Pasaron dos meses del violento desalojo a familias campesinas en el Paraje San Lorenzo 2, municipio de Wanda, provincia de Misiones. Las personas que resultaron víctimas reclaman que las autoridades ejecutivas den una respuesta a la brevedad. Al menos 50 efectivos de las fuerzas policiales los golpearon y les prendieron fuego sus casas. Según la denuncia, cumplieron orden de la empresa multinacional ARAUCO S.A.
Las familias campesinas trabajan la tierra hace más de una década en ese lugar, las víctimas cuentan que compraron esos terrenos con los ahorros de toda la vida. Fueron notificadas dos horas antes de ser desalojadas, lo que deja al descubierto un mal procedimientos por parte de las autoridades. Una madre estuvo tres días detenida, cuentan que lo hicieron para callar el reclamo.
Con los ahorros de toda la vida
“El pasado 5 de julio los policías nos golpearon brutalmente y nos sacaron de nuestras casas, es una vergüenza que todavía estemos esperando una respuesta. Desde el municipio de Wanda nos dicen que ellos no pueden hacer nada porque el que dio la orden es el juez de Iguazú. Pero cuando le preguntan desde la gobernación y desde la intendencia les dicen que ellos están interviniendo en el asunto para dar una solución”, aseveró Virgilio Correa, una de las víctimas, en diálogo con Tiempo.
“Nosotros jamás le pedimos nada a nadie, porque somos personas de trabajo, pero ahora si necesitamos ayuda con extrema urgencia, perdimos la totalidad de la inversión que hicimos, los ahorros de toda la vida. En esas tierras quedó nuestra chacra, ahora no tenemos nada, yo pensaba armar un criadero de pollos”, explicó Virgilio, muy angustiado.
“Es muy injusto todo lo que nos pasó, nunca le pedimos un clavo ni una chapa a los políticos, siempre conseguimos todo con nuestro sudor, porque así fuimos criados, pero ahora nos tienen que devolver lo que nos arrebataron”, reclamó el campesino.
Filmaciones de la brutalidad policial
“Tengo todos los videos -a los que este diario tuvo acceso- en los que se ve cómo los policías nos sacaban a los golpes y mis hijos lloraban, porque a ellos también les pegaron. Están filmados mientras rompían todo y prendían fuego nuestra casa, pero hasta el momento ninguna autoridad nos ayudó”, denunció Eduardo Garcete, otra de las víctimas.
“Está todo registrado, pero intentaron acusarnos de que fuimos nosotros mismos los que cometimos los hechos, los vecinos filmaron hasta cuando nos llevaban esposados a los móviles policiales. Cuando llegaron nos dijeron que teníamos dos horas, después les dije que íbamos a salir, pero el comisario a cargo del operativo nos gritó ‘acá sale ni entra nadie’, porque la intención de ellos era armarnos una causa penal”, explicó el hombre de 36 años.
Su compañera de vida -que estuvo detenida injustamente tres días- es Norma de 41 años, con quien tiene cuatros hijos de 7, 9, 14 y 15. Todos fueron golpeados, esposados y detenidos, están traumatizados por toda la violencia y la pérdida del hogar donde fueron criados.
Causa penal armada
“Me acusaron de amenaza con arma blanca y resistencia a la autoridad, eso es mentira. Necesitamos que alguien nos ayude, porque las autoridades de este lugar están mal acostumbradas, se tapan entre ellos. Lo que nos hicieron a nosotros es una gran injusticia, somos trabajadores, teníamos una chacra hermosa con diez años de trabajo”, reclamó Eduardo.
“De todos modos, lo que más me dolió, fue que le pegaron a mi familia y a los trabajadores, eso me quedó marcado en el alma, porque nosotros somos personas que vivimos toda la vida de la chacra. Nunca hicimos nada malo, porque así fuimos criados, bien derechos, cuando se arrima el sol nosotros ya estamos alistando el mate y aprontándonos para realizar nuestra jornada”, expresó el campesino.
