Los mercados comenzaron a asignarle fuertes probabilidades a un canje de deuda, luego del decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno de Javier Milei para flexibilizar las condiciones de una operatoria de ese tipo.

El DNU 846 permite que las futuras suscripciones “independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago”. Así se levantó la restricción del decreto 331/2022, que obligaba a que los títulos en pesos se abonaran en moneda local, impidiendo una dolarización de esos compromisos.

Además, el DNU establece que los precios de los bonos que se emitan en el futuro se fijarán “teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados” y exceptúa a las operaciones del alcance de la Ley de Administración Financiera (LAF), que obligaba en esos casos a mejorar el perfil de la deuda con mayores plazos, menos capital o tasas más convenientes.

“Posiblemente lo que estén procurando hacer es convertir la deuda en dólares en nuevos bonos pero que serán mucho más costosos para el país, que tengan que pagar mayor interés”, opinó el exministro de Economía, Martín Guzmán, autor del canje de 2020. En aquella ocasión se logró que los acreedores aceptaran reducir fuertemente la tasa de interés y también una quita (muy leve) del capital.

“Como no están pudiendo lograr la confianza del mercado internacional para refinanciar, están buscando la manera de evitar una reestructuración en los términos que la ley decía”, sostuvo Guzmán en una entrevista de El Destape Radio.

Los bonos cortos

La hipótesis es que, si el Banco Central no logra acumular reservas a corto plazo, el Ministerio de Economía necesitará refinanciar los bonos más cortos, que tienen un interés muy bajo (0,75% anual), hoy imposible de igualar. Por eso sería difícil cumplir la LAF.

Ahí empiezan a tallar el AL30 y GD30, los títulos en dólares que ya empezaron a generar amortizaciones. Los analistas financieros aseguran que esos son los primeros bonos que podrían caer en la reestructuración, ya que se necesitarán U$S 5800 millones el año próximo para sus vencimientos de capital.

“Extender estos pagos le permitiría al gobierno continuar con la eliminación progresiva del cepo y llegar a las elecciones del próximo año en un contexto de menor tensión cambiaria”, señaló un informe de la sociedad de bolsa Cohen. “La principal conclusión que extraemos del accionar del gobierno es que está comenzando a considerar nuevas alternativas para afrontar los vencimientos privados por U$S 6900 millones de 2025. Esto sugiere que no se espera una mejora considerable en la dinámica de las reservas netas”, agregó.

La posibilidad de un canje consta en el proyecto de Presupuesto elaborado por el gobierno. “En lo referido a la atención de los servicios de deuda en moneda extranjera que operen en el ejercicio, estos se podrán continuar cancelando en efectivo tal como se hizo en lo que va del presente año o, en un contexto financiero favorable internacionalmente, con la emisión de un nuevo instrumento emitido en los mercados externos”, sostiene el texto remitido al Congreso.

La ilusión de regresar a los mercados internacionales de crédito (cerrados para la Argentina desde la implosión del macrismo a comienzos de 2018) tiene una razón de ser: la baja de tasas en Estados Unidos. La Reserva Federal de ese país entendió que el brote de inflación pospandemia está cediendo y empezó a recortar sus tipos de interés, una movida que continuaría en los próximos meses. Por eso, los capitales podrían girar hacia otros mercados, buscando rendimientos más jugosos.

Claro que en el caso de Argentina la apuesta es bastante riesgosa. Una cosa es el carry trade (una inversión fugaz, aprovechando cierta estabilidad cambiaria para hacer diferencia con títulos en pesos) y otra apostar por títulos emitidos por un gobierno sin divisas, con una relación tirante con el FMI y en una situación política inestable. Ese marco no parece el más propicio para proponer un canje de bonos. «