Los gobiernos provinciales van terminando el ejercicio 2024 con la soga al cuello, ahorcados económicamente por el doble nudo que significa la merma en los envíos de dinero por la coparticipación federal y la caída en la recaudación propia. Ambos son frutos de la menor actividad, que reduce la base de tributación, aunque en el caso de la relación con la Nación se complica por la decisión del gobierno de Javier Milei de cortar con (casi) toda la obra pública y con varios fondos de ayuda vigentes hasta fines del año pasado.
Ante esa circunstancia, las respuestas fueron variadas. Pasaron por el ajuste en las cuentas fiscales, los pedidos de autorización para tomar de deuda y también el incremento en la presión fiscal. En este último rubro se encuentra el crecimiento de Ingresos Brutos, un impuesto que los expertos tributarios coinciden en criticar por su efecto “cascada”, ya que cada etapa del proceso productivo traslada su peso a la siguiente.
La situación queda ilustrada con el informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que demuestra que los ingresos provinciales genuinos cayeron en octubre un 16% interanual. El acumulado de los primeros diez meses del año arroja una caída de 11% en relación al mismo período de 2023.
Los recursos propios significan aproximadamente el 30% del total de que disponen las provincias. El resto llega por coparticipación de los impuestos nacionales, aportes del Tesoro u otros créditos. Claro que la realidad es diferente en cada jurisdicción. La Ciudad de Buenos Aires, por caso, genera el 79% de sus propios recursos, ya que es la sede fiscal de gran cantidad de empresas. La provincia de Buenos Aires obtiene por sí misma el 34% de sus ingresos.
En el otro extremo están las provincias más dependientes de la ayuda nacional. Formosa apenas genera el 6% de sus recursos, La Rioja y Santiago del Estero sendos 8%.
Con sus más y sus menos, todas se vieron perjudicadas por el achicamiento de la masa impositiva que reparte la Nación, como consecuencia de la recesión económica. Eso ocurre con el IVA, que explica el 55% del dinero que llega a las provincias. El segundo impuesto que más significa para ellas es Ganancias (34%), que se vio afectado por las modificaciones en la cuarta categoría, revertidas recién a partir de agosto de este año. En cambio, las sucesivas actualizaciones en el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) dejaron un resultado favorable, aunque su impacto en el total coparticipado es marginal.
Reacciones
Ante esa malaria generalizada, la mayoría de las provincias reaccionaron con una mayor presión a través de Ingresos Brutos. La reducción prometida durante la era macrista quedó en el olvido. Así, en los últimos años pasó a significar del 3,9% del PBI al 4,2%, según el cálculo de la OPC. A pesar de esa suba, en 2024 la recaudación por ese tributo se desplomó 28% en Formosa, 23% en Tierra del Fuego y 20% en Chaco, entre las provincias más afectadas.
Con ese panorama, para 2025 cada jurisdicción trazó su propia estrategia. Buenos Aires, por ejemplo, estableció una clara confrontación política: salió a denunciar que la Nación le debe $ 7,8 billones “por deudas en obra pública, en programas de salud, en fondos que le corresponden a la Provincia de Buenos Aires y en los salarios de nuestros trabajadores de la Policía y de la educación”, dijo su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof. Además, el presupuesto incluyó un pedido de endeudamiento por $ 1,1 billón para obras públicas que la Legislatura, hasta ahora, no aprobó.
También el santafesino Maxi Pullaro incluyó en el Presupuesto 2025 (que tiene media sanción) una autorización para tomar créditos con entidades públicas o privadas por $ 190.000 millones para “financiamiento de proyectos de inversión pública”. De paso, el radical cambiemita aumentó del 5 al 9% la alícuota de Ingresos Brutos para las billeteras virtuales y otros prestadores financieros.
Otras provincias pactaron con la Casa Rosada. Entre Ríos logró que la Nación le empiece a cancelar la deuda por la caja de jubilación provincial: son $ 9000 millones al mes. Mientras que Salta, también alineada con el oficialismo a pesar de que su mandatario pertenece al Frente Renovador, logró la promesa de un aporte de $ 350.000 millones para obras de infraestructura.
A algunos no les quedó otro camino que ajustarse el cinturón. Así ocurre en Jujuy, cuyo Ejecutivo presentó un proyecto de presupuesto con un saldo favorable de $ 7000 millones. “Desde la vuelta a la democracia, nunca un presupuesto tuvo superávit. Es la primera vez”, dijeron desde el oficialismo.
El blanqueo maquilló los números de noviembre
Algunos indicios marcan mejoras en noviembre, a partir de los mayores ingresos generados por el blanqueo de capitales. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señaló en su informe de ese mes que “la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría crecido un 1,7% real, mejorando su comportamiento respecto a meses previos”. Casi toda esa mejora es explicada por el blanqueo, ya que las mejoras en IVA y Ganancias fueron mínimas (apenas 0,2% descontada la inflación).
Desde el Centro de Economía Política (CEPA), en tanto, estimaron que «en noviembre de 2024 se observa un crecimiento interanual de los recursos de origen nacional de 2,1% en términos reales. Por su parte, la coparticipación federal de impuestos exhibió una mejora de 1,8% interanual. La recaudación por IVA cayó 4,0% en términos reales pero fue compensada por una recuperación de Ganancias de 7,1%». En ese centro advierten que noviembre fue apenas el segundo mes de los once transcurridos (el otro fue mayo) en que las transferencias fueron mejores que en 2023.
