Las personas con discapacidad están en una situación de emergencia y necesitan tener acceso a derechos esenciales como salud, educación, trabajo y protección social, eliminando las barreras que dificultan su plena inclusión en la sociedad. La solución a esa emergencia es que el Estado nacional atienda sí o sí la cuestión de la discapacidad y para eso el Gobierno tiene que dejar de lado la idea de la motosierra, que sólo sirve para generar dolor en quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Cualquier persona con discapacidad y sus familias saben la situación crítica que están atravesando en los últimos años, a lo que se agrega el maltrato de un Gobierno que hasta emitió una resolución que incluyó nociones como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’ para evaluar las pensiones. Un marco conceptual que atrasa varios siglos.
En la reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que realizamos esta semana, logramos dictamen de mayoría al proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta iniciativa busca asegurar el acceso a derechos esenciales como salud, educación, trabajo y protección social, eliminando las barreras que dificultan su plena inclusión en la sociedad.
Emergencia Nacional de Discapacidad
En el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 27.044), el proyecto establece medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de estos derechos y fortalecer las políticas públicas en la materia. Entre otros ejes, se garantiza el financiamiento de pensiones no contributivas, programas de salud y servicios de atención integral, asegurando su continuidad y sostenibilidad. También apunta al fortalecimiento de prestadores, estableciendo un régimen de emergencia que permite la regularización de deudas tributarias y de seguridad social para los prestadores de servicios, condonando intereses y multas. Además, se declara de interés público nacional la labor de los prestadores de la Ley 24.901.
Con respecto a las pensiones no contributivas por Discapacidad, se modifica la Ley 13.478 para establecer una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Esta prestación será compatible con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad que perciben la pensión a acceder a un programa médico integral que garantice las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901.
Al mismo tiempo, dispone la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), para garantizar un servicio de calidad. Y fomenta la participación de organizaciones de personas con discapacidad en la formulación de políticas públicas, asegurando un enfoque inclusivo y representativo.
Este proyecto, que presenté hace unos meses, logró respaldo transversal entre diputadas y diputados de diferentes bloques políticos: Victoria Tolosa Paz, Natalia Sarapura, Eduardo Valdés, Nicolás del Caño, Carlos Castagneto, Nancy Sand, Luis Basterra, Victoria Borrego, Marcela Coli, Rogelio Iparraguirre, Aldo Leiva, Roxana Monzón, Jorge Romero y Sabrina Selva. También tuvo el respaldo de Germán Martínez, Esteban Paulón, Mónica Fein y Carla Carrizo. Lo que demuestra que, en tiempos de crueldad y maltrato, es cuando más hay que tender la mano a quien más están sufriendo.
