Cumpliendo con cada uno de los requisitos de Martín Llaryora, los diputados cordobeses dieron quórum y apoyarán una importante cantidad de artículos en el tratamiento de la reducida ley ómnibus que inició este miércoles en la Cámara Baja.

Al igual que sus compañeros de bancada de Hacemos Coalición Federal, los legisladores mediterráneos aprobarán en general el proyecto pero se detendrán en la discusión en particular de cada uno de los artículos. El bloque de Miguel Ángel Pichetto pondrá el ojo en las privatizaciones y las facultades extraordinarias, dos puntos que no están dispuestos a entregar por completo.

Para el cordobesismo parlamentario, el Banco Nación, YPF, la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), ARSAT, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, entre otras entidades, no deben ser privatizadas y así lo expondrán en el recinto. A cambio, propondrán un modelo de capitalización para que cada una de estas empresas maximice sus ganancias.

Un tetris: Llaryora, Córdoba y la ley ómnibus

En cuanto a la delegación de facultades legislativas, el discurso de Llaryora cambió tras la cumbre de gobernadores en el Consejo Federal de Inversión. Los entredichos entre el ministro del Interior Guillermo Francos, el vocero presidencial Manuel Adorni y el propio Javier Milei sobre esta reunión molestaron al gobernador, quien pidió a sus legisladores que voten una reducida cantidad de delegaciones, posición diametralmente opuesta a la que había adoptado semanas atrás, cuando afirmaba que el Congreso debía aprobar la totalidad de la emergencia pedida por el presidente.

Otro de los puntos a los que el cordobesismo prestará su apoyo será la reforma en materia de Seguridad Interior impulsada por la ministra Patricia Bullrich. Las modificaciones previstas proponen agravar e incorporar penas contra quienes corten el tránsito y participen y organicen manifestaciones.

«Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta», plantea el Capítulo I de la norma.

Desde el principio, la bajada de línea que se envió desde la provincia mediterránea fue la de “dar herramientas” al presidente para garantizar un piso de gobernabilidad a un oficialismo con escasa representación legislativa. Así, los alfiles llaryoristas se sentaron en cada una de las mesas de negociación y pelearon por los puntos claves que afectan a su provincia. Aunque salieron airosos, el triunfo no fue total.

Las diferencias en lo económico

El gobernador apostaba por la aprobación de la moratoria, el blanqueo y el tributo por bienes personales, tres puntos claves del capítulo fiscal que el gobierno nacional voló por los aires el viernes pasado. La misma situación se dio con la coparticipación del impuesto PAÍS.

Al igual que sus pares, el cordobés exigió al gobierno la asignación del 30% del tributo a las provincias para compensar la reducción de partidas que el ministro Luis Caputo anunció entre sus medidas. Los 20 minutos de Guillermo Francos en el CFI no bastaron para convencer al gobierno. “Por ahora no se trata”, confirmó la Oficina del presidente, pero el cordobés no se rinde.

Otro punto clave para el gobernador es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Al igual que otras doce provincias, Córdoba tiene un sistema previsional propio que se mantiene, además de los aportes de los afiliados, con giros de Nación. En 2023, el estado envió sólo el 20% de los montos previstos, lo que profundizó la deuda en la provincia. A ello, se sumó la brutal devaluación de diciembre que deja al gobernador entre la espada y los vencimientos de una deuda sin caja.

Con este escenario, Llaryora apuesta por la liquidación del FGS del ANSES, a manos de su coterráneo Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas de Juan Schiaretti. Si bien la negociación está trabada, el gobernador quiere utilizar sus bancas en el Congreso como moneda de cambio. De lograrlo, su provincia recibirá parte de los millones de dólares impresos en bonos del estado vía giros del Tesoro Nacional, un movimiento que le aflojaría la soga del cuello.

La sesión en el parlamento inició pasadas las 11 de la mañana de este miércoles y se estima que se extenderá hasta entrada la madrugada, cuando se dará lugar a un cuarto intermedio que frenará la discusión hasta el jueves. Este día, iniciará el tratamiento en particular de cada uno de los artículos en una jornada que promete dar que hablar.