En Buenos Aires, la ministra Patricia Bullrich se perfumaba para anunciar, vivaracha, que familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros ecuatorianos, quien se fugó junto a su hermano y otros presos de la Penitenciaría del Litoral de Guayas, habían sido hallados en una casa en el barrio privado Valle del Golf -sobre la ruta 20, camino a Alta Gracia- en la localidad de Malagueño. Dijo: «Que lo sepa todo el mundo. Argentina no va a ser un narcopaís», aunque sólo se tratara de la mujer del criminal, Mariela Peñarieta (conocida como Inda, de 48 años) y tres de sus hijos: Michelle (21); Ilse María (12) y Lian Sejam (4).
En Guayaquil, llegado el fin de semana, mientras que el clima de tensión no se detiene y tampoco la búsqueda de los narcos fugados, dos sospechosos permanecían detenidos por su presunta implicancia en el asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez Pillay, cocido a tiros en su automóvil, el miércoles pasado. Se trata de un conocido fiscal por haber asumido casos de corrupción en hospitales durante la pandemia del Covid-19, quien no sólo tenía a su cargo varias causas que involucran a grupos de narcotraficantes sino que investigaba el copamiento a los estudios de TC Televisión, un episodio que fue símbolo del estallido de la crisis de violencia. Incluso tenía bajo su mirada un extraño video que sugería que la toma del canal habría sido pactada de antemano. Hace unas horas se supo que, poco antes de su muerte, investigaba el paradero de la mujer de Fito, Inda, quien por entonces era hallada en Córdoba.
En Buenos Aires, el crimen del fiscal ecuatoriano fue utilizado por algunos medios argentinos para recordar la muerte del fiscal Alberto Nisman (ocurrida el 18 de enero, pero de 2015) un episodio con pruebas evidentes de suicidio, aunque sectores judiciales y mediáticos insisten en caratular de asesinato.
En Quito, hace unas horas, Jorge Viterti, de 41 años, quien se desempañaba como secretario de Fiscalías en el Ministerio Público, fue hallado muerto en Quito, tras caer de un 8° piso. La investigación no confirmó detalles de lo sucedido y qué relación tendría con el episodio de César Suárez.
Apunten, disparen…
Mientras, en diversas partes del mundo, en especial en el norte, una serie de artículos sugestivamente direccionados en el mismo sentido, presentaban títulos que sugerían la responsabilidad de Rafael Correa de haber legalizado pandillas en Ecuador durante su gobierno, pero en los textos no lo sustentaban, o más bien justificaban la acción del entonces gobierno de Alianza País (2007-2017).
Justamente a poco de asumir, el entonces presidente del país enfrentó a las pandillas callejeras y a las más violentas con una política inédita con la intención de dar una respuesta a la creciente ola de reclamos por el incremento de la violencia y de los homicidios. «Se estableció una especie de nuevo contrato social en que el Estado se comprometía con la ciudadanía a través de mayores recursos en bienestar, salud y educación, y a cambio, esperaba que los ciudadanos cumplieran con sus obligaciones y responsabilidades construyendo cohesión comunitaria y reforzando la relación entre Estado y sociedad civil». Se trata de una explicación de David Brotherton, experto en bandas latinas de la Universidad Municipal de Nueva York.
Se le atribuye a Correa que lejos de atacar a esas bandas, negoció con ellas, las legalizó y creó una red para darle apoyo social, formación y trabajo a los pandilleros. En definitiva, según cifras que arrojan informes de organismos de las Naciones Unidas, la tasa de homicidios en Ecuador bajó una tercera parte durante la década que Correa ocupó el sillón presidencial en el Palacio de Carondelet. Llegó al gobierno cuando en el país había 18 homicidios cada 100 mi habitantes. Al irse, la tasa había descendido a 8. Durante el 2023, un año de particular grado de violencia, el valor registrado fue récord: 44.
Dándole la espalda a esta realidad, Mónica Palencia, una ministra del gobierno actual de Daniel Noboa, desde Quito declaraba a una radio de la Argentina que los pactos de paz de Correa fueron una «entrega del país». Incluso el propio flamante presidente hizo una acusación ambigua (“Creo que durante el gobierno de él [Correa], no voy a decir que fue él, el que sembró la semilla, pero durante su mandato empezaron a instaurarse estos grupos, estos grupos hoy en día narcoterroristas muy poderosos”), que en algunos casos se transcribieron como “duras imputaciones”.
Correa respondió por redes o por donde pudiera con frases como “vuelven las mentiras de los mediocres”, o más concreto: “Creer lo imposible y negar lo evidente. Ya hace siete años que no somos gobierno”. Al mismo tiempo, reconoció la existencia de “un conflicto armado interno” y llamó a los grupos actuales como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.
