El 11 de octubre de 2023 se consolidó una victoria mundial para los Derechos Campesinos. En diciembre de 2018 la adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración de los campesinos y otras personas que viven en áreas rurales significó un cambio de eje de 180 grados. Cinco años después el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó a favor de la creación de un Grupo de Trabajo sobre UNDROP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales). Es un hito que reconoce los derechos de los campesinos y su relación única con la naturaleza. La resolución establece un Grupo de Trabajo de la ONU encargado de enfocarse en la implementación efectiva de UNDROP.
El líder del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST), Diego Montón, pone en valor este hecho histórico. «El Colectivo Internacional de la Vía Campesina sigue el proceso de la Declaración de Derechos Campesinos en Naciones Unidas desde hace muchos años. Y lo acontecido es celebrado y acompañado por la Mesa Agroalimentaria Argentina. Nos parece que son avances concretos, y que -por supuesto- después deben tener su correlato en el territorio».
«Si nos remontamos 30 años atrás había una visión hegemónica de que el agronegocio, es decir, el paquete tecnológico y el rol de subordinación a las corporaciones transnacionales era lo que debían fomentar los Estados y lo que debían fomentar las Naciones Unidas para terminar con el hambre en el mundo. De ahí la idea de ‘seguridad alimentaria’, un concepto muy neoliberal, en torno a que planteaba que a partir del derrame de la sobreproducción de alimentos se iba a resolver el tema de la crisis alimentaria, que -ya en los 90- era todo un factor de alarma internacional».
—¿Ahora el hambre sigue pero las alarmas son otras?
—Si nosotros miramos este recorrido a partir de -justamente- la discusión de soberanía alimentaria que plantea Vía Campesina, empieza un proceso de revisión de esa idea que -justamente- está planteada en que eso, lejos de terminar con el hambre, lo que va a hacer es profundizarlo. Porque, a partir del desarrollo del capital financiero en el campo, se siguen destruyendo sistemas alimentarios locales, generando desarraigo y -además- los alimentos que se producen van todos a una dinámica financiera, y no llegan a la gente, se bloquea el acceso de las mayorías en todo el mundo.
—Más concentración de tierra, más pobreza, menos trabajo y menos alimentos sanos.
—Hay varios balances interesantes que se consolidan como conclusiones y políticas que Naciones Unidas está planteando. En primer lugar, que los grandes dilemas de la humanidad hoy -como son la crisis alimentaria, la crisis climática y la crisis de las migraciones (millones de personas teniendo que irse de su tierra en busca de oportunidades en otros lados) están asociados al desarrollo del capital financiero en el campo, eso que había sido lo que Naciones Unidas en su momento había promovido. Y por lo tanto, lo que Naciones Unidas plantea hoy es que la resolución (o al menos una parte) de esas crisis, está asociada a la protección y a la promoción de la agricultura familiar y campesina.
—¿Qué cambia esta declaración de la ONU concretamente?
—Las cinco propuestas de ley -y todo el programa general de la Mesa Agroalimentaria Argentina- encaja directamente en estos lineamientos que está planteando Naciones Unidas en el marco de la Declaración, que plantea el derecho al acceso a la tierra, el derecho a la permanencia en la tierra, el derecho al acceso de manera individual y colectiva, el uso colectivo comunitario de la tierra, y -en ese sentido- hay una serie de iniciativas que plantea como políticas de Estado, en las cuales -por ejemplo- además del acceso especial a la justicia, plantea que los Estados deberán realizar reformas agrarias -en caso de necesitar esa política- para garantizar el derecho a la tierra. Es decir que la reforma agraria es una orientación de Naciones Unidas y no solamente una reivindicación o consigna de la izquierda.
—La Declaración promueve la protección de los territorios indígenas.
—Los pueblos originarios tienen una reglamentación específica -como el Convenio 169, la Declaración de Derechos Indígenas- y en el caso de la Argentina tienen también un lugar en nuestra Constitución Nacional. Esta reciente Declaración plantea que todos los derechos de la Declaración de Derechos Campesinos pueden ser aplicados a pueblos originarios, siempre y cuando la declaración no se utilice para reducir o menoscabar derechos ya consagrados y/o aplicados, como -por ejemplo- el derecho al territorio que tienen los pueblos originarios».
—¿Cómo crees que se traducirá en hechos concretos esta Declaración de la ONU acá en Argentina?
—Argentina había sido protagonista en la construcción de la Declaración de Derechos Campesinos. Ese proceso se interrumpió en 2016 con la llegada al gobierno de Mauricio Macri. En la Asamblea General, cuando se votó la declaración, Argentina se abstuvo. Ahora el país revirtió esa posición, acompañó la resolución de creación de este mecanismo de expertos para seguir la implementación y le dio otro giro, otro rumbo, legitimando la declaración en nuestro país. En Argentina estamos viendo -claramente- las consecuencias de esa situación, en virtud de que un puñado de monopolios controlan los precios de los alimentos, la logística de los alimentos, eso ha sido súper extorsivo y nocivo para nuestro sistema democrático. Agravando en tanto no aparecen las divisas que ese modelo iba a aportar al desarrollo y con los costos de haber perdido más de 8 millones de hectáreas de bosques e importar el 65% de los agrotóxicos. Es por eso que esta Declaración también es una herramienta para dar esa discusión, para legitimar las luchas que se vienen dando. Las propuestas legislativas que ha presentado la Mesa Agroalimentaria Argentina están fuertemente contenidas en la Declaración. Se trata de discutir los sistemas alimentarios en clave de derechos y no solo en clave de negocios corporativos.
