Luego de un largo litigio, el años pasado, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Como la magistrada aún no publicó su decisión sobre el pedido del Fondo Burford, ganador de aquella contienda judicial, para que le entreguen la mayoría de las acciones de la empresa, ahora el gobierno de Estados Unidos solicitó poder opinar sobre el asunto.

El gobierno estadounidense le pidió a la titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York tiempo hasta el 6 de noviembre para hacerlo. La fecha no sería azarosa ya que es un día después de las elecciones presidenciales en aquel país. De todas maneras, Preska puede rechazar la pretensión del Departamento de Justicia. 

La información fue publicada por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, quien analizó que se trataría de una especie de “amicus curiae” en favor de la Argentina, recomendando a Preska que no ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo. “Uno de los argumentos es que se trata de naciones amigas, soberanas y que mantienen buenas relaciones”, adelantó el especialista en diálogo con Infobae.

Cabe mencionar que Argentina fue condenada en primera instancia el año pasado por mala praxis expropiatoria y que el gobierno nacional apeló ese fallo, que hoy está en manos de una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Antecedentes

Tal como informó Tiempo a fines del año pasado, Burford Capital adquirió los derechos de litigio al Grupo Petersen, que se basan en el estatuto de YPF, el cual obligaba al Estado a hacer una oferta por todas las acciones en manos del sector privado cuando expropió con pago las correspondientes a Repsol, en 2012.

En su sentencia de septiembre, Preska ordenó que Petersen (es decir, Burford) reciba U$S 14.385,4 millones (exactamente U$S 14.385.449.737) de los cuales U$S 7.533,2 millones corresponden a daños y U$S 6.852,1 millones al 8% de interés simple previo a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.

También ordenó que el Estado argentino le pague a Eton Park, el segundo demandante, U$S 1.714,3 millones (exactamente U$S 1.714.338.556) de los que U$S 897,7 millones corresponde a daños y U$S 816,5 millones por 81 intereses simples previos a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.