Luciana Litterio, nombrada el 4 de mayo por el ministro del Interior Guillermo Francos como presidenta de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), recibió recientemente un llamado que la puso entre la espada y la pared. El presidente de la República, Javier Milei, le pedía, o quizás le ordenaba, que revocara de inmediato la condición de refugiado de Leonardo Bertulazzi, un italiano exintegrante de las “Brigadas Rojas”.
Litterio tenía dos opciones: hacer caso omiso al pedido, respetando así los pactos internacionales suscritos por el país y honrando su pasado de académica especializada en refugio y migraciones internacionales, con una carrera de 16 años como jefa de asuntos internacionales en la Dirección Nacional de Migraciones —cargo para el cual fue nombrada durante el primer mandato de Cristina Fernández y confirmada por todos los gobiernos sucesivos—, o acatar la orden presidencial, tirando por la borda su trayectoria y su previsible paso a un cargo directivo en ACNUR o un puesto diplomático en las Naciones Unidas.
Probablemente, el temor a verse expuesta a un acoso constante en redes sociales por un ejército de trolls influyó en su decisión.
Bertulazzi encarna el fantasma comunista que Milei ve en todo opositor; el exbrigadista rojo está acusado de haber participado en 1977 en el secuestro de Piero Costa, un empresario naval que fue liberado tras 81 días de cautiverio y cuyo rescate millonario, unos 7 millones de euros actuales, financió a las Brigadas Rojas durante años. Bertulazzi estuvo muy poco tiempo en las Brigadas Rojas: después de su militancia en Lotta Continua, pasó a la lucha armada ingresando a las Brigadas Rojas en 1976. En enero del 77, participó en el secuestro de Pietro Costa, y ese mismo año resultó herido mientras intentaba construir una bomba. Fue detenido en el hospital hasta finales de 1979. Estos sucesos lo hacen ajeno al caso Moro, quien fue secuestrado y asesinado mientras Bertulazzi se encontraba preso.
El 17 de septiembre, luego de sobrevivir a un tiroteo con la policía, Bertulazzi se fugó a El Salvador y en 2002 llegó al país. Después de un largo seguimiento por parte de los investigadores italianos, en julio de 2003, lo encontraron en Constitución. Tras ocho meses de detención, la jueza federal María Servini de Cubría liberó a Bertulazzi, ya que la ley argentina no prevé la extradición en casos de condena en contumacia, es decir, en ausencia. Bertulazzi debía haber cumplido una pena de 27 años en virtud de varias sentencias de condena, la última de las cuales fue emitida por la fiscalía general de la República Italiana en 1997.
En junio de 2017 se declaró extinguida la pena por prescripción, y la decisión fue confirmada en marzo de 2018 por la Corte de Casación. En ese momento, Bertulazzi recuperó su libertad, con la oportunidad de volver a Italia sin riesgo de ser detenido. Sin embargo, el 7 de mayo de 2018, la Corte de Apelación de Génova revocó las sentencias anteriores, determinando que la prescripción no se había producido, ya que, esencialmente, el arresto en Buenos Aires en 2002 había reiniciado el conteo de los plazos desde cero. No obstante, la situación no afectó a Bertulazzi, al ser considerado refugiado político por CONARE y en virtud de fallos de la Corte Suprema sobre la extradición de personas condenadas en ausencia.
Carlos Manfroni, a cargo del operativo de arresto de Bertulazzi, quien ahora tiene 71 años, afirmaba el 30 de julio de 2023 en el diario La Nación que “nadie debería estar en prisión después de los 70 años”, a menos que sea «zurdo», faltaría agregar. Manfroni, actual jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, coautor junto a Villarruel del libro Los otros muertos, fue consultado por la revista online italiana Il Sussidiario y afirmó que «bajo la presidencia de Javier Milei y con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, se decidió no proteger más a exterroristas de la extradición». Lamentó que “en el caso de los terroristas argentinos de los años 70, los tribunales consideraron que sus crímenes prescribieron y no fueron catalogados como delitos de lesa humanidad, un criterio con el que no concuerdo, pero que actualmente impide encarcelarlos”.
En la primera gestión de Bullrich, formó parte del “equipo de crisis” por la desaparición de Santiago Maldonado y estuvo en el centro del espionaje ilegal a por lo menos 22 jueces, entre ellos dos integrantes de la Corte Suprema (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).
En la nueva gestión, su marca personal no se hizo esperar: rechazó entregar legajos de efectivos de las fuerzas a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
Durante la cumbre del G7 en Italia, Milei fue fotografiado en un abrazo casi cinematográfico con la primera ministra Giorgia Meloni. Las cámaras registraron el instante, pero lo que no capturaron fueron las palabras intercambiadas en ese momento. ¿Le habrá pedido Meloni, entre risas, que enviara a Bertulazzi de vuelta a Italia? ¿O tal vez se hizo referencia a la “gracia” concedida en enero por el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, al sacerdote Franco Reverberi?
