El máximo órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires integrado por los trece decanos de sus facultades y representantes electos de los tres claustros votó hoy una resolución mediante la cual reclama al Senado la pronta aprobación de la ley que garantiza una actualización salarial para los 190 mil docentes de universidades nacionales y los poco más de 50 mil trabajadores no docentes.

Por este motivo, el Frente de Gremios Universitarios ya llevó adelante dos medidas de fuerza de 72 horas la primera semana y de 48 horas la segunda. En conjunto, esta semana, no hay medidas pautadas. Sin embargo, en la UBA el gremio mayoritario, la AGD-UBA, dispuso un día más de paro la última semana y una nueva medida para la semana en curso con un paro de 48 horas el viernes y sábado.

En conjunto los gremios están preparando una nueva Marcha Federal Educativa pautada, en principio, para la mitad del mes de septiembre.  

El 15 de agosto pasado la cámara de diputados aprobó con una abrumadora mayoría de votos favorables (143 contra 77) la ley de financiamiento universitario en lo que fue una dura derrota del gobierno. A la vez, voceros del gobierno ya adelantaron que, al igual que la ley de movilidad jubilatoria, en caso de lograr su aprobación su intención es que sea vetada por el presidente de la Nación.

El Consejo Superior de la UBA en su resolución señaló que “para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión resulta necesario contar con asignaciones presupuestarias que permitan la planificación y desarrollo de todas sus actividades”. A la vez que recordó que el organismo ya había “expresado su profunda preocupación por el reclamo de los trabajadores docentes y no docentes por la falta de un acuerdo salarial entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales”.

Tal como denuncian los gremios y a contramano de las versiones oficiales la máxima autoridad de la UBA señala que el poder adquisitivo del salario cayó en lo que va del año un 40% y que la evolución de los salarios de las universidades es “incluso menor a la del resto de los trabajadores del sector público, cuyos salarios también han perdido significativamente en relación con la inflación registrada”.

El rector, los decanos y representantes de claustro argumentan que, habida cuenta la falta de un presupuesto aprobado por el parlamento, “resulta menester un marco normativo que garantice la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales durante el presente ejercicio” y que el mismo debe basarse en “pautas objetivas”.

Por todos esos motivos resolvieron en forma unánime “solicitar a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación que apruebe el proyecto elevado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación referido al Régimen de Financiamiento de las Universidades Nacionales”.