En su ya habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el gobierno no extenderá las sesiones extraordinarias en el Congreso para el tratamiento del paquete de ley denominado como Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos. Según especificó, el oficialismo entiende que los plazos previstos son acordes y que espera tener sancionado el megaproyecto para finales de este mes.
A pesar de que el gobierno diera lugar al reclamo que protagonizaron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, frente a la desregulación de la industria pesquera, el portavoz reiteró que el oficialismo no está dispuesto a ejecutar modificaciones en los textos, a pesar de recalcar que el diálogo está abierto con todos los sectores del arco político.
En la misma línea, Adorni dio a conocer que el Ejecutivo apelará la decisión del tribunal en lo Contencioso Administrativo de levantar la feria judicial para tratar por separado los títulos incluidos dentro del decreto de necesidad y urgencia presentado hace algunas semanas. El amparo lleva la firma del magistrado Enrique Lavié Pico, quien pidió desarmar el «proceso colectivo» que se tramitaba en ese fuero en manos de su colega, Esteban Furnari.
Frente a este nuevo revés judicial, que se suma a la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de dar lugar a la cautelar presentada por la CGT, el vocero sostuvo que desde el gobierno son “respetuosos de los procesos judiciales” y advirtió que este escenario siempre estuvo previsto como una posibilidad real.
En cuanto a la movilización que se lleva adelante frente al Hotel Libertador donde el presidente se aloja desde hace más de dos meses, Adorni destacó que se está llevando adelante con normalidad y celebró el cumplimiento del protocolo antipiquete ejecutado por el Ministerio de Seguridad.
Respecto al reclamo por la falta de envíos de partidas alimentarias a los comedores comunitarios, Adorni sostuvo que el gobierno “revisará y evaluará” el petitorio presentado por la organización Barrios de Pie para que se cumpla con la entrega.
A pesar de reconocer el espiral inflacionario que atraviesa la economía nacional, el portavoz volvió a confirmar que el estado nacional no tendrá ningún tipo de intervención ante la regulación de precios de los alimentos y servicios. “Los acuerdos de precios que se conocieron son libres entre partes, el gobierno no va intervenir”, sostuvo recalcando la postura del libre mercado que pregona el Ejecutivo.
En esta línea, Adorni reiteró que el Ejecutivo en conjunto con el Ministerio de Capital Humano está abocado a ayudar a quienes se vean afectados por la suba de precios y las políticas de shock. “La inflación siempre castiga más al que menos tiene, por eso el gobierno está utilizando todas las herramientas que tiene al alcance para proteger a los más vulnerables, en particular con los niños”, concluyó.
