Mayo será un mes clave para el gobierno. Muchos analistas ponen el foco en el pacto de mayo, que el presidente Javier Milei ofreció a la oposición y que debería concretarse el 25 del mes que viene. Sin embargo, antes de eso y condicionándolo, debería suceder otra cosa: que los productores de soja y maíz vendan una buena parte de sus cosechas y el oligopolio exportador que domina el comercio exterior argentino liquide los dólares en el mercado cambiario local, es decir, en la ventanilla del Banco Central.
El problema del valor del dólar está tensionando cada vez más las relaciones al interior del gobierno, que siente la presión de economistas considerados amistosos, del palo, quienes insisten con que, así como están las cosas, los productores rurales se sentarán sobre sus cosechas a la espera de una nueva devaluación importante del peso.
Milei les contestó días atrás cuando, en la Fundación Libertad, aseguró que sus críticos no entendían nada de economía. Sus diatribas golpearon a Domingo Cavallo, Carlos Rodríguez, Carlos Melconian y Roberto Cachanosky, entre otros, todos ellos simpatizantes de la idea general de gobierno que impulsa Milei pero que comienzan a advertir que está usando al dólar como ancla para controlar los precios, para lo cual precisa congelarlo.
A diferencia de otras veces, la intervención del presidente no aquietó a los intranquilos. El secretario de Bioeconomía (ex Agricultura), Fernando Vilella, recibe todos los días los reclamos de la Mesa de Enlace que, en nombre de los productores, exige «algo» para reducir la bronca entre los productores.
Los representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales saben que son pocas las chances de una reducción de las retenciones. Así se los dijo Vilella a principios de este mes en un encuentro en el que repitió su frase de cabecera: «No son lo que queremos, pero seguimos en emergencia». Pero Vilella sabe que las palabras dejarán de tener sentido si no hay ventas de granos. De allí que convencer a la patronal agraria para que realice esa venta se ha convertido en su principal misión política.
Los ruralistas insisten con que el gobierno nacional debería mostrar «un gesto» para descomprimir la tensión, pero no es probable que obtenga algo por el lado de las retenciones. Tampoco es viable que surja una definición oficial en relación al tipo de cambio, ya que en Economía descartan un desdoblamiento o una aceleración de la devaluación diaria del peso (el crawling peg en la jerga financiera).
En ese contexto, abundan los análisis negativos. Días atrás, Salvador Di Stefano, un consultor muy escuchado en la actividad agropecuaria, dijo: «El campo difícilmente liquide lo que el gobierno necesita».
Di Stefano observó que hay retrasos en la venta de los granos. De una cosecha de soja calculada en 50 millones de toneladas para esta campaña, se registran ventas por 12,8 millones de toneladas, y de ese total solo 3,6 millones de toneladas fueron colocadas con precio. El resto está vendido, pero sin precio.
«Está claro que el hombre de campo está disconforme con el precio de la soja, las retenciones que le impone el gobierno, el impuesto país, el tipo de cambio, el precio de los insumos, y el de la maquinaria agrícola. En resumen, está con escasa rentabilidad y muy enojado», analizó Di Stefano.
Los que no quieren
Detrás de la firmeza del gobierno en contra de una devaluación «discreta» (importante, en la jerga financiera), se encuentra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tiene los ojos puestos en las inversiones financieras del exterior que apostaron a los rendimientos en pesos. Caputo tiene en la cabeza el recuerdo del desastre de abril de 2018, cuando la devaluación del peso agarró con la guardia baja a grandes fondos internacionales posicionados en pesos y que reclamaron airadamente. Una nueva decepción dejaría a la Argentina fuera de los mercados de deuda y a Caputo fuera del Palacio de Hacienda.
