Ciudad de Guatemala

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que asumió el poder bajo el lema de «Ni corrupto ni ladrón», admitió que es «difícil» la situación que está viviendo junto a su familia, después de que un hijo y un hermano suyo fueran enviados a prisión preventiva por su supuesto fraude al Estado en el año 2013, pero enfatizó que seguirá sentando las bases «para que se fortalezca nuestra democracia, cueste lo que cueste».

«Ante esta situación difícil que vivo junto a mi familia, reitero que mi compromiso es con Guatemala y que seguiré sentando las bases para que se fortalezca nuestra democracia, cueste lo que cueste», sentenció el mandatario en un mensaje publicado en las redes sociales.

Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo del mandatario, respectivamente, fueron detenidos y procesados ayer por el delito de fraude por participar en tres adjudicaciones públicas irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP) en el año 2013 por un valor de más de 200 mil quetzales (unos 26 mil dólares), aunque ellos no se beneficiaron económicamente.

Después de que la jueza encargada de la causa, Silvia de León, los procesara y los enviara a prisión preventiva para que no obstaculicen la investigación de la Fiscalía, que aún continúa, el gobernante volvió a pedir la prevalencia del «imperio de la Ley» y mostró su respeto por todos los procesos que permitan «la averiguación de la verdad».

Asimismo, manifestó su deseo de que se imponga «el principio constitucional de inocencia» y expresó su confianza en «la Justicia y la imparcialidad de los jueces», citó EFE.

Durante la audiencia de primera declaración que duró casi 10 horas, la jueza explicó las anomalías de los tres eventos, dos de los cuáles nunca se realizaron, y contó cómo el hijo del presidente presentó cuentas falsas -dos de ellas a nombres de empresas que ni existen- y consiguió facturas de empresas registradas que nunca prestaron los servicios pero que sí cobraron por ellos.

De León detalló cómo Sammy y José Manuel fueron partícipes de un fraude al Estado, anterior a que Morales asumiera el poder, que se originó a partir de una «simulación especialmente preparada» con funcionarios de la entidad para beneficiar a un empresario Mario Estuardo Orellana López, padre de una novia del hijo del presidente, quien recibió todo el dinero cobrado.

Este es el primer caso de corrupción que salpica al Ejecutivo, después de que en 2015 el país viviera un momento histórico de protestas que llevaron a la dimisión y encarcelación del exmandatario Otto Pérez Molina, su vice Roxana Baldetti y de varios miembros de su gobierno procesados por diferentes delitos. En sus primera reacción frente al hecho que conmocionó a la sociedad, Morales, que asumió el poder el 14 de enero de 2016 bajo el lema «Ni corrupto ni ladrón», expresó su respaldo a su hijo y a su hermano como «familia» pero su respeto al proceso judicial como «ciudadano y presidente».