Irónica y contundente. La presidenta electa Claudia Sheinbaum escribió en redes sociales que «no sabe» por qué Estados Unidos se opone a la reforma judicial en México, si «en 43 de sus 50 estados» a los jueces se los elije por voto popular…
Si el martes, el Senado azteca aprueba el proyecto que la semana pasado salió airoso tras 18 horas de debate en la Cámara de Diputados (con 359 votos a favor contra 135 en contra), un esquema similar de elección de unos 6500 futuros magistrados empezará a regir en todo el país desde el 2025. Es muy factible: al oficialismo (el partido Morena) sólo le resta un escaño para tener la mayoría automática de los dos tercios de la llamada Cámara Alta. De aprobarse, la reforma se derivará los a los 32 congresos estatales del resto del territorio, que deberá adherirse a la legislación nacional. Se descuenta que así ocurrirá vistas las mayorías de Morena.
Se trata de uno de los aspectos claves de la reforma que impulsa Andrés Manuel López Obrador, como uno de sus últimos legados trascendentes, antes de dejar la presidencia, el 1 de octubre. Forma parte del ambicioso 4 T, el proyecto de la Cuarta Transformación –luego de la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910– que en sus estructuras apunta a «cambiar los cimientos de la sociedad mexicana».
También se trata de una de las modificaciones a las que más virulentamente se oponen sus vecinos de Estados Unidos y Canadá. Sugestivamente quien pidió por el proyecto hace apenas un par de años, ahora es uno de los principales opositores: el embajador yanqui en México, Ken Salazar. Casi en estado de desesperación, derrapó en sus últimas declaraciones, cuando dijo que, de consumarse la reforma, se permitiría que asumieran «jueces jóvenes» sin la energía suficiente para oponerse a la corrupción. Dicho de otro modo: más vale viejo conocido (apto para todo servicio) que joven por conocer.
Así una jueza del establishment mexicano, Martha Magaña López, del 5° Distrito con sede en Morelos, decidió pasar por encima del Parlamento y del Ejecutivo: decretó la «suspensión» de la reforma judicial, y luego de denunciar que había recibido amenazas, elevó su medida a consideración de la Suprema Corte. El tribunal mayor cuenta con once miembros; ocho de ellos opositores sin tapujos. Pero en ámbitos políticos se consideraría un verdadero «escándalo de intromisión entre los poderes» si fallase contra la reforma.
Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, que asumirá como presidenta de la nación el 1 de octubre, este viernes volvió de su luna de miel con José Tarriba, con quien se casó en segundas nupcias, el 1 de noviembre del 2023. Pocas horas después, mientras ella aseguraba que «no hay posibilidad de echar atrás la reforma», en una de sus mañaneras AMLO enfatizó que no existe fundamento legal ni constitucional para frenarla: «Sería una aberración y una violación flagrante a la Constitución que se detenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación». Luego detalló que ya encaró la mudanza del Palacio Nacional a su finca ubicada en Palenque, Chiapas, donde trascurrirá su retiro de la política: ya llevó su biblioteca personal, que consta de dos centenares de libros.
Este viernes hubo algunas marchas opositoras en la capital, paradójicamente en la zona de La Reforma. Los propios gremios del Poder Judicial, que la lideraron, reconocieron que no fue lo masiva que esperaban. Aducen que las exigencias para ser juez se reducen notablemente y sustentan que «terminará por debilitar a las instituciones que sostienen la democracia mexicana». Corearon: «¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”. De todos modos, la enorme mayoría admite la urgencia de una reforma en el aparato judicial, vetusto, con décadas sin cambios, que tiene una de las tasas más altas de impunidad y que «heredó los vicios del sistema de partido único».
No va a ser el único tema conflictivo con EE UU. AMLO ya arrancó con plan de sustitución de importaciones en alimentos que se plasmará durante el futuro gobierno de Sheinbaum. «Yo creo que hay que ir a la autosuficiencia alimentaria», con el objetivo de llegar a tener una balanza comercial favorable, sin déficit. El superávit agroalimentario del país fue de U$S 5757 millones en la primera mitad de este año, un incremento interanual del 11,15%. Por supuesto que el Imperio puso el grito en el cielo, con la mirada puesta en 2026, para cuando está planeado la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En el gobierno ya estará Sheinbaum. Aunque AMLO anticipó que no habrá «ruptura» ya que ambos países se «necesitan mutuamente». Es de esperarse que, en este caso, el presidente saliente no haya usado la ironía como lo hizo su sucesora.