Reverberi estaba prófugo en Italia desde 2011, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina, incluyendo el asesinato de José Guillermo Berón en Mendoza. La extradición del cura había sido aprobada en 2023 por la Corte de Casación de Bolonia, tras un prolongado proceso de 12 años iniciado por la Justicia argentina.
Aunque Argentina e Italia firmaron acuerdos de extradición, como la Ley Nº 23.719 de 1989 y la 24.767 de 1996, las relaciones bilaterales han estado marcadas por frecuentes rechazos de extradiciones. Infames son los casos de los neofascistas que encontraron refugio en Argentina, colaborando con la dictadura en el Plan Cóndor y en las operaciones clandestinas de la Gladio, el ejército secreto de la OTAN.
Es el caso de Giovanni Ventura, editor de textos antisemitas y teórico de la infiltración en movimientos de izquierda y de operaciones de bandera falsa, militante de Ordine Nuovo, organización de extrema derecha dirigida en las sombras por el SIFAR, el servicio de inteligencia militar, fundada por Pino Rauti, padre de Isabella Rauti, subsecretaria de defensa de Meloni. Ventura llegó al país el 16 de enero de 1979 con un pasaporte falso, después de haber escapado de la cárcel de Catanzaro a días de la sentencia que lo condenó a cadena perpetua por una serie de atentados, entre ellos la explosión en el Banco de la Agricultura en Piazza Fontana, que dejó 17 muertos y 88 heridos.
Por meses, Italia presionó a la dictadura para que capturara a Ventura, de quien conocían el paradero, y finalmente lo arrestaron la noche entre el 11 y 12 de agosto de 1979 en la ciudad de La Plata, en el domicilio de Christian von Wernich, ex capellán de la policía bonaerense, hallado culpable de 34 casos de secuestro, 31 de tortura y siete homicidios calificados. El Juez Federal de la dictadura, Martín Anzoátegui, escuchó las razones del abogado Pedro Bianchi y denegó el pedido de extradición italiano. Para asegurarse de eso, lo condenó a tres años de prisión por haber entrado al país con documentación falsa.
Ya en democracia, Ventura logró infiltrarse en el MTP, frecuentó la librería Gandhi y luego gestionó el buffet del Club Italiano (al enterarse de esto, Paolo Rocca, CEO de Techint y exmilitante de Lotta Continua, dejó de comer allí). Ventura también fue dueño del famoso restaurante Filo, frecuentado por el jet set del menemismo. En su funeral, su camarada Freda lo despidió diciendo: “Militó contra la democracia. luchaba con honor tras las líneas enemigas”.
Otro que logró evitar la extradición gracias a las habilidades del abogado Bianchi fue Augusto Cauchi, originario de Arezzo, la ciudad de Licio Gelli, quien lo financiaba directamente. Cauchi, también militante de Ordine Nuovo, fue responsable de 15 atentados, entre ellos el del tren Italicus, que dejó 12 muertos en la noche del 3 al 4 de agosto de 1974. Colaborador de los servicios de inteligencia que facilitaron su huida de Italia, en España se acercó a Avanguardia Nazionale, convirtiéndose en hombre de confianza de Stefano Delle Chiaie, jefe de la “Internacional Negra”.
Fue activo en la España de Franco y en la matanza de militantes de ETA en Francia. Los italianos, acusados de pasar información al Batallón 601, tuvieron que abandonar Chile abruptamente, y Cauchi cruzó los Andes a pie con pasaportes falsos. Se sabe que usó los nombres Roberto Burbi y Roberto Espinoza hasta 1993, año en el que fue descubierto. Apresado por documentación falsa, fue liberado a principios de 1994. El 13 de agosto de 1998, la Corte Suprema, sentando un precedente que aún tiene vigencia, denegó su extradición a Italia “con fundamento en que “ los procesos que concluyeron con las (..) sentencias de condena habían tramitado en su ausencia” (C. 1292. XXVIII. R.O. Cauchi, Augusto s/ extradición).
Estos terroristas fascistas y antisemitas, expertos en explosivos y quizás las personas más capacitadas en la Argentina de los ’90 para cometer atentados, vivían a pocas cuadras de la AMIA. ¿Qué recuerdos les habrán traído el estruendo de la bomba, el olor del explosivo y los gritos de los sobrevivientes? No podremos preguntárselo, ya que ambos murieron libres e impunes, no sin antes volver a su patria, donde, gracias a la negativa de extradición, sus cargos habían prescrito.
La cronología no es casual. Luego del llamado a Luciana Litterio, el 29 de agosto fue arrestado Bertulazzi, solo una pieza en un tablero de un juego mucho más grande. Dos días antes, en el Senado, la Vicepresidenta Villarruel prometía la reapertura de los juicios a los Montoneros.
Pocos días después, en el CCK, se inauguró el III Encuentro Regional de Foro Madrid “Río de La Plata 2024”, un encuentro de ultraderechistas de la “Iberosfera” cuya carta fundacional parece escrita para dar un marco teórico a la Internacional Negra que unió a los neofascistas italianos, los agentes franquistas, los espías de Pinochet, la Triple A y la dictadura: “El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas”.
¿Qué estarán dispuestos a justificar con esa frase? «
