El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó en un comunicado que el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca «impedir con represión la protesta social», alertó que se «criminaliza a quienes se manifiestan» y se persigue» a las organizaciones porque cortar las calles no es delito».

Además, dice el texto, «pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales».

La coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, en diálogo con Télam estimó «alarmantes y preocupantes» los anuncios porque se «plantea una falsa idea de orden para abordar la conflictividad a través de la represión de la protesta social como ésta fuera un delito. El derecho a la protesta está en la Constitución y en los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y la ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones».

Justamente sobre la presencia de niños y adolescentes en las manifestaciones, Darraidou consideró «gravísimo no solo la persecución de las personas que deciden manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política» en referencia a lo que Bullrich anunció como un «registro de organizaciones».

Sobre posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, Darraidou puntualizó que «las armas que el gobierno de Bullrich llama ‘no letales’ y que nosotros llamamos ‘menos’ letales, (como las balas de goma o las pistolas Taser) pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes en contextos de protestas sociales recientes».

Por último, el CELS alertó en un comunicado que «es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales. Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles», recordó. Y advirtió que «ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes».