Antes de las seis de la tarde del martes, el mendocino Julio Cobos hizo uso de la palabra y le recordó al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que llevaban cinco horas de sesión especial, pero que todavía no habían llegado a tratar los dictámenes para cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. El diputado y exvicepresidente se quejó de la práctica sistemática de convocar sesiones especiales y no ordinarias, que permitirían evitar horas de discursos y cuestiones de privilegio. Sin embargo, en esas horas se ordenaron los porotos y surgieron las bases de un acuerdo entre todo el arco opositor para aprobar en Diputados una nueva fórmula de actualización jubilatoria. Pasada la medianoche, los cambios a la movilidad previsional fueron aprobados por 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones, entre ellos todo el bloque de la izquierda, y se llevaba adelante la votación en particular de los artículos y sus modificaciones.

La señal, en términos políticos, es un desafío directo para el presidente Javier Milei que amenazó con utilizar la atribución constitucional del veto para anular la sanción de cualquier ley que incremente el déficit fiscal. Aunque le faltará pasar por el Senado, la sesión especial convocada por el radicalismo, que fue posible porque UxP le dio cuórum, derivó en la primera media sanción de una norma surgida a contrapelo de los intereses del oficialismo, que pudo unificar las voluntades de bloques que siguen teniendo grandes dificultades para articular en forma común.

Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria.
Foto: Captura video

Con estos números  la Cámara Baja aprobó un dictamen negociado entre todos los sectores de la oposición. Es la primera vez que se aprueba en Diputados un proyecto de ley trabajosamente negociado entre casi todos los bloques ajenos al oficialismo y al PRO. Toda una demostración de fuerza opositora que contrasta con las dificultades legislativas de la administración de Javier Milei, que cumplirá sus primeros seis meses de gestión sin que el Congreso le haya aprobado una sola ley. Por el contrario, las coincidencias desde el peronismo al radicalismo, pasando por Hacemos Coalición Federal, llegaron la semana pasada a dos hitos originarios: superaron en nueve voluntades el cuórum de 129 y además llegaron a 152 votos para emplazar a las comisiones de Presupuesto y Educación para que dictaminen sin dilaciones sobre el presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional del Incentivo Docente.

El debate sobre la nueva fórmula de aumento para las jubilaciones arrancó poco antes del crepúsculo. Las horas previas sirvieron para poner a prueba los acuerdos por encima de las diferencias entre los dos principales integrantes desconfiados de la oposición: los considerados «dialoguistas», por su interlocución con el Gobierno y el bloque de Unión por la Patria. Las coincidencias se tejieron con la premisa de no ventilar quién fue el padre del acuerdo que permitirá una votación de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, Innovación Federal y Unión por la Patria para fijar un método de aumento jubilatorio que se actualizará mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Monzó, Massot y Pichetto, de Hacemos Coalición Federal.

Las coincidencias no eran chicas. Dos de los cinco dictámenes de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto eran de la UCR y de UxP y eran muy parecidos. Las diferencias giraron en torno a la forma de equilibrar el mes de enero, con un incremento del 8% y la forma de pagar esa deuda. A eso se sumó otra diferencia determinante y la mayor entre ambos dictámenes: el pago de los fondos mensuales que la ANSeS dejó de enviarle a 13 provincias las compensaciones por las cajas jubilatorias que no le transfirieron a la Nación en la década del 90. La propuesta del radicalismo buscaba que fuera absorbida por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS y el peronismo se negaba tajantemente.

La salida intermedia fue que esos fondos salgan en forma prioritaria de las recaudaciones de los impuestos coparticipables que tienen afectación específica para financiar la ANSeS. En esa lista está el 70% del impuesto PAIS, del impuesto al cheque y el 20% del IVA entre otros. La idea es que haya prioridad de esos fondos para el pago de las compensaciones que el gobierno frenó. Sería mediante esta ley y eso le daría a las provincias una garantía de exigibilidad para reclamarla judicialmente en caso de que hubiera otro cese de los giros.

La actualización incluye el IPC, la actualización de la variación salarial promedio si es mejor que el índice inflacionario, incluye una recomposición de un 8,1% para empardar el 20,6% de la inflación de enero y la cláusula de que la Canasta Básica Total sea el mínimo que un jubilado puede ganar.

El arranque y un duelo de socios desconfiados

La sesión comenzó a las 11.26 con 140 presentes, 11 por encima de los 129 necesarios para sesionar y fue posible por una nueva combinación de voluntades opositoras, desde Hacemos Coalición Federal y la UCR, hasta el bloque de Unión por la Patria, que finalmente decidió bajar a respaldar una sesión solicitada por los radicales.

Sin embargo, media hora después, el mismo bloque buscó sumar al temario el debate de la ley de presupuesto universitario y la restitución del FONID, los dos puntos de la otra sesión que la bancada peronista solicitó para las 14 y que podría postergarse por el transcurso de la sesión que comenzó al mediodía.

La pulseada fue también una forma del panperonismo de hacer valer el peso de sus 99 bancas, porque sin esa presencia la sesión que el radicalismo pudo conseguir se habría caído. Quedó en manos de la diputada Blanca Osuna (UxP), que pidió un apartamento del reglamento para incluir en el temario la restitución del FONID. Luego su compañero de bancada, Pablo Carro, impulsó otro para sumar el debate sobre el presupuesto universitario. En los dos casos no alcanzaron la mayoría, aunque sumaron 122 respaldos.

Rodrigo De Loredo entrando a Diputados.

En el mismo momento de la votación, el radicalismo difundió otro pedido de sesión, con la firma de su presidente Rodrigo De Loredo, para debatir los cinco dictámenes sobre presupuesto universitario para el 4 de julio. Una forma de darle tiempo a la negociación que lleva adelante el Gobierno con el Consejo Interuniversitario Nacional y también de no quedar pegados con la votación negativa a sumar el tema en la sesión sobre jubilaciones.

Aunque el peronismo no ganó ninguno de los dos pedidos de apartamiento, en ningún momento hubo un amague de dejar la sesión sin quórum. «Creo que si trabajamos un poquito más, podemos acordar para la próxima sesión», dijo esperanzado Germán Martínez. Ocho horas después se plasmó una votación que hace dos meses parecía impensable y casi imposible, protagonizado entre dos sectores opositores que votaron totalmente distinto la Ley Bases y el paquete fiscal. Dentro de dos semanas, esos textos volverían en segunda revisión del Senado, que podría tratarlo el 12 de junio.