Convocado por Argelia, en su carácter de flamante miembro no permanente, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este miércoles para tratar el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre la brutal represalia de Israel en Gaza que Sudáfrica había pedido inscribir como genocidio. Si bien el dictamen del tribunal de La Haya no califica al estado israelí como genocida ni pide taxativamente un cese el fuego, sí recomienda que «tome todas las medidas a su alcance» para que sus tropas no cometan semejantes acciones, que ponga fin a la incitación contra los palestinos como grupo y pide que se facilite el ingreso de ayuda humanitaria. Puede parecer una tibia respuesta al reclamo de los sudafricanos, pero fue suficiente para el rechazo del primer ministro Benjamin Netanyahu, que la consideró «escandalosa». Pero tanto los líderes de gran parte de los países del mundo como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigieron a Israel su cumplimiento inmediato. Guterres detalló que «las decisiones del Tribunal son vinculantes».
«La acusación de genocidio formulada contra Israel no sólo es falsa, sino escandalosa, y la gente decente de todo el mundo debería rechazarla», se indignó Netanyahu ante el dictamen que leyó el presidente de la CIJ, Joan Donoghue. La acusación de Sudáfrica comenzó a tratarse a principios de año e incluye denuncias por el bloqueo israelí al ingreso de medicamentos y alimentos, el corte de servicios esenciales como agua y electricidad, y declaraciones de funcionarios como el ministro de Defensa Yoav Galanr, quien calificó a los palestinos de «animales humanos».
Se fueron sumando al reclamo de acatar a la CIJ los gobiernos de Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, España, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Egipto. Para Qatar, «las medidas temporales ordenadas por la CIJ (…son) una victoria para la humanidad, el Estado de Derecho y la Justicia internacional». En un posteo en la red X, la cancillería catarí reitera su posición «sobre la Justicia de la cuestión palestina y los derechos legítimos del hermano pueblo palestino, incluido el establecimiento de su Estado independiente en las fronteras de 1967, y cuya capital es Jerusalén Este».
Amnistía Internacional (AI), junto con Human Right Watch (HRW), Oxfam Intermon y Médicos Sin Fronteras, por su parte, también exigen el cumplimiento del dictamen de la CIJ. AI, puntualmente, señala que es necesario un urgente alto el fuego para poner fin al conflicto y recuerda que esa es la única forma de poner fin al conflicto tras el fallo de la CIJ. «Aunque no lo haya ordenado la corte, es la condición más eficaz para implementar las medidas provisionales y poner fin al sufrimiento civil sin precedentes», dijo su secretaria general, Agnès Callamard.
Israel respondió con el anuncio del canciller Israel Katz de que buscará la suspensión definitiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA en inglés) a la que acusa de que varios de sus empleados participaron dl ataque contra las comunidades israelíes del 7 de octubre que desencadenó esta escalada. De inmediato, anunciaron que dejarán de aportar financieramente para la UNRWA los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. El dictamen de la CIJ coincidió con la celebración del Día de la Memoria del Holocausto en todo el mundo, una fecha que conmemoró este 27 de enero el 79º aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Aquella incursión de Hamas dejó un saldo oficial de casi 1200 muertos y el secuestro de 240 rehenes, de los cuales ya recuperaron su libertad cerca de la mitad. En las últimas horas hubo nuevos enfrentamientos en el territorio gazebí que elevan la cifra de muertos palestinos a unos 26.000, la mitad de ellos mujeres y niños, según las autoridades de Gaza. Los desplazados suman alrededor de dos millones de personas, el 85% de la población de la Franja.
