El Centro de Estudios Legales y Sociales publicó un comunicado luego de la publicación de la resolución 956 que habilita el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales.

“La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior. Luego de haber derogado el Programa de Uso de la Fuerza y debilitar los controles internos, con esta nueva medida el gobierno busca evitar también el control judicial”, expresa el escrito y agrega, “a partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente”.

También agrega que de esa manera se privilegia “la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido”, lo cual “genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes”.

El escrito, el CELS destaca que desde el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU que en el caso de Argentina forma parte de la legislación nacional a través de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, se refiere al uso de armas de fuego “como una medida excepcional y extrema” y que en este sentido, la resolución ministerial modifica ese enfoque.

Entre los puntos que señalan con preocupación está la pérdida de noción de “proporcionalidad”, al habilitar el uso de armas de fuego contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas. También la amplitud de situaciones caracterizadas como de “peligro inminente”. Destacan la pérdida de garantías por parte del ciudadano, como el principio de la inocencia, como en el caso del nene tucumano Facundo Ferreira.

De acuerdo al CELS, otro punto que el nuevo reglamento no respeta es que cuando se usan armas de fuego, los funcionarios policiales deben reducir al mínimo los daños. Tampoco explicita cómo será el uso de armas en los casos de niños, niñas y adolescentes como indica el código de la ONU.

El organismo destaca que se trata de elevar las amenazas a la vida y la integridad y de un avance del poder ejecutivo sobre el judicial. “En la situación actual, los jueces son los que interpretan la normativa y los estándares de uso de la fuerza y deciden en cada caso. El nuevo reglamento recorta las facultades de los jueces para establecer posibles conductas ilegales ya que encuadra como ‘cumplimiento de deberes’ una amplísima gama de situaciones de uso de la fuerza letal que hoy son consideradas como irracionales y excesivas, intentando así eximir de responsabilidad al funcionario a priori”

El Centro de Estudios Legales y Sociales publicaron un documento con detalles legales y casos vinculados al gatillo fácil que difundió a través de su red social Twitter. 

Verbitsky: «Esto habilita a matar por la espalda a cualquiera»

Por su parte, el titular del organismo, Horacio Verbitsky, advirtió que la resolución es «muy grave», ya que habilita «a matar por la espalda a cualquiera».

En declaraciones al programa Siempre es Hoy, de Radio del Plata, Verbitsky observó que la norma ratifica la «Doctrina Chocobar», en referencia al episodio protagonizado por un policía de Avellaneda que disparó y mató por la espalda a un presunto delincuente en La Boca, hace un año.