esquema anterior y $ 41.470 millones con el actual. La distancia entre la recaudación potencial y la efectiva fue de 4,5 puntos en mayo y de 4,6 puntos en junio. El acumulado del trimestre significa $ 4736 millones que podrían haber ayudado a financiar el sistema previsional y que el gobierno decidió resignar.
«La diferencia plantea un quiebre con respecto a la dinámica habitual, que mostraba variaciones porcentuales similares para ambos conceptos. La razón que explica esta diferencia es la entrada en vigencia de la reducción de contribuciones», sostiene un documento de trabajo del Cetyd, el centro de estudios de la Universidad de San Martín. Tiene lógica, ya que ambos tributos se aplican sobre una misma base, que es la masa salarial de los trabajadores registrados.
Según la UnSaM, el beneficio se concentrará en las grandes empresas, que concentran una mayor proporción de trabajadores. Pero la duda es si servirá para generar empleo. Según el informe, los antecedentes de la rebaja de cargas patronales impulsada en 1994 no dio frutos en esa materia: «Si bien redujo el costo laboral un 9%, suponiendo salarios estables, coexistió con una casi nula generación de puestos de trabajo formales», recuerda el texto.
