La tarde de este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer las nuevas medidas que el gobierno llevará adelante para “evitar la catástrofe”. Con un video regrabado en tres ocasiones, el titular de la cartera de Hacienda rompió todo lazo que el ministro del Interior, Guillermo Francos, supo tejer con un grupo de gobernadores y advirtió que se reducirán al mínimo las transferencias a las provincias. A ello sumó el anuncio del aumento del impuesto PAÍS a las exportaciones, menos las agropecuarias, y una devaluación de 118% del dólar oficial.
Después del video, en Córdoba se encendieron las alarmas. Los anuncios del «Messi de las finanzas» afectarán de manera directa no sólo a la ejecución de obras públicas sino que también dará un fuerte golpe al sector industrial, que en los últimos años tuvo una notable recuperación que podría diluirse a partir del próximo mes. Además de la ganadería, la economía de la provincia mediterránea descansa en la actividad industrial por lo que la puesta en práctica de estas medidas causarán un daño difícil de reparar. Según el último informe presentado por el INDEC, Córdoba ocupó el tercer lugar en el índice de participación de exportaciones, con un 17,1% de las transacciones realizadas en todo el país.
Con estos datos, el gobernador recién asumido Martín Llaryora se concentra en buscar el equilibrio entre las partes. Este jueves, el gobernador será el primero en ser recibido oficialmente por el ministro del Interior en Casa Rosada, donde planteará una larga lista de preocupaciones de cara al futuro inminente. Al igual que muchos otros mandatarios, el cordobés apuntará a solucionar el inconveniente fiscal que generó en las provincias la quita del impuesto a las ganancias y la devolución del IVA aprobados en noviembre pasado.
En agenda, además, incluirá el reclamo por el fin de la obra pública y la coparticipación, una decisión que repercutirá notablemente en las cuentas de la provincia. Aunque el ex gobernador Juan Schiaretti se encargó en repetidas ocasiones de marcar lo contrario, lo cierto es que la provincia se encuentra entre las principales jurisdicciones que mayor porcentaje de ingresos recibe en comparación con el resto del país, por lo que la quita de este ingreso podría ser devastador para el orden de la gestión del nuevo inquilino de El Panal.
“Cauteloso”. Así definieron a Tiempo el estado de ánimo del nuevo gobernador que se divide entre su descontento por las nuevas medidas y la garantía de gobernabilidad que otorgaron sus diputados. Las ocho bancas que responden al cordobesismo trabajan para ampliar las voluntades y cerrar nuevas alianzas antes de la llegada del mega paquete de leyes que planea ingresar el oficialismo.
Fuentes parlamentarias indicaron a este diario que el llaryorista Ignacio García Aresca es el encargado de llevar adelante las negociaciones. El diputado busca acercar a su tropa al nuevo bloque Cambio Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto, y ampliar los contactos dentro del espacio integrado por Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y el presidente del PRO cordobés, Oscar Agost Carreño, con quien el gobernador electo logró construir una interesante relación.
Midiendo cada uno de sus pasos, Llaryora encara sus primeros días haciendo foco en la gestión provincial. Este martes, el gobernador intervino el Servicio Penitenciario de la provincia y desplazó a toda su cúpula después del escándalo que supuso la detención del ex director general de Seguridad, acusado de asociación ilícita y extorsión en grado de tentativa. Con esta decisión, el cordobés apunta a mostrarse como un hombre resolutivo y con voluntad de acción, una característica que será más que cotizada en la inminente reconstrucción de un peronismo acéfalo de líderes presidenciables.
