Misiones es la primera provincia argentina que ingresa en una crisis institucional a partir del ajuste que aplica el gobierno nacional y que derrama sobre las provincias.
Los sucesos de ayer indican que no hay una solución a la vista y que existe una impasse en la cúspide del poder político.
A pesar de la decisión de un juez, que ordenó el desalojo del Comando de policía, nadie se hizo cargo de llevarlo a la práctica. En otras palabras, tanto la jefatura «leal» al gobernador Hugo Passalacqua como la Gendarmería dejaron que durante el fin de semana siguiera la toma y el acampe que lo acompaña desde la calle.
Los gendarmes responden al Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich. La funcionaria armó un Comité de Crisis con las autoridades locales, que hasta ahora no ejecutó la orden del juez de desalojar el cuartel policial.
El gobierno nacional se mueve con pies de plomo en este asunto y espera que los palos y zanahorias de Passalacqua alcancen para superar la crisis.
El gobernador misionero se ha mostrado más que proclive a apoyar al gobierno de Javier Milei: los siete diputados misioneros votaron a favor de la Ley Bases y se espera que hagan lo mismo los senadores. Es una consecuencia del acercamiento realizado por el ministro del Interior, Guillermo Francos.
La protesta policial no sólo desafía la orden de desalojo del juez. También hace oídos sordos al aumento salarial dispuesto por el gobierno provincial para acallar la protesta. Esa era la principal reivindicación y pedía una suba del 100%. El aumento ronda la mitad y si bien no fue rechazado de manera formal, ha sido considerado insuficiente por los amotinados.
El jefe de la Policía provincial, comisario general Sandro Martínez, aseguró ayer que «estamos trabajando en toda la provincia normalmente», pero obvió que si bien la base de la protesta la conforman policías retirados, también participan efectivos en actividad que van al lugar después de su jornada de trabajo, según refirieron los medios de Posadas.
Passalacqua encabezó ayer la primera reunión del Comité de Crisis. Allí anunció que su gobierno presentó una denuncia penal contra los policías por «robo y hurto calificado, sedición e incitación a la violencia e interrupción de comunicaciones y transportes, entre otros delitos».
El amotinamiento policial tapó la pelea de los docentes y estatales por el aumento salarial y en contra del ajuste de Passalacqua, que aplicó su propia receta para acompañar la política de Milei.
Los docentes hicieron paro toda la semana pasada y cortaron rutas provinciales a pesar de las amenazas de Gendarmería de desalojarlos a los tiros. Los docentes se mantienen firmes en su posición y amenazan con más medidas de fuerza.
