Desde la Cámara de Diputados pretenden vulnerar el Derecho social a la Educación en nuestro país, para convertirla en un servicio.

De manera engañosa plantean la idea de la esencialidad de la educación, pero el verdadero y único objetivo del proyecto que impulsa el Bloque de Cambiemos, con el apoyo del oficialismo y la UCR, es cercenar el derecho a la protesta social y abrir las puertas para la definitiva privatización de la educación en la Argentina.

Si realmente estuvieran preocupados por la educción, hubieran alzado la voz en contra de la degradación del Ministerio a una simple Secretaría, y hoy no serían cómplices del salvaje ajuste que se ve reflejado en el desfinanciamiento total del sistema educativo, traducido en: la quita del FONID, la baja de los salarios docentes y constante pérdida del poder adquisitivo, en la interrupción de los programas nacionales como la entrega de libros y computadoras, la suspensión de envío de fondos para comedores escolares, copa de leche y obras de infraestructura, en la interrupción de la formación docente gratuita y en ejercicio, en la vuelta del impuesto a las ganancias, en las reformas jubilatorias… Un ajuste que también se produce en la economía de toda la población, afectando especialmente al sector de argentinos y argentinas que caen bajo la línea de pobreza de manera estrepitosa debido a las políticas del gobierno actual, con las graves consecuencias que esto tiene también en el campo educativo.

A los legisladores que quieren convertir a la educación en un servicio, no les importa realmente la educación, el verdadero objetivo es atacar directamente a la docencia vulnerando nuestros derechos laborales, para ajustar cada vez, y disciplinar a nuestro sector para que no podamos reclamar por salarios y condiciones laborales dignas.

Es una verdadera irresponsabilidad ciudadana por parte de estos legisladores, desconocer el importante proceso histórico-democrático en el que se debatió con una amplia pluralidad de ideas y de sectores, y a través del cual, en el año 2006, se llegó a un gran acuerdo nacional que se vio plasmado en la Ley de Educación Nacional 26.206, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional.

El proyecto actual de declaración de la educación como servicio, entre otras aberraciones, habla de “guardias mínimas”, lo que deja en clara evidencia la concepción reduccionista de la educación, entendiendo a la escuela como a una “guardería” o un “depósito” y no como una institución educativa o una cultura institucional en la que se desarrollan procesos complejos de enseñanza y de aprendizaje.

Lo único que piensan es tratar de que las y los estudiantes estén “adentro” de las escuelas, independientemente del sentido pedagógico y sin garantizar las condiciones dignas para el desarrollo de un proyecto institucional que favorezca la enseñanza y el aprendizaje.

El proyecto habla también de una “campaña de concientización” sobre la idea de la educación como servicio. Esto sería un verdadero retroceso en relación al debate ya saldado con le Ley de Educación Nacional, la 26.206.

A pesar de contar con esta norma de plena vigencia, las autoridades intentan imponer un debate innecesario; y “propagandizan”  un viejo anhelo pensado por un sector reaccionario, sin haber promovido antes, las debidas instancias de participación democrática para que, de manera amplia y plural, se pueda reflexionar con las maestras y maestros, con las y los estudiantes y sus familias, con las y los especialistas en educación acerca de lo que significa el DERECHO SOCIAL A LA EDUCACIÓN en el contexto actual.

Lo que hoy hace falta, es cumplir efectivamente con la Ley de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo, e impulsar políticas educativas que mejoren al sistema en clave de derechos y que no conviertan a la educación en un servicio o una mercancía más. Lo que hoy hace falta es más financiamiento educativo, con metas acordes a las verdaderas necesidades terminando con el ajuste perpetuo del actual gobierno.

En cambio, los SERVICIOS se PRESTAN y la educación no puede ser considerada como “una prestación de servicio”, ya que, desde esta concepción, se avanza hacia la comercialización del sistema educativo, el financiamiento de la demanda a través de los vouchers y la injerencia de las empresas privadas en el campo educativo.

Desde CTERA, rechazamos este proyecto de Ley porque, como siempre, estamos del lado de la defensa de DERECHO A LA EDUCACIÓN y de la ESCUELA PÚBLICA.

La Educación es un DERECHO consagrado por Ley. 

Los DERECHOS se EJERCEN y deben ser garantizados por el Estado.