Ingresó al Parlamento el proyecto de ley para aprobar, en los términos de la Ley Nº 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, el Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente con el FMI, contraída en 2018. Y como mencionó Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, un acuerdo “al cual siempre nos opusimos. Se trata de una deuda inmensa. Sufríamos un grave problema y necesitábamos una solución. Ahora tenemos un camino para solucionarlo”.

Es así que hoy se da la extraña paradoja de que hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido al FMI, pero recibió un auténtica “bomba de tiempo” y debió sentarse a negociar con el organismo. Solo se está haciendo cargo de lo que dejó la anterior gestión, y negociando en las mejores condiciones posibles. Por ello, no debería llamarse acuerdo con el Fondo, sino refinanciación del acuerdo que nos dejó Mauricio Macri. Nunca fui partidario de la supervisión del FMI en nuestra economía, nos llevó a miserias incontables. Pero de lo que se trata es de cómo encontrar la mejor salida posible ante una situación heredada absolutamente inviable.

Por eso no hay motivos para festejar, aunque es para valorar que se está logrando refinanciar los impagables compromisos del anterior programa, concentrados principalmente en los años 2022 y 2023, sin poner en riesgo la recuperación de la economía, evitando un acuerdo basado en políticas de ajuste y reformas que quitan derechos laborales y previsionales, como los que tanto daño han producido a nuestro país con anterioridad.

Los principales ejes indican que se trata de un programa que no respeta la típica ortodoxia que prevaleció en el stand-by previo, avalada y fomentada por el gobierno de aquel entonces. El propio FMI señaló en su comunicado que se trata de un “programa económico pragmático y realista”. No obstante, sigue siendo un programa del organismo, con sus habituales condicionamientos que nadie querría (bastante menguados gracias a la renegociación lograda por el gobierno). Pero no podemos mirar para otro lado, porque un default sería mucho más grave que no tener programa.

Además, se va a comenzar a devolver en el segundo semestre de 2026. Estamos en el primer trimestre del 2022, cuatro años y medio van a pasar sin que la Argentina tenga el peso de ser un país endeudado de una manera insoportable, lo cual le abre una enorme posibilidad de recuperarse, de crecer, de desarrollar políticas de inversión, políticas de inclusión social. De eso se trata.

Entre los cambios importantes están las referencias a la cuestión de la inflación, que en el acuerdo al que se arribó se enfoca como lo que verdaderamente es: un fenómeno multicausal. Esto implica que el combate de la misma no recaerá, como ocurrió en el anterior programa, exclusivamente en la política monetaria. En ese entonces —recordemos— se llegó a congelar el nivel de emisión, lo que generó grandes costos en términos de caída de la actividad económica, sin darle solución al problema de los aumentos de precios, más bien todo lo contrario. La estrategia se basará ahora en un enfoque de varios frentes que abarcará políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos, adecuadamente calibradas. En el memorando de entendimiento el gobierno se plantea reducir la inflación gradualmente, en un rango del 38% al 48% para fines de 2022 y en 5 puntos porcentuales adicionales por año hasta fines de 2024.

Se plantea una meta de crecimiento de las reservas para el año 2022 de unos 6200 millones de dólares. Otra gran diferencia es que se mantienen los necesarios controles de capitales para evitar la fuga de divisas, y recién cuando haya un incremento importante de reservas internacionales se analizarán eventuales flexibilizaciones a estos controles.

En materia fiscal, se apunta a una reducción gradual del déficit. El objetivo pasa por alcanzar un déficit primario del 2,5% del PBI en 2022, que caería al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024. Además, en el año que transcurre la meta de déficit fiscal bajaría un 0,5% del PBI respecto de 2021.

Otra gran diferencia con el programa macrista es que esta vez la baja del déficit se hará sin afectar el gasto, que incluso crecería moderadamente en términos reales, priorizando los programas sociales y la inversión pública, principalmente en infraestructura y ciencia y tecnología. Con respecto a los subsidios energéticos, se avanzará en el tiempo hacia tarifas “razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, con un esquema de segmentación que enfoque los esfuerzos del Estado nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago. Los usuarios residenciales beneficiarios de la tarifa social tendrán aumentos del 40% del promedio del coeficiente de variación salarial del año anterior (CVS); y para el resto, excluyendo al 10% de la población de mayor capacidad económica, el incremento será del 80% del CVS.

También se establece el compromiso de garantizar un piso en los recursos destinados a los programas de AUH, Tarjeta Alimentar y Progresar, umbral que será revisado e incrementado si las condiciones sociales hacen necesaria una mayor participación del sector público para cubrir las necesidades de la población. Por el lado de los recursos, surgirán de la expansión de la actividad económica y el propio FMI hizo alusión a la necesidad de “un conjunto equilibrado de políticas de ingresos, con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento tributario”.

Nunca el Fondo ha hablado de progresividad tributaria en los acuerdos, que es lo que el gobierno viene tratando de implementar en cada ordenamiento alrededor de los temas impositivos: que en definitiva es que paguen más impuestos los que más tienen y menos los que menos tienen.

En materia jubilatoria, por caso, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios. Tampoco habrá incrementos en la edad de retiro, solo una “prolongación voluntaria” por parte de los beneficiarios, palabra esta, “voluntaria”, que es fundamental y que ha sido obviada por gran cantidad de analistas.

Un aspecto relevante tiene que ver con las responsabilidades por lo antes actuado y en el Mensaje del proyecto de ley se dice expresamente que “la firma y aprobación de este programa de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas en la República Argentina con relación al programa del año 2018, las que se mantendrán vigentes, y a las que se les dará continuidad e impulso”.

No hay que olvidar el informe de la auditoría del Fondo Monetario con respecto al resultado del crédito de 2018, que dice que ninguno de los objetivos planteados en el programa fue alcanzado: “Ni la confianza, ni el acceso al mercado fueron restablecidos. El producto se contrajo fuertemente y la inflación aumentó. El empleo cayó y la pobreza aumentó. El tipo de cambio se depreció. La ausencia de medidas para mejorar los flujos de capitales, los desembolsos de facto financiaron una salida de capitales de magnitudes históricas. La deuda aumentó como porcentaje del PBI, y la situación se agravó por la no restructuración de la deuda”. Esa es la deuda y el país que nos dejaron. Y desde ahí estamos reconstruyendo. «