Gabriel Gersbach se esperanza con los aniversarios. Sobre todo, con los de número redondo. Porque, asegura, cada vez que aumenta la difusión alguien habla o aparece algún dato. Ninguno suficiente hasta ahora para esclarecer el crimen de su novio, Octavio Romero. Hace diez años, iba a ser el primer prefecto gay que se casaría. Pero fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo apareció desnudo en el Río de la Plata, a la altura de Vicente López, jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. Una década después, el reclamo de justicia continúa. Y llegó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La causa está encajonada hace cinco años, pero no prescribe hasta el año 30 o 31. Recién este año vamos a tener algún tipo de acceso a la justicia a nivel del pedido internacional, con la pandemia está todo atrasado, vamos a comenzar las charlas ahora. El pedido es para exigir al Estado que haya una investigación más seria y constatar que Octavio fue asesinado por Prefectura”, remarcó Gersbach en diálogo con Tiempo.

Octavio Romero era suboficial primero de la Prefectura. Tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, en 2010, pidió autorización en esa fuerza –algo que era obligatorio- para casarse con su pareja desde hacía doce años, Gabriel. Planeaban concretarlo en diciembre de 2011. Pero el 11 de junio de ese año, hace una década, Romero desapareció. Su cuerpo fue encontrado seis días más tarde en la costa de Vicente López. Nunca se supo dónde estuvo entre el 11 y el 17 de junio.

Años más tarde, en 2015, un informe llegó de forma anónima a la fiscalía y a un periodista, que lo compartió con el novio de la víctima. Se titulaba “Operativo Dignidad” y detallaba cómo había sido el secuestro a punta de pistola y la tortura a Octavio. “Fue hecho por alguien de adentro, manda al frente a otras personas. Relata cómo fue el secuestro, que lo llevaron en una camioneta, que lo torturan y lo amordazan, le vendan los ojos y le disparan para asustarlo. Le hacen submarino seco. Yo siempre me preguntaba cómo puede ser que tenga tanto alcohol en sangre: fue por esa tortura. Para sacarle información, porque él trabajaba en control de gestión. Puede ser crimen un homofóbico, pero también trabajaba en una oficina con mucho poder, que movía mucho dinero, para dar permiso de entrada y salida de buques. Y lo desnudaron como un mensaje: acá no se casa nadie homosexual”, analizó Gersbach. “Yo siempre decía ‘alguien de adentro va a hablar’. No pueden ser tan crueles, con un tipo que era tan bueno con todo el mundo, durante tantos años que trabajó ahí”.

“Octavio sufría múltiples hostigamientos y amenazas en su ámbito laboral vinculados  a su orientación sexual, los cuales se intensificaron tras la solicitud a su superior -por aquel entonces obligatoria- para contraer matrimonio con su pareja”, recordó en este aniversario la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que representa legalmente a Gersbach.

Desde esa entidad, junto con Fundación Igualdad, expresaron su “preocupación por el tiempo transcurrido y la falta de justicia” y denunciaron que la investigación se dio “en el marco de un procedimiento plagado de vicios y prejuicios discriminatorios”. Al respecto, acusaron que “el Estado argentino no investigó con la debida diligencia que la causa requiere y no abordó con seriedad la hipótesis de un crimen de odio. No hubo detenidos, ni imputados en la causa penal. Gabriel, pareja durante 12 años y futuro cónyuge de Octavio, fue investigado durante años sin imputación alguna, habiéndole negado el Poder Judicial de manera infundada durante mucho tiempo la posibilidad de participar como querellante en la causa”. Por eso recurrieron a la CIDH, “con el objetivo de que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Octavio, la violación de las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, y por la protección judicial respecto de Gabriel Gersbach”. El caso fue declarado admisible por la Comisión en el año 2018.

A una década del crimen, reclaman no sólo que el Estado argentino vuelva a investigar el caso, sino también que se implementen capacitaciones obligatorias para las fuerzas de seguridad, para quienes ocupan la función pública y para quienes integran el Poder Judicial, respecto al abordaje de su labor con perspectiva de diversidad sexual y género, así como protocolos y equipos especializados en el Poder Judicial para casos de homicidios contra personas LGBTIQ+.