Se cumple un año de la injusta e ilegítima detención de Milagro Sala a pesar de que el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU decidió que «es arbitraria» y en consecuencia solicitó «al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato». Pero el gobierno no está cumpliendo.
Hemos señalado ya muchas veces la suspensión del estado de derecho en Jujuy donde se instaló una suerte de gobierno de facto que utiliza la justicia para ejecutar una venganza personal y que divide a la población entre colaboradores y enemigos, ofreciendo toda suerte de dádivas para los primeros y represión o persecución para los segundos, violentando las garantías constitucionales y falseando el sentido de la justicia. La Argentina va a pagar el costo de mantener este delirio de omnipotencia del gobernador Morales, apoyado claramente por el presidente Macri y el diputado Sergio Massa. Ignorar el pedido de la ONU es una decisión irresponsable que no tiene más motivo que hacer una demostración de fuerza demencial que nos arrastra a todos a una vergüenza internacional y la anulación de hecho del principio de presunción de inocencia.
Ha pasado un año de este gobierno y es inocultable la aplicación del modelo económico neoliberal, cuyo relato conocemos bien: lo hemos padecido varias veces. Lo describimos en detalle en nuestra carta balance del 10 de diciembre pasado. Para sostener este modelo es imprescindible también lo hemos vivido disciplinar a la población. Bajar sus defensas y convencerla de que lo único que puede hacer es aceptar las condiciones impuestas por el gobierno. La población no debe poner «palos en la rueda», debe comprender que «la revolución está en marcha» y resignar sus derechos porque no son tales. La población sólo tiene derecho a obedecer como ovejas llevadas al matadero.
En tan solo un año se profundizó la brecha distributiva entre ricos y pobres, cayó el poder adquisitivo del salario, se potenció la pobreza y el desempleo, se disparó el endeudamiento. Situación devastadora que insólitamente es presentada como «un año duro» y es un escenario construido a propósito para disciplinar e invertir la matriz cultural y distributiva de la Argentina. Se creó la crisis para justificar los remedios.
El núcleo del disciplinamiento es la represión y suspensión encubierta del Estado de Derecho. Por eso, no parece casual la situación de Jujuy que se extiende como una sombra sobre algunos episodios recientes que se proyectan a nuestro futuro:
1) Se conocieron los fundamentos del fallo en el primer juicio a Milagro Sala, que nos dan vergüenza ajena por la inmoral manipulación de la Justicia en Jujuy. La condena a tres años de proscripción política es un claro límite al derecho a protestar y al de formar parte de asociaciones, ambos protegidos por la Constitución. No hay Estado de Derecho en Jujuy.
2) Fue reprimida la protesta pacífica docente contra los despidos e impedido el derecho legítimo de ingresar al Ministerio de Educación para continuar la toma.
3) Se recortan los derechos de los jubilados para la cobertura de salud del PAMI y la distribución de remedios. También está amenazada la movilidad jubilatoria y se pretende alargar la edad de jubilación.
4) Fue violenta la represión a los manteros de Once. Después de machucarlos a palos, con gases e incendios, se sentaron a conversar. Los evasores en el reciente blanqueo fueron tratados como caballeros para que traigan la plata que nunca pagaron sin sanción alguna. Medio Gabinete tiene cuentas offshore en el exterior, pero los palos son para los pobres.
5) También fue grave la represión a los mapuches de Cushamen en Chubut. Gendarmería invadió su territorio, disparó balas de goma, dejó heridos y detenidos.El juez sólo ordenó remover obstáculos sobre las vías, pero no controló que su orden se cumpliera. Dejó que reprimieran a mansalva.
6) Se insiste, una vez más, como suele hacerse en tiempos electorales, en la baja de la edad de imputabilidad. Algo que nadie propone seriamente fuera de los discursos marquetineros o de los defensores de la «mano dura».
7) Las graves inundaciones en Pergamino y en Santa Fe donde pueblos como La Ramona pueden desaparecer y los incendios en La Pampa, fueron ignorados en su magnitud por el gobierno y los medios. Son trabajadores y pobres los que más sufren. Pareciera que el gobierno promueve una suerte de «neomalthusianismo»: hay que dejar que las catástrofes eliminen a la gente que sobra.
Jubilados, pobres, pueblos originarios, negros, inmigrantes, docentes, menores de 14 años, trabajadores, delegados sindicales, Madres y Abuelas, hijos de desaparecidos, nietos recuperados, militantes políticos, son a diario criminalizados por el relato de los medios que los señalan como un peligro asociado a vagancia, delito, narcotráfico, corrupción, terrorismo indigenista, invasión inmigrante, herencia recibida y unas cuantas plagas más. Los persiguen, reprimen, acosan, les flexibilizan el empleo, los insultan desde los call centers escarmentándolos para que los demás aprendan que no deben oponerse. Señalan a estos «culpables» para que no veamos el tremendo desastre económico creado en tan sólo un año y la brutal transformación cultural que intentan imponer. Los culpables, para este gobierno perverso, siempre son «los otros».
Como en el pasado reciente, el Episcopado argentino forma parte del cordón de silencio, callando frente a estas evidentes pruebas del maltrato al que está siendo sometido nuestro pueblo. Quisiéramos alguna vez verlos ponerse del lado del evangelio y los pobres públicamente, y que no sólo intenten estar a salvo de las dificultades, preocupados por quedar bien o no perder la compostura. Mirando otros episcopados, como el de México, preocupado por el «tarifazo a los combustibles» no podemos sino mirar con una cierta envidia que algunas voces se levanten, cosa que no ocurre en la «tierra del Papa».
Confiamos en que el pueblo sabrá darse sus herramientas pacíficas, democráticas y legítimas para no dejar que sean recortadas las garantías constitucionales y buscar un futuro de igualdad distributiva, justicia y convivencia solidaria. <
