Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria realizó este lunes una denuncia penal en contra del presidente Javier Milei por el acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La presentación judicial lleva las firmas de los legisladores Juan Marino, Hugo Yasky, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi.
Este martes presentarán una ampliación de la misma, teniendo en cuenta que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se publicó en el Boletín Oficial. “Se consumaron los delitos que, hasta ayer, estaban en proceso de ejecución”, indicaron desde el bloque a este medio.
La presentación le pide a la Justicia la suspensión inmediata de cualquier acto que implique endeudamiento sin aprobación legislativa. Asimismo, que se notifique a ambas Cámaras del Congreso para que intervengan en la causa como la adopción de medidas cautelares para evitar la ejecución del DNU.
El texto se refiere a que el 6 de marzo de 2025, la Oficina del presidente de la República Argentina publicó un comunicado informando que “se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el FMI.
«Acuerdo ilegal, inconstitucional y entreguista»
En diálogo con Tiempo, el legislador Marino explicó que «presentando la denuncia penal, estamos recurriendo a todos los medios institucionales existentes para dejar asentado nuestro rechazo a este acuerdo por ilegal, inconstitucional y entreguista. Un futuro Gobierno debe encarar cualquier negociación con el FMI de forma soberana, desconociendo el acuerdo vía DNU de Milei».
Por su parte, Yasky comentó: “La denuncia penal que presentamos contra el presidente de la Nación se fundamenta en que es una clara violación a la Constitución Nacional en el Artículo 75, el pretender suplir el tratamiento de la negociación con el FMI en el Congreso tal como lo establece la Constitución por un Decreto de Necesidad y Urgencia que es absolutamente injustificable porque no existe ni necesidad, ni urgencia, ni está habilitado el Poder Ejecutivo a reemplazar al Congreso en el tema de la negociación con el FMI”.
“Tomar deuda o en préstito e incluso en otro artículo de la Constitución se plantea que los organismos internacionales cualquier negociación que se realice con ellos debe hacerse a través del Congreso. Esto configura un abuso de poder y un incumplimiento de los deberes de funcionario público contemplado en el Código Penal y por lo tanto la presentación de la denuncia tiene por objeto subsanar una grave violación a lo que establece la Constitución Nacional”, agregó.
En declaraciones a Tiempo, el diputado de UP recordó que “este mecanismo ha sido utilizado durante el gobierno de Mauricio Macri”. En ese punto, indicó: “Se toma un préstamo con el FMI para seguir sosteniendo la especulación financiera lo que denominan los economistas el carry trade, es decir, alimentar con dólares que forman parte de este préstamo la fuga de capitales. Por supuesto que esto en el futuro lo van a pagar como lo estamos pagando ahora los argentinos con el ajuste, tal cual lo hicimos con el préstamo que tomó Macri. El actor que se repite en esta historia es, por un lado, Donald Trump, ese es el factor de presión que hace que el FMI abra generosamente su cuenta para que el Gobierno se pueda financiar hasta la elección de octubre y, por otro lado, el actor que también se repite es (Luis) Caputo”.
Como contó Tiempo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos tiene diez días hábiles para remitir el DNU al Congreso y la bicameral de Trámite Legislativo dos semanas para despacharlo. El DNU tiene vigencia siempre y cuando no sea rechazado por las dos Cámaras en el recinto con una mayoría simple. Por otro lado, alcanza con que una de las dos Cámaras lo apruebe para quedar definitivamente validado, tal cual lo establecido por la Ley 26.122.
