La entidad monetaria comandada por Miguel Ángel Pesce publicó hoy la resolución mediante la cual se restringe el acceso de los dólares para las importaciones de insumos y bienes de capital para la producción.

La decisión del Banco Central se da en el marco del programa con el FMI que incluye un objetivo de acumulación de reservas por un monto de U$S 5.800 durante 2021 que, por el momento, aparece como una meta de difícil cumplimiento.

Las medidas apuntan, en general, a poner un límite a las importaciones de insumos y bienes de capital para dar prioridad al financiamiento en la importación de energía cuyos valores escalaron a partir del conflicto bélico en Ucrania. La medida también refuerza los límites para la importación de bienes suntuosos.

La resolución apunta a extender el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios y, según la propia entidad, “tendrán vigencia por un trimestre, para dar tiempo a la normalización del comercio exterior”.

Es que, más allá de las sospechas de crecientes maniobras especulativas bajo la forma del adelanto de importaciones por la percepción de una posible aceleración devaluatoria, lo que encendió una luz de alarma definitiva fueron los datos de la balanza comercial del mes de mayo cuando, las importaciones saltaron un 53,1% contra una suba de las exportaciones de apenas el 20,7% con relación al año anterior.

Por ese motivo el superávit de la balanza comercial de ese mes que alcanzó los U$$356 millones representó apenas el 20% del que se había registrado en el mismo mes de 2021. La suba del monto de las importaciones se explican por la escalada de precios pero también por una suba sensible en las cantidades.

Con las nuevas medidas, el BCRA, asegura que pretende “atender la importación de energía, con el objeto de sostener el crecimiento económico y el desarrollo de las pymes evitando maniobras especulativas sobre las importaciones”. Por ese motivo, la decisión exceptúa a las pymes de las medidas vigentes que restringen el acceso a las divisas por un monto equivalente a un 15% más de lo solicitado en 2021 aunque con un tope de hasta un millón de dólares.

Para el resto de las empresas que forman parte de la categoría A del Sistema de Monitoreo de Importaciones las medidas ponen un límite al acceso de divisas por hasta un 5% por encima de lo tramitado en 2021 y de hasta un 70% de lo solicitado en 2020.

Para la categoría B del SIMI que se refiere a los sectores afectados por licencias no automáticas se establece que podrán acceder al mercado de cambios a partir de 180 días del despacho a plaza.

Por otra parte, en coordinación con el ministerio de Desarrollo Productivo, se buscará ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días”.

En lo que se refiere a la importación de servicios la disposición “equipara en el tratamiento a la de bienes permitiendo el acceso al mercado por el mismo monto que en 2021” y, en caso de superar el importe, “el saldo tendrá un plazo de 180 días”.

En forma complementaria y con un propósito similar las medidas buscarán facilitar “la prefinanciación de exportaciones lo cual acelerará el ingreso de divisas especialmente del complejo cerealero, pasando la obligación de liquidar las divisas que se ingresen de 5 a 15 días, y la financiación a largo plazo para precancelar deudas locales en moneda extranjera”.

Las primeras repercusiones se reflejaron en los mercados paralelos de divisas donde el dólar blue escaló hasta los $232 y el Contado con Liqui que llegó hasta los $246.

Por otro lado, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su preocupación y, luego de una reunión con Miguel Pesce señaló que “el acceso a insumos importados es clave para que el proceso productivo no se detenga. La industria está aportando desde la agregación de valor, la inversión y la generación de empleo para que Argentina transforme la recuperación en crecimiento”.

Los industriales apuestan a una reducción de los plazos establecidos para acceder al mercado de cambios desde los 180 días hasta al menos la mitad.