«La Argentina fue el primer país de las Américas en tener una Cruz Roja. Llegamos en 1876 y nos constituimos formalmente en 1880. Y fue el primero en tener una ley que regulara el vínculo entre el Estado y esta organización sui generis, que no es técnicamente una ONG sino una organización civil protegida por el derecho internacional, y que nace con un mandato de los gobiernos: ser auxiliar de los poderes públicos en el campo humanitario, mientras los Estados se obligan a respetar el símbolo de la Cruz Roja y sus principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, para proteger el trabajo de nuestros miembros y que, sobre todo, no sean atacados en contextos de conflicto armado o de conmoción interior. Bien, la ley que regula el modo en que se ejerce este auxiliarato es de 1893, y está entre las 50 leyes vigentes más viejas del país. Es, de las que regulan a la Cruz Roja, la más vieja del mundo. Con una ley del siglo XIX para problemas del siglo XXI, hoy nuestros voluntarios están desprotegidos».
Diego Tipping es el presidente de la Cruz Roja Argentina, representante local de la organización humanitaria más grande del mundo, con presencia en 191 países y más de cien millones de miembros. Tiene 42 años y su oficina, en la sede central de la entidad, una señorial casona de Hipólito Yrigoyen al 2000, a poco más de cien metros del Congreso, es un modesto museo histórico de la ayuda en catástrofes. Un raído brazalete de 1886 recuerda la epidemia de cólera. Un voluminoso libro de actas abierto al azar muestra a Roque Sáenz Peña donando su sueldo a la entidad.
El 19 de agosto de 2016, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de hace ya tres años, se presentó un proyecto de ley que busca aggiornar la regulación del vínculo con el Estado, acompañado por un millón de firmas. Diputados demoró dos años en dar la media sanción, por unanimidad (en un día muy especial, cuando se aprobaron también las leyes Justina y Micaela). Desde entonces, la iniciativa duerme en el Senado.
«El proyecto avanza en la protección de nuestros voluntarios –explica Tipping–, estableciendo frente a sus empleadores el rol de carga pública del voluntariado, lo que les permite desplazarse hasta diez días al año en situaciones de catástrofe sin que se les descuente el sueldo».
La Cruz Roja Argentina moviliza cada año entre 2000 y 4000 voluntarios en situaciones de emergencia, capacitados en gestión de riesgo. La suma de sus voluntarios duplica al personal de emergencia de todas las provincias juntas. «Esta ley nos permitiría rotar mucho menos y así se ahorrarían muchos costos que se invertirían en ayuda directa en emergencias. Del mismo modo, la iniciativa prevé hasta cinco días para formación y capacitación de los voluntarios. Nosotros invertimos muchísimo en eso. Hay que saber, cuando uno llega en ese momento de dolor, cómo ayudar. No alcanza con querer hacerlo. Hoy la complejidad de las emergencias supone que haya profesionales incluso en el voluntariado», precisa Tipping.
La ley también protegería el patrimonio de la Cruz Roja y sus 66 filiales en todo el país, declarando la inembargabilidad de sus bienes. El proyecto original preveía, además, eliminar el IVA a la ayuda humanitaria, «pero eso no se logró incluir. Seguiremos con un impuesto a la emergencia como no existe en ningún lado».
Más allá de las emergencias, la Cruz Roja Argentina trabaja a diario en 200 comunidades vulnerables, «lo cual vuelve a esta ley imprescindible, sobre todo en situaciones tan complejas como las que estamos viviendo, donde el trabajo que hace nuestra organización respecto del tema pobreza, se ve duplicado o triplicado».
Un punto sensible del proyecto es la protección del emblema de la Cruz Roja. «Andá a cualquier farmacia y vas a ver un montón de medicamentos con nuestro logo, o tarjetas de asistencia al viajero, o ambulancias privadas –ilustra Tipping–. Bueno, todo eso está prohibido por el derecho internacional y aun por aquella ley de 1893, pero la multa que pone también es de esa época: centavos. O sea, cualquiera puede usar comercialmente o mal usar nuestro emblema, o aparecer con una pechera con nuestro emblema en medio de una marcha, en situaciones de conflicto, o tomar la presión en una esquina, y no sabemos quiénes son. Mandamos cartas documento, pero se nos ríen. Por supuesto, también necesitamos que se actualice la ley respecto del delito de perfidia, o sea, el uso indebido del emblema en situaciones de conflicto armado. En definitiva, la Cruz Roja quedó asociada a la salud por el trabajo de más de un siglo y medio de millones de voluntarios. Invertimos muchísimo en su profesionalización, y todo ese prestigio corre riesgo sin esta ley».
La semana pasada hubo en el Senado una reunión de asesores de las comisiones intervinientes, y aunque el proyecto tiene una moción de preferencia, no se trata. «Esto nos duele, porque beneficia a todos y no tiene ningún impacto presupuestario. Veremos si las circunstancias que vive el país permiten que el Congreso se abra y la ley se apruebe». «
PRESENCIA EN TODO EL PAÍS
150 mil personas colaboran con la Cruz Roja Argentina, entre voluntarios, empleados y alumnos, que trabajan en respuesta humanitaria en situaciones de desastre, fortalecimiento de poblaciones ante las emergencias y movilización comunitaria para la promoción de la salud.
65 filiales tiene la Cruz Roja, con cobertura en todo el territorio nacional.
50 mil personas son capacitadas cada año por la Cruz Roja Argentina en primeros auxilios.
35 servicios educativos de la organización producen 3000 egresados por año. Es el principal formador de enfermeros y guardavidas del país.
