El dirigente kirchnerista de Necochea Roberto Porcaro es la nueva víctima del espionaje ilegal y las maniobras presuntamente extorsivas que –según el juez Alejo Ramos Padilla– realizaba el presunto falso abogado Marcelo D’Alessio, como integrante de una asociación ilícita conformada por agentes de inteligencia y funcionarios judiciales. Así se desprende de la documentación que surge de los teléfonos, las computadoras, los WhatsApp y las escuchas telefónicas con que cuenta la causa, que ya va camino a las 2000 páginas y una tonelada de documentación distribuida en varios anexos.

Porcaro fue uno de los artífices de la agrupación «Compromiso K». Afronta una causa en el juzgado federal de Necochea por supuestas irregularidades en la adjudicación de un sector del puerto de Quequén a una empresa local. Pero además, en diciembre de 2017, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la firma del Memorándum con Irán, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ordenaron investigar «la irrupción a días de la firma del pacto, de Roberto Porcaro –quien es mencionado como un operador directo de Cristina Fernández de Kirchner– reuniéndose con los representantes de personas de nacionalidad iraní prófugas». 

La resolución ordenaba determinar «qué tipo de papel tuvieron en los eventos Roberto Porcaro –señalado en las escuchas como alguien que se reunió directamente o a través de intermediarios con los representantes de autoridades de Irán, justo en épocas muy cercanas a la firma del pacto, ejerciendo como un operador de Cristina Fernández de Kirchner».

La expresidenta y otros imputados en esa causa ya están camino a juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal número ocho, en fecha aún no determinada. Pero ese remanente de investigación que incluye a Porcaro está en manos del juez federal Claudio Bonadio.

¿Cómo aparece Porcaro en el turbio horizonte de D’Alessio y la supuesta organización que integraba?

El miércoles 16 de enero de 2019, poco antes de las seis de la tarde, se produjo una comunicación entre D’Alessio y el productor agropecuario Pedro Etchebest, a quien supuestamente estaba «ablandando» para exigirle un pago ilegal a cambio de evitar que apareciera en la causa de las fotocopias de los cuadernos. D’Alessio le refirió en esa conversación que estuvo con el fiscal Carlos Stornelli, le informó que no hablaron de su «tema» sino de otras cuestiones, entre ellas la de un «peruano» y de «un tipo que está viniendo a la Argentina que dice que es piloto del United y nos dimos cuenta que es falso… está trayendo merca».

«Imaginate en qué estoy. Ah, y en hacerlo mierda a un tal Porcaro.» Etchebest no reconoció el nombre, o no entendió la alusión, y preguntó: «¿Un qué?»

D’Alessio le respondió: Roberto Porcaro.

El dirigente necochense fue involucrado en la causa denominada «la ruta del dinero K» por el fiscal José María Campagnoli, a raíz de un supuesto pago de un millón de dólares a cambio de la adjudicación de un sector del puerto de Quequén. Porcaro niega tal situación, pero el juez federal de Necochea Bernardo Bibel lo citó a indagatoria y debe resolver su situación procesal. El llamado  se produjo en diciembre del año pasado; la declaración debía ocurrir en febrero. El diálogo en el que D’Alessio dice que tiene que «hacer mierda» a Porcaro ocurrió el 16 de enero.

El 31 de enero, el diario Clarín publicó una nota titulada «Un informe objeta el aumento patrimonial de un operador K y complica su situación», e identifica a Porcaro como «el creador de Compromiso K y hacedor de Boudou». Y precisa: «Un análisis de la UIF sobre las compras de casas, autos e inversiones de Roberto Porcaro sospecha que podría encubrir operaciones de lavado». El artículo periodístico lleva la firma de Daniel Santoro.

El viernes pasado, el juez Ramos Padilla envió a la bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia un escrito en el que explicó que, de la documentación recolectada en la causa que investiga, surge que D’Alessio tenía en su computadora documentación con membrete de la Agencia Federal de Inteligencia, de la Embajada de los Estados Unidos y del Ministerio de Defensa de Israel. También reportes de inteligencia y contrainteligencia vinculados con causas judiciales como la «mafia de los contenedores», el doble crimen de Unicenter y el triple crimen de General Rodríguez. Que investigó al periodista Alejandro Fantino y a la mediática Natacha Jaitt, quien murió el fin de semana pasado en un salón de eventos en circunstancias aún no esclarecidas. Y que elaboró reportes «sobre la ideología política de periodistas».

No obstante, el enigmático personaje mintió y fanfarroneó vanamente sobre situaciones irreales, con las que –según todo parece indicar– pretendía quebrar la voluntad de Etchebest para sacarle 300 mil dólares, invocando el nombre del fiscal Stornelli. Una de esas mentiras fue decirle que los 9 millones de dólares secuestrados al exfuncionario José López habían sido reemplazados por billetes falsos, y que él estaba ocupándose de esa investigación.

El viernes, el presidente del tribunal oral federal número dos, Adrián Grunberg, concurrió con un secretario letrado y tres expertos en falsificación de moneda al Banco Central y comprobó que esos billetes no son falsos. «