A través de un texto presentado al Tribunal Oral Federal de San Juan, sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar reclamaron que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria que tiene Jorge Antonio Olivera, luego de que se conociera que el represor condenado tres veces por crímenes de lesa humanidad realizó una gran fiesta por su aniversario de casamiento.
En la presentación, difundida por Canal 13 de San Juan, ex presas y ex presos políticos denunciaron el caso del genocida Olivera como muestra del “régimen de privilegio del que gozan los genocidas a quienes se les ha concedido prisión domiciliaria modalidad de cumplimiento de pena”.
Olivera integró la Plana Mayor del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) de San Juan como oficial de Inteligencia y también prestó servicios en el Regimiento de Infantería 7 “Coronel Conde” de La Plata. Fue condenado en tres juicios de lesa humanidad a prisión perpetua por los delitos homicidio agravado, torturas y tormentos, privación ilegítima de la libertad, secuestros, robos en la casa de las víctimas, violaciones y abuso sexual.
El texto destaca sus intentos por evadir la justicia durante muchos años. “Desde que fue detenido por primera vez en el 2000 en el Aeropuerto de Fiumicino, Roma, utilizó todo tipo de estrategias para evitar su detención y juzgamiento. Ejemplo de ello es la presentación de un certificado falso de defunción de una de sus tantas víctimas Marianne Erize. Cabe recordar que la Cámara Federal de Mendoza (cuyos integrantes fueron condenados posteriormente por crímenes de Lesa Humanidad) le concedió la excarcelación. Desde ese momento no se presentó, ante reiteradas citaciones, ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, manteniéndose prófugo hasta el año 2008 en que es detenido en su domicilio”, detallaron las víctimas.
En el año 2013 se produjo su segunda fuga. A los 20 días de su primera condena a perpetua por los crímenes del Grupo de Tareas del RIM 22 de San Juan, Olivera solicitó atención médica en el Hospital Militar en Buenos Aires, donde trabajaba su esposa Martha Ravassi. “Olivera se fuga del Hospital Militar junto con Gustavo Ramón De Marchi, consorte de causa y fuga. Estuvo fugado desde 2013 al 2017 y fue encontrado en el baúl del auto en la casa de su esposa. Fue trasladado nuevamente a San Juan donde se consustanciaron dos juicios más, y condenado nuevamente a prisión perpetua”, añadieron.
A pesar de sus dos fugas, en 2021 la Cámara Federal de Casación Penal decidió beneficiarlo con la prisión domiciliaria y se la mantuvo aun cuando presentó un certificado médico sin fecha para ausentarse de su casa.
La fiesta por los 50 años de casado, difundida por Pagina 12 días atrás, en la que participaron la militante por genocidas Cecilia Pando y el represor De Marchi (también con domiciliaria), y Palito Ortega hizo un show musical, fue un nuevo desafío a la justicia y una nueva ofensa a las víctimas de los delitos por los que fue condenado.
“Creemos necesario como víctimas de la violencia perpetrada por estos genocidas expresar nuestra honda preocupación al observar que la pena impuesta por hechos de semejante gravedad no puede ser devaluada por el mal uso de un instituto de carácter humanitario como es la prisión domiciliaria, de la que gozan los genocidas. Nuestra preocupación aumenta al observar la evidente vinculación de este hecho (la fiesta de Olivera) con el resurgimiento de las teorías negacionistas del Terrorismo de Estado sostenida firmemente por la actual vicepresidenta Victoria Villaruel”, cuestionaron los y las sobrevivientes y exigieron “que hasta tanto se dicte la revocación del beneficio de prisión domiciliaria, ordenen los controles pertinentes por parte de los órganos administrativos que correspondiere para los genocidas Olivera y De Marchi)”.
Además de este pedido de las víctimas, los fiscales Dante Vega (Mendoza) y Francisco Maldonado (San Juan), solicitaron medidas al Tribunal Oral Federal de San Juan para determinar las circunstancias en que se llevó a cabo el festejo. “Esta situación genera conmoción social y desnaturaliza el sentido de la pena, particularmente cuando se está frente a una persona múltiplemente condenada a prisión perpetua por gravísimos crímenes calificados como delitos de lesa humanidad”, señalaron.
A partir de esa presentación, el Tribunal investiga si el tres veces condenado a perpetua violó las condiciones de su prisión domiciliaria.
