Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresaron el rechazo al desmantelamiento y los sesenta despidos, que fueron ejecutados durante los últimos días, y que se suman a una gran lista de bajas laborales en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) y en toda la administración pública, a nivel federal.
Los nuevos despidos injustificados tuvieron lugar el lunes pasado. Fue orden del nuevo secretario de este organismo nacional, el exjuez Alberto Baños. Y estuvieron dirigidos en forma directa al vaciamiento del Archivo Nacional de la Memoria y la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria. Por todo esto, las y los trabajadores realizaron una asamblea y cometieron distintas acciones.
Una destrucción social
Consideran que los recientes despidos “son parte del desguace en el Estado que viene haciendo Javier Milei y que repercute en toda la sociedad”, sintetizó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Siguió apuntando que la intención del oficialismo “es dejar sin trabajo a la mayor cantidad de gente posible”.
Los despidos acontecieron en los Sitios de Memoria, “es la desarticulación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, es algo ilegal que ningún presidente puede hacer, porque son parte de los deberes que el Estado debe cumplir en materia de reparación”, argumentó el letrado.
Porque durante la última dictadura cívico-militar “el terrorismo estatal fue responsable directo de miles de crímenes de lesa humanidad que dejaron el saldo de más de 30 mil compañeras y compañeros torturados, asesinado y desaparecidos”, remarcó el secretario ejecutivo. Continuó recordando que también hubo “muchísimos presos políticos, exiliados, cesantías y desplazamientos forzados internos”.
Los Sitios de Memoria son parte de políticas “que buscan la garantía de no repetición de hechos atroces”, dijo. Son prueba material de todo lo que pasó, “una reparación simbólica a las víctimas, lugares de reflexión y formación de una ciudadanía consciente del valor que tienen los Derechos Humanos y la democracia en nuestra sociedad”, subrayó.
El argumento legal
Cabe destacar que la Ley nacional 26.691 obliga al Estado a preservar los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. Así mismo la resolución 3/19 señala los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas; fue dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo de 2019.
Los despidos se fueron dando en el tiempo: “Son una estrategia sostenida en la negación de los deberes básicos del estado de derecho”, consideró Sandra Raggio, directora general de la CPM. El gobierno nacional está incumpliendo con la Constitución Nacional y todas las Leyes vigentes en el país, “esto afecta directamente a los principios republicanos de gobierno y a la democracia”, aseguró.
Por eso consideran indispensable “que los distintos sectores políticos, sociales, legisladores y jueces pongan un freno a estas políticas que atentan en forma directa contra todos los símbolos de la democracia, reclamamos que las y los trabajadores sean reincorporados”, cerró la directora.
Los primeros despidos ocurrieron en marzo y luego en abril, durante este tiempo hubo 42 despidos sin aviso previo, sucedieron de repente. También se supo de la existencia de una lista con los nombres de las 34 personas, a quienes supuestamente les renovarán los contratos. De esta manera, otros 50 trabajadores, se enteraron de que se habían quedado sin trabajo. Además de estos estos casos, otros diez recibieron los telegramas en sus casas.
