El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) volvió a alertar sobre la criminalización de la pobreza. En un documento que lleva la firma de su coordinador, el juez César Raúl Jiménez, el Capítulo Argentina de COPAJU –entidad nacida bajo la inspiración del Papa Francisco, que reúne a magistradas y magistrados a lo largo del continente– reiteró su “preocupación por las expresiones vertidas por representantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de procesos penales donde se discute la legitimidad de las detenciones de personas en situación de calle”.
La declaración se refirió a la “descalificación” de decisiones judiciales “con fundamento en la aplicación de instrumentos jurídicos de derechos humanos, equiparando dicha acción con ‘avalar delincuentes’”. Y advirtió que “no solo es incorrecta sino que también constituye una incitación al odio incompatible con el Estado de Derecho”.
La Comisión Directiva encabezada por Jiménez recordó que “la criminalización de las personas en situación de calle no sólo viola normas nacionales e internacionales sino que es manifiestamente ineficaz tanto para prevenir el delito como para asistir adecuadamente a quienes se hallan en esa situación”. Por eso planteó que “en contextos de fuerte ajuste económico deben reforzarse las políticas destinadas a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que sin duda se hallan quienes se encuentran en situación de calle”, a la que definió como una problemática “compleja y como tal debe ser atendida desde diversos ámbitos”.
Frente a este cuadro, el Capítulo Argentina de COPAJU llamó a reforzar las políticas de salud, habitacionales y alimentarias, pero subrayó que “también debe capacitarse al personal de prevención de seguridad para abordar debidamente estos casos”, en el convencimiento de que “el respeto irrestricto de los Derechos Humanos es la clave para una convivencia pacífica y segura”.
