Tanto los funcionarios del gobierno como en el sector privado aseguran que los costos laborales en la Argentina son elevados y que eso impide las inversiones. Sin embargo, las empresas tienen un costo laboral un 50% menor al que tenían hace 20 años.
Pocos días atrás, Daniel Funes de Rioja, dirigente de la UIA y candidato a remplazar al actual titular de la entidad, Adrián Kaufmann Brea, señaló en una reunión con presencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que «con estas cargas laborales tan altas, no hay garantía que tras el blanqueo se vuelva luego a emplear en negro. Paguemos menos aportes pero paguemos todos».
El llamado a la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social no es nuevo. En 1994, el entonces ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, impulsó uno como paso previo a la reforma del sistema previsional y la creación de las AFJP, que redujo las contribuciones patronales en un 50% llevándolas desde el 33% de la masa salarial hasta el 17,5% que rige en la actualidad.
Un informe realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) dirigido por el economista y exdiputado Claudio Lozano, solo por esta reducción, estima que, durante 2016, las grandes empresas (que explican el 80% de la recaudación) ahorraron poco más de 280 mil millones de pesos que equivalen a unos 18 mil millones de dólares.
Si se proyectara esa cifra al total de las empresas, entonces, el «costo fiscal», o el subsidio anual que recibe el empresariado a costa de la ANSES y las obras sociales asciende a U$S 22.500 millones solo en lo que resulta de la quita dictaminada por Cavallo. En el medio, no solo no se retrotrajo la medida sino que, además, se produjeron otras reformas laborales como la célebre ley Banelco o los incentivos sectoriales y regionales con quitas de contribuciones que afectaron aun más la recaudación.
Por caso, en 2013 se aprobó la ley de «promoción del empleo registrado y prevención del fraude laboral» que, según el mismo informe, en 2016, implicó un beneficio empresario y un costo adicional para la ANSES de $ 8044 millones. A esa cifra hay que añadir otros beneficios derivados de políticas de promoción regional que se imputan como gastos tributarios en el presupuesto y que, por ese ítem, superaron ese año los $ 20 mil millones. Los regímenes especiales para pymes, además, han servido para promover la creación de firmas subsidiarias de las propias corporaciones con el propósito de beneficiarse con las exenciones y, de paso, evadir convenios. Así las cosas, las empresas perciben, desde 1994, beneficios anuales equivalentes a 25 mil millones de dólares de 2016 a los que, si se les suman las evasiones en materia de empleo no registrado y las contrataciones precarias, podrían alcanzar los U$S 60 mil millones anuales. La cifra es alarmante y equivale al 90% de la inversión privada anual registrada en 2016, que fue del 12% del PBI.
Los argumentos empresarios apuntan a los índices competitividad laboral que en la Argentina alcanzarían un 1,87 cuando en Estados Unidos, Chile o Japón se ubican en 0,40 y en China en 0,17. Pero el salario bruto por hora en dólares en la Argentina se ubica apenas por encima de los 11 dólares mientras que en los Estados Unidos, Alemania y Japón oscila entre los 25 y los 43.
Según Claudio Lozano, «el costo laboral tiene dos maneras de reducirse. Una es achatando las contribuciones, la otra es con la inversión. Si aumenta la productividad porque mejoran las condiciones tecnológicas, se reduce el peso del costo laboral por unidad producida». «
Otro favor a la escuela privada
En una nueva muestra de la actitud del gobierno con el sector privado, el presidente Mauricio Macri dictaminó la semana pasada y por decreto la porórroga de la exención de las contribuciones patronales de las escuelas privadas.
Así, los propietarios de las instituciones educativas privadas mantendrán los beneficios de los que gozan en momentos en los que el gobierno se muestra intransigente con el reclamo salarial de los docentes en todo el país.
El DNU publicado en Boletín Oficial con la firma del presidente y los miembros del gabinete de ministros justifica la prórroga del beneficio en nombre de que una política distinta podría «promover un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados» ocasionando «un detrimento en la calidad educativa» y «al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en el sector». Dos varas distintas para la educación pública y privada.
