Las clases tampoco arrancarán mañana en la provincia de Buenos Aires: el Frente Gremial Docente anunció un nuevo paro de 24 horas para mañana miércoles en las escuelas públicas bonaerenses en el marco del tenso conflicto salarial con el gobierno de María Eugenia Vidal.

La medida fue dispuesta por SUTEBA, FEB, SADOP, AMET, UDA y Udocba en la última jornada del paro nacional por 48 horas que impidió el comienzo normal de clases en la Provincia y que, según los sindicatos, tuvo un acatamiento del 90%. «Los seis gremios docentes de la provincia informan que el gobierno no realizó convocatoria alguna», anunciaron en un parte de prensa y agregaron: «El frente de unidad de los docentes ha resuelto declarar un paro de 24 horas para el 8 de marzo».

La presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, sostuvo que «las autoridades bonaerenses no escucharon los más de 70 mil docentes que se movilizaron ayer y el alto nivel de adhesión, en las jornadas de paro de estos dos días».  »Acá no somos los dirigentes los que tomamos las medidas, son nuestras bases, nuestros docentes quienes se dan cuenta que no hay un llamado, una convocatoria provincial para destrabar el conflicto», dijo Petrocini. Y agregó: «No están interesados en que los docentes volvamos a las escuelas y muchos menos quieren que se resuelva esta situación».

Los gremios y el gobierno se reunieron por última vez el viernes y desde entonces el diálogo está cortado. En esa oportunidad, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, les dictó la conciliación obligatoria para evitar la adhesión al paro nacional de ayer y hoy, y además los convocó a una audiencia para mañana, que aún sigue vigente. Los docentes desconocieron esa medida por entender que la cartera laboral «no tiene facultades» para intervenir porque «es juez y parte» y fueron a la justicia.

Ayer, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los gremios y limitó las facultades del Ministerio de Trabajo al pedirle que se abstenga de tomar medidas que afecten el derecho a huelga de los afiliados a los gremios FEB y SUTEBA, que son los que recurrieron a la justicia, y dejó sin vigencia los efectos de la conciliación obligatoria. Arias también recordó que está pendiente la creación de un organismo imparcial, como establece el artículo 39 de la Constitución Provincial, que medie en los conflictos entre el Estado provincial y sus empleados.