El Senado se apresta tratar este jueves el proyecto de financiamiento educativo que cuenta con media sanción de la cámara de diputados. Los legisladores de la cámara baja aprobaron la ley el 15 de agosto con el apoyo de 143 parlamentarios y el rechazo de 77.

El debate en la comisión conjunta de educación y presupuesto se lleva adelante por estas horas y, si bien podría disponer el tratamiento de la ley el miércoles o la próxima semana, se espera que resuelva su tratamiento como es tradicional el mismo jueves 5 de septiembre.

Foto: Edgardo Gómez

El proyecto impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) que pudo agrupar las voluntades del bloque de Encuentro Federal, de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, dispone un mecanismo de actualización salarial según el índice de precios al consumidor (IPC) para el salario de los trabajadores docentes y no docentes de las 61 universidades nacionales. El incremento dispuesto, además, implica el reconocimiento y recomposición de los haberes desde noviembre de 2023 al presente período durante el cual los trabajadores de las universidades resignaron más de un 40% de su poder adquisitivo.

Se trata del sector con la peor caída del salario real incluso por detrás del conjunto de los empleados públicos que perdieron poco más de un 18% desde la asunción de este gobierno.

Para garantizar la aprobación del proyecto de ley en el Senado en el que las fuerzas opositoras, a priori, cuentan con una mayoría, la CONADU Histórica, uno de las federaciones más representativas a nivel nacional en las 61 universidades públicas de todo el país dispuso un nuevo paro nacional que se suma a los ya más de cinco días sin clases que se acumulan desde el 12 de agosto cuando comenzó en forma total la actividad académica en las universidades.

En la UBA, la universidad más grande del país, el sindicato de base AGD-UBA adhiere a la medida y junto con CONADUH convocan a la docencia a movilizar al Congreso para reclamar a los legisladores la aprobación del proyecto de ley. El resto de las federaciones participarán de una radio abierta en el lugar sumando de esa manera su apoyo a la medida.

En un comunicado la AGD-UBA señala que “Sin plan de lucha, no hay nada”. A continuación aseguran que “Ni la repercusión pública de la situación universitaria, ni estos debates en el Congreso, ni las manifestaciones de las gestiones universitarias, ni esta ley que ahora está en tratamiento, nada de eso hubiera existido sin los paros y la movilización docente, estudiantil y no docente del primer cuatrimestre, y sin el plan de lucha que amenazó con la paralización de los colegios preuniversitarios y las universidades”.

El sindicato de la UBA señala que “seguimos reclamando tanto la continuidad como la profundización del plan de lucha” y que sigue “reclamando una nueva y masiva movilización para conquistar nuestro derecho a la recomposición salarial”. A la vez, indican que sostienen su “exigencia a las centrales sindicales para que convoquen a un paro general y un plan de lucha”.

La CONADUH adelantó que «en caso de que la ley no se apruebe el 5 de septiembre, el Plenario definió llevar al Frente Sindical de Universidades Nacionales, la propuesta de coordinar un paro nacional de 72 horas para la semana del 9 septiembre con acciones visibilización».

Con todo, la aprobación de la norma no garantiza la recomposición salarial en tanto el presidente de la Nación Javier Milei ya adelantó su intención de disponer un nuevo veto contra lo dispuesto por el parlamento. Por eso, se adelantan, “llamamos a movilizarnos y lanzar una jornada de paro si se produce el veto de Milei”.

A la vez indican que “nos preocupa que el Frente de Gremios no haya ratificado la continuidad de ninguna medida de lucha y que siga sin fijarse la fecha de una masiva movilización por nuestros salarios. La orientación de que solo con las conversaciones en el Senado se puede resolver la crisis universitaria es equivocada”. Y, concluyen, “si llegamos hasta acá por la lucha, con más razón hay que seguirla para conquistar nuestro salario y para derrotar una política de Milei contra la universidad pública y la ciencia”.