A poco más de un mes de haber finalizado la efervescencia electoral, parece que hemos vuelto a la «normalidad» parlamentaria previa a los comicios de medio término. Pero, ¿qué significa este regreso a la «normalidad»?

Por un lado, es producto del accionar de una parte de la oposición que se vuelve muy afín a los intereses del oficialismo. En ciertos casos, incluso, algunos diputados terminan votando favorablemente proyectos que minutos antes criticaron con fuerza durante sus intervenciones en el recinto. Conductas propias de quienes en columnas anteriores bauticé como miembros del «opo-oficialismo».

La otra característica de esta dinámica parlamentaria tiene que ver con la poca relación existente entre los objetivos que se plantean en las presentaciones de los proyectos del Poder Ejecutivo y el contenido de los mismos. Es decir, bajo títulos pomposos y objetivos loables, respecto de los cuales nadie puede disentir, se «cuelan» disposiciones que constituyen una clara pérdida de derechos para la ciudadanía y suman beneficios para los grandes grupos económicos.

Con el doble discurso tomando el centro de la escena, esta semana la Cámara de Diputados dio media sanción a tres proyectos importantes. En primer lugar, la modificación de la actual Ley de Defensa de la Competencia. Varios medios la promocionaron como Ley antimonopolio, pero en los hechos, además de otros cambios, se terminaron derogando varios artículos de leyes aprobadas hace sólo tres años. Se trata precisamente de los artículos que otorgaban a los organismos de control la facultad de supervisar las cadenas de valor de los productos para evitar que estos llegasen a las góndolas con precios abusivos. También se eliminaron disposiciones que protegen los derechos del consumidor.

A su turno, obtuvo media sanción la iniciativa de reforma de la Ley de Compre Argentino. Un proyecto lleno de excepciones que ni siquiera mejoró sustancialmente los porcentajes de preferencia actuales que se les otorgan a los bienes de origen nacional cuando participan de licitaciones y deben competir con los extranjeros. La autoridad de aplicación podrá modificarlos según su deseo, lo que da lugar a una extrema discrecionalidad. Algo bastante contradictorio con la mentada transparencia institucional que pregona el gobierno. Una característica que convierte a este proyecto de ley en un instrumento abstracto, por lo que el rol de los legisladores queda minimizado.

En tercer lugar, se trató la cuidadosamente titulada Ley de Financiamiento Productivo que presentó el Ejecutivo. Al texto lo analizamos en la columna de la semana pasada y el contenido final vuelve a confirmar que no tiene nada que ver con mejorar las posibilidades de financiamiento de las empresas, en especial de las pymes. El verdadero propósito de esta iniciativa fue modificar la actual Ley de Mercado de Capitales. Una ley aprobada en 2012, incluso con el voto de varios de los diputados que ahora votaron a favor de su modificación. El proyecto conforma un cambio importante, ya que se limitan las facultades de la Comisión Nacional de Valores y se abre la puerta para la autorregulación del mercado, a contramano de la tendencia internacional y de las recomendaciones de los expertos en fuga de divisas y evasión fiscal.

El dictamen que obtuvo media sanción «blanquea» en nuestro país el servicio de «banca privada» o «banca en secreto». Se ha comprobado fehacientemente que esta constituye una plataforma ideal para trasladar ganancias a guaridas fiscales sin pagar impuestos en su país de origen. Según señaló recientemente el director de Tax Justice Network, una de las principales ONG especializada en el mundo offshore, la pérdida de ingresos fiscales por desvío de utilidades por parte de las multinacionales es de U$S 500 mil millones anuales. En nuestro país, esa pérdida alcanza los U$S 21 mil millones, el equivalente a 4,4% del PIB: ¡potenciales recursos que el gobierno no debería perder de vista al momento de pensar en cómo reducir el déficit fiscal!

Brasil: un espejo donde mirarse

Se conoció un informe que elaboró el Banco Mundial (BM) para Brasil, titulado «Un ajuste justo». El objetivo del trabajo es «colocar a las cuentas fiscales de Brasil de vuelta a una trayectoria sustentable, al mismo tiempo que proteger a los pobres». Según el BM es un gran desafío, aunque desde mi punto de vista es una gran contradicción, ya que el grueso del ajuste lo pagan los pobres y las clases medias.

De no lograrse la meta, dice el BM, «se perderá la confianza de los inversores, se desvalorizará el tipo de cambio, aumentará la inflación y se volverá a momentos críticos de los años ’80 y principios de los ’90 (…). A una crisis fiscal y macroeconómica». Un auténtico discurso del miedo.

Veamos algunos detalles de lo que propone el organismo, que se anima a hablar de que «hay una injusticia social inherente al concepto de derechos adquiridos».

En materia previsional, el planteo para Brasil es muy similar al que el FMI le hizo llegar a Argentina: reducir la jubilación mínima respecto del salario mínimo. Un planteo que aquí moldea el cambio regresivo de la fórmula de movilidad jubilatoria.

También le pide a Brasil una reforma del sistema de jubilaciones rurales y pensiones por discapacidad, una reducción significativa de la masa salarial del sector público, alineándola con los (menores) salarios privados –una llamativa forma de igualar hacia abajo—. Además habla de «eficientizar» en salud, y apunta a la fragmentación del sistema público, especialmente al «alto número de pequeños hospitales»; una amenaza para las poblaciones alejadas de las grandes urbes.

En lo educativo, el Banco Mundial no sorprende: en enseñanza primaria y media recomienda no cubrir los puestos de los profesores que se vayan jubilando, reducir el ausentismo docente, e incrementar el tiempo de enseñanza. Serán menos docentes, pero con más carga de trabajo.

En educación universitaria el planteo es sencillo: fin de la gratuidad y créditos para quien no pueda pagar la educación. Con esto se mercantiliza la universidad y se hipoteca el futuro de las generaciones jóvenes. ¿Cuántos estudiantes tomarían un crédito ante la incertidumbre que genera la dificultad para conseguir trabajo en un futuro? Es lo contrario a la tan proclamada igualdad de oportunidades.

Según el BM, con todas estas medidas podría obtenerse una reducción del déficit fiscal de unos 8,36 puntos del PBI en el mediano plazo, un esfuerzo abismal. Para comparar tal esfuerzo, el principal gasto del gobierno es el pago de los intereses de la deuda (casi 7 puntos del PBI), que llevan el déficit total a 9,16 puntos. Queda claro que todo el sacrificio de la población es para garantizarles el pago a los acreedores.

Por lo demás, el texto del BM sostiene que debe prevalecer el diálogo y el consenso amplio, que el ajuste en definitiva es para proteger a los pobres, que debe ser compartido por todos, que llevará más de un mandato, y que si no se hace derivará en una gran crisis.

Argumentos casi idénticos a los que se utilizan en Argentina. Queda demostrado que la retórica de nuestro gobierno no es para nada original. Proviene de los organismos de crédito internacionales y trata de aplicarse en toda la región. Forma parte de un programa económico antipopular que es preciso rechazar «