Un reciente informe de Standard & Poor’s (S&P) sostiene que la fortaleza política del Gobierno aún es insuficiente como para encarar una movida de shock. Por eso, “el mejor momento para ejecutar este y otros ajustes complementarios de las políticas es inmediatamente después de la elección del 22 de octubre”. Más que evidente.

El informe sostiene que “es probable que la administración Macri tenga que flexibilizar sus metas de inflación. Esto es necesario para darle lugar a los significativos aumentos que se necesitan en los precios regulados (electricidad, gas natural, y transporte público) y en el precio del dólar”. S&P afirma luego que “con certeza, esto aceleraría la inflación en el corto plazo y daría lugar a costos políticos y sociales asociados. Pero estos costos son inevitables, por lo tanto, no se trata de si es necesario afrontarlos, sino más bien de cuándo hacerlo” (Clarín, 26/07/17). Una observación descarnada del ajuste que viene luego de las elecciones.

El FMI acaba de indicar que el crecimiento de Argentina se moderaría en 2018, “ya que la mayor consolidación fiscal y la continua aplicación de una política monetaria restrictiva moderarán la demanda interna”. Hasta desde el propio FMI indican el efecto negativo del ajuste sobre la producción (que el gobierno macrista niega), aunque seguramente será más recesivo de lo que espera el organismo.

En el caso del informe de la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económicos (OCDE), se sostiene que las “normativas rígidas del mercado laboral obstaculizan la creación de empleo, aumentan el costo laboral y frenan el aumento de la productividad”: es decir, se requiere flexibilización laboral. En el tema fiscal, solicitan una reforma tributaria que baje el mínimo no imponible de ganancias, pero reduzca la tasa a las grandes empresas y amplíe la base imponible del impuesto al valor agregado. Se afirma que “el gasto en pensiones es alto y el envejecimiento demográfico amenaza la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones”. En resumen, una combinación al mejor estilo Hood Robin.

También solicita una “regla del gasto público”, y suena aquí el congelamiento en términos reales que aplicó Brasil. Propone “racionalizar (léase reducir) el empleo público, especialmente en las provincias”. Solicita además “simplificar el mandato del Banco Central, priorizando la estabilidad de precios”, una vuelta a los principios de la Carta Orgánica sancionada en los años noventa, dejando de lado la promoción “del empleo y el desarrollo económico con estabilidad social”, como establece la normativa vigente.

La OCDE pretende una intensificación de la apertura externa que perjudicará aún más a las pymes argentinas. Las recomendaciones resultan impactantes: “bajar las tarifas a la importación” y “reducir aún más la aplicación de licencias no automáticas de importación”.

Sobre este informe, el ministro Nicolás Dujovne sostuvo que “para la Argentina, el proceso de candidatura y eventual acceso (a la OCDE) constituye una manera de anclar las reformas” que se propone este gobierno. Agregó que “estamos muy contentos con el informe, refleja nuestra visión, nuestros objetivos». Quedan claros dos temas con estas declaraciones: la total coincidencia con lo propuesto, y la intención de “anclar las reformas” a partir de la eventual incorporación a la OCDE, de forma tal de dificultar la vuelta atrás de las políticas ortodoxas que está aplicando este gobierno.

El CIADI falló

El fallo del CIADI contra nuestro país por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas en 2008 muestra cómo la idea de seguridad jurídica está hecha a la medida del inversor y no de los Estados o de los trabajadores. Argentina deberá pagar algo más de U$S 320 millones en concepto de indemnización de una empresa que, al momento de su expropiación, se encontraba literalmente vaciada y endeudada. El fallo premia además a los que lucran con la especulación, ya que se benefició al buitre Burford Capital, que obtendrá una ganancia del 980%, al invertir U$S 13 millones y conseguir unos U$S 140 millones por el fallo. Ganancia superior a la que obtuvo Paul Singer por el litigio de la deuda (1180%), considerando que a éste le insumió casi ocho años lograrla. Singer informó que con U$S 177 millones invertidos, llegó a ganar U$S 2426 millones cuando el gobierno argentino le liquidó lo establecido por Griesa. En cambio, la ganancia de Burford es exprés, ya que compró el juicio a Marsans hace apenas un año y medio, luego de que uno de los propietarios, Gerardo Díaz Ferrán, fuera condenado en España por el vaciamiento de Marsans y por fraude al fisco español en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas.

Sirio Astolfi, abogado que representó a la empresa española en el juicio contra el Estado argentino, es hoy vicepresidente de nuestra aerolínea de bandera. El Estudio Fargosi, fuertemente vinculado al PRO, es el abogado local de los exdueños españoles de Aerolíneas y también participó del juicio del CIADI. Son datos para tener en cuenta.

La economía no repunta

Según la consultora Kantar, en este año la clase media alta y la alta redujeron su consumo tanto como la clase baja superior, aquella que está justo por encima de la pobreza, mientras que los pobres ajustaron sus compras mucho más el año anterior.
“Ese segmento medio, medio bajo, es hoy el más crítico entre los que apoyaron a Macri”, señalan desde Management & Fit. La consultora indica que “son sectores que creían que podían comprar un celular, un televisor o incluso viajar al exterior. En muchos casos llegaron a hacerlo. Pero ahora no pueden” (Clarín, 21/7/17).
El Estimador Mensual de la Actividad Económica (anticipador del PBI) creció en mayo un 3,3% interanual, pero ello se debe al bajo punto de comparación del año pasado. Tan es así que estos datos se ubican por debajo del nivel de producción de noviembre de 2015.

Después de 15 meses de caída, la actividad industrial evidenció en mayo un aumento del 5% interanual, según distintas fuentes privadas. Pero este aumento está muy asociado a los rubros vinculados a la construcción de la obra pública, y a automotores.
La capacidad adquisitiva no se recupera. La canasta de indigencia para un hogar tipo fue calculada por el Indec en $ 6045 para junio, y la de pobreza en $ 14.811. Mientras tanto, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) aumentará en julio de este año a $ 8860, valor que se mantendrá hasta diciembre. El SMVM apenas alcanza hoy para pagar la canasta de indigencia y sólo cubre cerca del 60% de la canasta de pobreza. Estos datos confirman que una gran parte de la ciudadanía no vive bien.

Ante la difícil situación económica, reconocida por prácticamente todos los analistas, el Presidente insiste con la “herencia recibida”. En un acto en Tandil, dijo: “Tenemos que derrotar a los que ahora vienen con soluciones después de haber dejado el país en ruinas.”

Una falsedad. Según los datos que el propio gobierno incorporó en el prospecto de colocación del bono a 100 años, en 2015 el PBI de Argentina creció un 2,6%, el déficit fiscal primario se ubicó en el 1,8%, la tasa de desempleo en el 5,9% y la inflación en el 27 por ciento. Estos datos no indican ninguna crisis. Pero además, el prospecto muestra también cómo todos estos indicadores se deterioraron significativamente en 2016. En definitiva, una serie de posverdades que intentan borrar los logros del gobierno anterior y maquillar el mal desempeño de la economía fruto de las políticas del gobierno macrista. Y eso que lo peor del ajuste aún no llegó. «