“Me dieron un golpe muy fuerte, casi me desnucaron, no me reventaron la cabeza de milagro. Nos tuvieron detenidos y esposados de las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde, a mi señora la dejaron encerrada tres días”, denunció el hombre. “Tenemos mucho dolor, mis hijos extrañas la chacra”, agregó.
“Las otras dos viviendas que prendieron fuego tenían caseros, también los sacaron a los golpes y quemaron todo. En esas dos propiedades iban a llevar adelante un proyecto muy lindo; un criadero de pollo”, contó Garcete.
“Hasta el momento no tuvimos ninguna noticia del municipio ni de ninguna de las autoridades de Wanda, esperamos que la provincia nos ayude. El acompañamiento que tenemos es de personas de afuera, organismos de Derechos Humanos, que son personas a las que no les gustan las injusticias, pero es difícil, porque como dije antes; acá se tapan entre ellos”, señaló.
Un dolor muy grande
“Perdimos todo lo que logramos con muchísimo esfuerzo, nuestra casa, la cosecha, los animales, nuestros muebles, me duele hasta el alma, porque mis hijos me preguntan y no sé qué decirles, me parte el corazón al medio”, expresó Eduardo, muy angustiado.
“Lo que pasa es que nosotros somos buenas personas, no animales como ellos, que no les importa nada y se manejan con crueldad, la empresa ARAUCO siempre hace este tipo de cosas y tapa todo con las autoridades, les paga”, denunció.
“Nosotros sabemos que la intendenta de Wanda, Romina Faccio, la policía y el juez de Iguazú son toda una misma mafia, por eso es muy difícil la vida en este lugar”, explicó Garcete. “Ahora mi hermana nos prestó una casa para que no estemos en el monte con los chicos. Y el municipio aprovecha eso para decirnos que no nos corresponde ayuda de ellos, porque no estamos sin techo, que tenemos un lugar para estar, así se lavan las manos”, apuntó.
“La chacra era nuestro hogar, ahí nosotros pensábamos tener un futuro y construir algo lindo para los chicos. Gasté los ahorros de toda mi vida para comprar esa propiedad, gané el dinero trabajando de sol a sol, sin parar, de lunes a lunes, lo hice por mis hijos. Los vecinos antiguos del lugar conocen toda la historia y saben que somos los dueños legítimos de esa tierra”, enfatizó el campesino.
Derechos Humanos
Organizaciones sociales, de Derechos Humanos y vecinos presentaron una nota al gobierno de la provincia de Misiones hace unas semanas atrás, en la cual piden que les den tierras para producir a las familias que resultaron víctimas.
Este diario se comunicó con José Luis Fuentes, abogado de la Fundación Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género. Contó que hace tres semanas tuvimos una respuesta, les contestó Daniel Behler, que es el Subsecretario de Asuntos Registrales y Tierras de la Provincia.
“Nos dijo que no tendrían problemas en juntarse para evaluar posibles soluciones, teniendo en cuenta la limitación de acceso a la tierra porque ya no hay terrenos fiscales, pero que ellos tienen predisposición a brindar una solución”, explicó.
También les dijo que la intendenta de Wanda siempre estuvo dispuesta a ayudar, es algo que las familias víctimas siempre desmintieron, “es la versión que le llegó al funcionario provincial”, apuntó Fuentes.
Por eso tendrán una instancia de diálogo a nivel provincial y municipal para buscar una solución concreta para las familias, para que puedan tener una tierra donde vivir y producir sus cosechas.
Así es como lo estipula la Constitución de la Provincia de Misiones, el gobierno les tiene que dar una respuesta. “En cuanto a la empresa ARAUCO, tuvo un proceso judicial, una sentencia y se comprobó que protagonizó muchísimas violaciones a los Derechos Humanos”, finalizó.
