Rubí Mirasso lleva más de tres años detenida. Desde la madrugada del 14 de julio de 2018, en La Plata, cuando la policía le encontró 2,3 gramos de una sustancia que parecía cocaína. Según su declaración, era paracetamol picado. La justicia aún no sabe con certeza qué era aquello por lo que se arrestó a esta joven trans: nunca se concretó el peritaje para determinarlo. Aún sin esa prueba, el juicio debía realizarse entre este jueves y viernes. La fiscal pidió postergarlo y, ante el rechazo, pidió carpeta médica. Rubí debe seguir esperando.
“Este tipo de casos evidencia cómo se da la persecución vinculada a los delitos de droga, concentrada en los últimos eslabones de la cadena, en situaciones de vulnerabilidad. Como Rubí, con trayectorias de vida complicadas”, dijo Fabio Vallarelli abogado del equipo Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a Rubí junto con la organización Reset – Política de Drogas y Derechos Humanos. Desde ese espacio difundieron que la mujer trans, oriunda de La Plata, dejó su casa y la escuela a los 13 años, víctima de distintas formas de violencia transfóbica, y luego comenzó a ejercer la prostitución.
“En el momento en que la detuvieron secuestraron una sustancia que ella dijo siempre que era Tafirol picado, porque no tenía plata. Siempre dijo eso. Lo único que se hizo fue un test de orientación, que se hace para saber si puede o no haber otras sustancias en lo que le incautaron, y el resultado no fue claro. Con eso la detuvieron y nunca se hizo el peritaje para ver si había efectivamente había droga y en qué cantidad”, detalló Vallarelli.
“Como no se había hecho ese peritaje, la defensa oficial pidió que se adelante la medida para llegar al juicio. La fiscalía consiguió una fecha para hacerlo, pero tuvieron un problema con la policía, que no llevó la muestra. A partir de eso la fiscalía pidió que se suspenda el debate, cosa a la que no se hizo lugar porque era algo que estaba pendiente desde 2019. Cuando vieron que llegaban a debate sin prueba (tampoco había testigos citados), intentaron pedir que se aplazara. Después que el tribunal oral le dijo que no a la fiscal, ella pidió carpeta médica para no ir a juicio. Porque iba a tener que desistir de la acusación”, relató el abogado del CELS. Por este accionar de la fiscal Graciela Rivero no se concretó el juicio previsto para este 11 y 12 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de La Plata, al frente del juez Andrés Vitali.
“Me causó mucha bronca, sobre todo. Yo tenía la esperanza de que se me termine todo esto ya. Porque vengo hace tres años y medio peleando con todo esto y la verdad que no se termina nunca. Me dio mucha bronca de parte de la fiscal, que sacó carpeta médica a las 9 de la mañana cuando el juicio era a las 10. A último momento. Bronca, angustia, depresión. Todo junto. Una mezcla horrible”, dijo Rubí, de 32 años.
Imputada por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización», un delito no excarcelable, Rubí estuvo 62 días presa en una comisaría, luego fue trasladada a la Alcaídia Pettinato, donde pasó otros 25 días, y finalmente fue llevada a la Unidad Penitenciaria 32 de Varela. “La espera fue un proceso engorroso y signado por los problemas de salud. A los once meses, le asignaron la prisión domiciliaria mientras espera el juicio oral”, narró Reset. Y agregó que ella “se negó a firmar el juicio abreviado, que es una forma que tiene el sistema penal para culpabilizar a las imputadas sin ejercer el derecho a la defensa y desatenderse de la sistemática vulneración de derechos de los colectivos trans/travestis”.
Según difundió el CELS, en la Provincia de Buenos Aires el 39% de la población de mujeres trans está privada de la libertad por delitos menores de drogas, y el 73% de ellas está presa sin condena. Reset resaltó que los delitos de drogas son la primera causa de detención de mujeres cisgénero, travestis y mujeres trans en Argentina y la tercera en varones (cis) en el país. “Las mujeres trans y travestis suelen ser detenidas por ocupar roles fungibles, riesgosos y no violentos en las redes de comercialización. Son el eslabón inferior de la cadena. Más del 70% están detenidas por infracciones menores a la Ley 23737”, la Ley de Drogas. “El Estado no se concentra en la narcocrimilaidad grande sino en estos casos menores donde no hay ningún tipo de afectación a la salud pública. En vez de tener una mirada de cómo estas personas en vulnerabilidad pueden estar un poco mejor, las terminan criminalizando”, cuestionó Vallarelli.
