El gobierno festejó el quinto mes consecutivo de superávit fiscal. Según el Ministerio de Economía, las cuentas públicas cerraron en mayo con $ 2,33 billones de superávit primario y $ 1,18 billones de superávit financiero.
El festejo, amplificado por la red de medios que protege al gobierno, buscó instalar que el recorte de los gastos innecesarios, superfluos y vinculados a “la política” están funcionando. Sin embargo, detrás del bochinche en las redes sociales se encuentra una realidad muy diferente.
Entre enero y mayo, el resultado primario (ingresos y gastos corrientes) alcanzó un superávit superior al 1% del PBI, mientras que el financiero (la cuenta una vez pagados los intereses de deuda), llegó al 0,4% del PBI. Según un comunicado del Ministerio de Economía, esto se logró con una reducción del gasto del 31% en términos reales, además de un incremento de la presión tributaria.
Pero la reducción del gasto se sostiene básicamente en la licuación de las jubilaciones y los salarios estatales. Es licuación porque los aumentos otorgados por el gobierno en ambos casos estuvieron por debajo de la inflación.
Así, el 31% de la “reducción del gasto” correspondió al ajuste de las jubilaciones, mientras que otro 7,5% se debió a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos. Esto es, prácticamente 4 de cada 10 pesos de la “reducción del gasto” salieron de los bolsillos de los jubilados, pensionados y empleados estatales nacionales.
Sin este enorme ajuste de los ingresos, que fue ocultado en la campaña electoral por parte del entonces candidato Javier Milei, sería imposible el superávit. Esto porque los demás ajustes no tienen la misma magnitud.
Por caso, la tan mentada reducción de la obra pública (gastos de capital en la jerga presupuestaria) aporta solo el 23,6% del ajuste realizado en estos primeros cinco meses del año 2024. Pero para llegar a este nivel, el gobierno prácticamente eliminó 8 de cada 10 pesos destinados a esta finalidad, lo que se demostró como inviable: para lograr los votos necesarios en el Senado para aprobar la Ley Bases, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comprometió transferencias de recursos por más de 200.000 millones a 9 provincias, según lo publicado en medios locales. Claramente, la cifra es provisoria. Estas partidas comenzarán a horadar el superávit y a reducir el peso de la reducción de la obra pública en el ajuste.
Lo mismo sucede con los subsidios económicos, que significaron el 12,7% de la “reducción del gasto”. Pero significó un incremento enorme de las facturas de luz y gas y del boleto del transporte (esto último en el Área Metropolitana de buenos Aires, AMBA), que crecieron entre 3 y 4 veces respecto de sus valores de diciembre pasado. Y según los funcionarios del gobierno, este es solo el inicio del camino ya que aplicaron en este mes de junio nuevas subas de luz y gas y planifican más aumentos para los próximos meses. Pero preocupa el impacto de estos incrementos en el humor social, algo que el Fondo Monetario alerta cuántas veces puede.
La reducción de los programas sociales significó un aporte del 5,3% de la reducción del gasto en estos cinco meses. Esta es la cuenta en la que se inscriben tanto la caída de planes sociales (más de 120.000) como la licuación de los montos de los que siguen vigentes.
Por último, la eliminación de las transferencias corrientes a las provincias significó el 7% del gasto eliminado. A ello se le suma un 3,3% en gastos de funcionamiento y el restante 6,6% correspondiente a todos los demás gastos ajustados.
