El proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo no conformaba a nadie y generaba división dentro del interbloque oficialista. La modificaciones hechas contra reloj y consensuadas con algunos legisladores del Frente Renovador no alcanzaron ni para mejorar el proyecto ni para generar el consenso necesario.
“Es un mamarracho” dijo uno de los diputados que cruzaba el Salón de los Pasos Perdidos ante la pregunta de Tiempo sobre cómo había quedado el dictamen que tenía que ser tratado en el recinto.
El texto que fue redactado a las apuradas tiene como objeto “la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos con motivo o en ocasión de la realización de espectáculos futbolísticos en todo el territorio nacional”. No pudo conformar ni aquellos que cuestionaban el monto de las penas por su falta de concordancia con el código ni a aquellos que acusaban al gobierno de acelerar el tratamiento del proyecto tan sólo como un acto de demagogia punitiva.
El proyecto se basa en la imposición de penas para los grupos de más de tres personas que comenten delitos en torno a los espectáculos deportivos. Tendrá que esperar hasta el 18 para tener media sanción y en principio hasta marzo del año que viene para ser ley. El periodo extraordinario convocado por el Gobierno se extiende sólo hasta el 21 de diciembre lo que deja al Senado casi sin margen para tratar el proyecto.
Contra reloj, el oficialismo negoció las modificaciones necesarias para no dejar pasar la oportunidad de darle rienda suelta a la demagogia punitiva y avanzar con el proyecto que endurece las penas para los delitos que se comentan en el marco de un espectáculo deportivo. Sin embargo la falta de consistencia del proyecto y la falta de fundamentos para defenderlos hicieron indefectible su postergación.
Luego de la final de la Copa Libertadores que fue frustrada por hechos de violencia y que provocó la salida del ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, Cambiemos decidió no sólo intentar llevar adelante un estrategia de control de daños sino que también capitalizar, de alguna manera, una posible solución a la problemática que rodea al fútbol pero que salpica a las fuerzas de seguridad, a los dirigentes de los clubes y a funcionarios judiciales.
La respuesta demagógica al tema que trepó al tope de la agenda mediática y política fue un proyecto de ley que contenía penas que no estaban en armonía con el resto de los que establece el Código Penal. Esa fue la principal crítica de la oposición.
El miércoles, mientras en el recinto se llevaba adelante la primera sesión extraordinaria del año, Cambiemos abrió la negociación con la oposición, en especial con el Frente Renovador. Así las cosas, cerca de las 20 se llegó a un acuerdo que fue rubricado esta mañana en un plenario de comisión. El trámite legislativo fue vertiginoso pero concluyó sin éxito. Por lo menos por ahora.